Chihuahua, Chih.- Maquinaria pesada y contratistas del gobierno de Estados Unidos ingresaron al Big Bend National Park en Texas, para construir cerca de 27 kilómetros (17 millas) de barreras metálicas para vehículos y unos 330 kilómetros (aproximadamente 205 millas) de nuevos caminos de patrullaje o mejorados. ¿El costo? 2.6 billones de dólares.

El propósito declarado por la administración de Donald Trump para las nuevas obras de infraestructura fronteriza en este Parque Nacional es reducir a cero los cruces ilegales y detener el ingreso de drogas y personas sin autorización a través de la frontera con Chihuahua, México.

Al mismo tiempo, defensores locales señalan que el terreno irregular y remoto, casi inaccesible, ya representa en sí mismo una formidable barrera natural casi infranqueable y muy peligrosa para ser transitada.

Pero ¿cuál es la realidad? De acuerdo a las propias estadísticas oficiales, dentro de las divisiones jurisdiccionales de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Border Patrol, abreviada como USBP), en particular el Sector Big Bend es históricamente la parte más quieta de la frontera, y llega apenas al 1.3 por ciento del total de aprehensiones en 2025. Pero si se cuentan sólo las que en ese mismo año ocurrieron dentro del Parque Nacional, las detenciones representan el casi inexistente porcentaje del 0.045 por ciento.

El mayor ataque a un parque nacional

Las excavadoras y la maquinaria pesada irrumpieron en Parque Nacional Big Bend el 6 de agosto de 2026 para dar inicio a los trabajos de construcción de barreras fronterizas y caminos de acceso a lo largo del corredor del Río Grande.

Son trabajos de alto impacto, porque implican la remoción de vegetación nativa y labores de construcción cerca de zonas emblemáticas como el Cañón de Santa Elena, justo frontera abajo.

Ese día (escribo dos y tres días después), una flotilla de bulldozers estaba ya desgarrando el Parque Big Bend, justo río abajo de la salida del Cañón de Santa Elena.

“Escuchamos que ellos pronto van a construir un campamento para el personal que trabajará en esta obra en el Parque. Ya los veo bombeando cantidades masivas de agua subterránea para la construcción”. Aquí se intercala el testimonio de un hombre que está presenciando el inicio de lo que considera una tragedia ambiental, social y política, por todo lo que hay de trasfondo, con antecedentes tan graves que implican a un hombre poderoso y a una administración al servicio de los más poderosos de ese país. Y sí, Laiken Jordahl pide que la gente vea sus testimonios en redes sociales y replique su video "a todo lo largo y ancho". “El mundo entero necesita saber lo que está sucediendo en Big Bend”.

"Harán volar con dinamita la montaña Mariscal y otras paredes escarpadas de los cañones para construir caminos sin sentido a través de la naturaleza virgen. Instalarán barreras metálicas para vehículos en lugares que los automóviles nunca han cruzado ni podrían cruzar en la frontera. Estamos presenciando el comienzo del mayor ataque a un parque nacional estadounidense en generaciones”.

Trump dejó sin efecto las leyes

Este proyecto de seguridad fronteriza genera profundas críticas locales y nacionales, y suspende leyes ambientales, entrelazándose con la narrativa de control migratorio y políticas de tierras federales.

Trump se cubrió con intervención y exenciones. Para acelerar estas obras, la administración federal recurrió a la exención de decenas de normativas de protección ambiental, conservación histórica y salud pública en zonas de la frontera de Texas con Chihuahua. Críticos y grupos ambientalistas denuncian que estas acciones priorizan la infraestructura industrial sobre la integridad ecológica de áreas silvestres protegidas, sentando un precedente polémico y nefasto para el uso de tierras públicas federales.

También, pero de forma más burda, el presidente se ampara balbuceando discursos para construirse una evidente coartada: habla de "entregar territorios al pueblo" cuando hace exactamente lo contrario.

Veamos el contexto de los monumentos: las declaraciones sobre "devolver o entregar territorios al pueblo" van de la mano con medidas de reducción de superficie en grandes monumentos nacionales, como ocurrió recientemente en Utah con Bears Ears y Grand Staircase-escalante, que son dos extensos territorios con categoría de monumentos nacionales protegidos. Destacan por su gran valor ecológico, paleontológico y cultural, y han sido el centro de intensas disputas políticas sobre la conservación de tierras públicas y la explotación de recursos mineros.

