Ciudad de México.- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reconoció ante el Senado que más de 550 agentes aduanales operan bajo semáforo rojo o “rojo vulnerable”, al detectarse patrones irregulares en sus operaciones.

El dato fue presentado por Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera, durante la reunión de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, presididas por los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, donde se analiza la reforma a la Ley Aduanera que será votada esta semana.

En el encuentro —al que asistieron también el titular de la ANAM, Carlos Marín Mollinedo, y el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Carlos Lerma Cotera— el funcionario advirtió que más del 90% de las operaciones de comercio exterior se concentran en menos de 100 agentes, lo que genera condiciones de control desigual y facilita esquemas de evasión fiscal, particularmente en el contrabando de hidrocarburos.

“De los 800 agentes revisados, más de 550 trabajan en rojo o rojo vulnerable. Y para muchos es más costeable pagar una multa mínima que dejar de contrabandear”, expuso Márquez. “No se trata de satanizar a todo el gremio, sino de contar con herramientas legales para actuar contra quienes están conscientes de que cometen delitos y se amparan en un excluyente”.

El eje central de la iniciativa, respaldada por la Secretaría de Hacienda, es eliminar las llamadas causas “excluyentes de responsabilidad”, que han permitido a los agentes deslindarse de delitos fiscales cuando argumentan que actuaron conforme a la información proporcionada por sus clientes.

La propuesta también endurece sanciones, digitaliza procesos y fortalece la trazabilidad de operaciones mediante sistemas electrónicos y algoritmos de riesgo.

Según el propio Márquez, el diseño actual del sistema permite que “en una aduana promedio, donde hay entre tres mil y tres mil 800 operaciones diarias, la mayoría sean despachadas por un reducido grupo de agentes que incluso no están físicamente en las aduanas”, lo que facilita prácticas de simulación y subvaluación.

Reforma en el filo del debate

Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, reconoció que el tema genera tensiones dentro del propio Congreso, pues implica redefinir el equilibrio entre la autoridad aduanera del Estado y la función privada de los agentes.

Ladrón de Guevara, de Morena, consideró que la reforma busca “limpiar un sistema históricamente permeado por intereses privados y por redes de impunidad en la importación de combustibles”.

Organizaciones gremiales como la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales (CAAAREM) y la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (AAANLD) han advertido que la reforma podría debilitar la figura del agente aduanal, aumentar la discrecionalidad de la autoridad y provocar “sobrerregulación” que afecte la competitividad del comercio exterior.

El contrabando de hidrocarburos ha sido identificado como una de las principales fuentes de evasión fiscal.

De acuerdo con datos del SAT y la UIF, en los últimos dos años se han cancelado más de 40 patentes aduanales vinculadas a esquemas de fraude y subvaluación.

La ANAM ha desplegado operativos en Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Pantaco, donde detectó importaciones con pagos mínimos —algunos de apenas 40 o 50 pesos por contenedor— y miles de modulaciones por hora, imposibles de verificar físicamente.

La reforma aduanera será votada en el Pleno del Senado esta misma semana y definirá el rumbo de uno de los sectores más sensibles del aparato económico mexicano.

El dilema, según analistas, no es sólo técnico, sino ético y político: ¿cómo reforzar el control estatal sin vulnerar la función legítima de quienes sí cumplen la ley?

En esa tensión entre eficiencia, justicia y poder, se juega buena parte del nuevo modelo de comercio exterior de la 4T.