Y todo esto, las mentiras, las maniobras legales tienen un fuerte significado político, porque, aunque legalmente siguen siendo terrenos públicos, estas reducciones buscan flexibilizar las restricciones de conservación para abrirle la puerta a concesiones comerciales, mineras o recreativas motorizadas, bajo el argumento oficial de promover un manejo más accesible y "sensible" de los recursos.

Chihuahua: el lado sur de la frontera

Inmediatamente al sur de la frontera del Big Bend National Park, está el Cañón de Santa Elena en los municipios de Manuel Benavides y Ojinaga (Chihuahua).

El Cañón de Santa Elena tiene el estatus oficial de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF). Fue decretado con ese carácter el 7 de noviembre de 1994 y abarca una superficie de 277 mil 209 hectáreas.

La propuesta de un muro fronterizo de 170 millas cerca de Big Bend fragmentaría el desierto de Chihuahua, uno de los ecosistemas desérticos más diversos de Norteamérica. Más de 130 especies de mamíferos dependen del río Bravo, a menudo su única fuente confiable de agua. “Con postes viales de acero espaciados a sólo cuatro pulgadas de distancia, muchos animales podrán ver el río, olerlo y escucharlo, pero no podrán alcanzarlo”. La descripción de éste, que es el lado más cruel de esta obra está a cargo de otro de los activistas que ha entrado en acción para combatirla. “Este proyecto tendrá consecuencias que se extienden mucho más allá de la frontera. Si te importa proteger la vida silvestre de Texas y preservar uno de nuestros paisajes más únicos, por favor tómate un momento para comentar, compartir esta publicación y firmar la carta dirigida a los Comisionados de Parques y Vida Silvestre de Texas usando el enlace en mi biografía: mike_kelly_photography en Instagram”.

No prosperan demandas en contra

El Center for Biological Diversity, junto con organizaciones como Democracy Forward, el Texas Civil Rights Project y afectados locales como Friends of the Ruidosa Church y propietarios de tierras, han interpuesto demandas legales federales para frenar la construcción de infraestructura fronteriza que daña el parque.

Pero se están dando de topes contra una pieza clave legal: la principal razón por la cual las demandas no han logrado detener los bulldozers de inmediato es una ley federal que otorga al secretario de Seguridad Nacional el poder de ignorar cualquier ley ambiental o civil con el fin de acelerar la construcción de infraestructura fronteriza. Cada vez que una demanda encuentra un vacío legal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emite una nueva exención para invalidar el caso. Una exención federal, o waiver, es un documento o trámite legal mediante el cual una agencia del gobierno de Estados Unidos perdona, exime o pasa por alto una regla, castigo, tarifa o causa de inadmisibilidad para que una persona pueda recibir un beneficio o continuar con un proceso.

La administración de Donald Trump ha reducido de forma histórica la superficie de áreas protegidas en Utah -quitando restricciones a casi tres millones de acres (1.2 millones de hectáreas); ha propuesto recortes presupuestarios de miles de millones de dólares al Departamento del Interior y ha provocado la salida de miles de empleados de agencias de manejo de tierras públicas.

Han propuesto recortes drásticos a las agencias del Departamento del Interior (con reducciones de hasta un 30 tres o más de cinco mil millones de dólares en propuestas fiscales), lo que disminuye drásticamente el gasto destinado a la conservación de parques, investigación científica y mantenimiento de monumentos. El déficit operativo acumulado y rezagado en infraestructura de parques nacionales supera los 24 mil millones de dólares. (Información de la congresista Chellie Pin y del Center for American Progress, que basa su denuncia en el artículo: “Un año históricamente malo para las tierras públicas bajo el presidente Trump”)

Contexto adicional del problema:

¡Y apareció el peine! Los recortes y reducciones de superficie buscan facilitar la minería de carbón y uranio, así como la perforación en busca de gas y petróleo en tierras que antes contaban con estricta salvaguarda federal. (Artículo en KCRA3: “El presidente Trump reduce el tamaño de dos monumentos nacionales en Utah mientras los republicanos reorganizan la gestión de tierras”.)

Y está también, en primerísimo lugar, la disputa cultural e indígena: diversas naciones tribales (como los navajos, hopi y ute) y organizaciones ambientalistas han interpuesto demandas legales argumentando que la Ley de Antigüedades no otorga al presidente la facultad de deshacer o reducir monumentos ya creados, iniciando una prolongada batalla judicial.