Una acusación falsa de abuso sexual, basada en su homosexualidad, dio un vuelco a la vida de Mario René E. B.; aunque el Ministerio Público acreditó que no había delito que perseguir, él manifestó que sigue padeciendo las secuelas físicas y mentales derivadas de la denuncia que interpuso su excuñado, el diputado del grupo parlamentario del PAN, Saúl Mireles Corral.

El afectado señaló que, con el respaldo del Comité de la Diversidad Sexual, presidido por Karla Arvizo Lozano, lo llevará a juicio civil en julio para que responda por el daño moral que causaron estos actos que calificó como homofóbicos.

Mario René narró a El Diario que conoció a Saúl Mireles porque una de sus hermanas, Aztrid, sostuvo una relación sentimental con él durante tres años. Ambos se conocieron cuando estudiaban en el Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc. En ese lapso, se “casaron” simbólicamente, pues no hubo unión civil, y procrearon un hijo.

Sin embargo, en 2013 y antes de que el bebé naciera, su hermana decidió terminar con la relación. Desde entonces, el niño pasaba algunos días con Saúl en Cuauhtémoc y otros con Aztrid, quien residía en Chihuahua junto con Mario René y otra hermana, ya que todos estudiaban.

Abundó que tras la separación, su hermana y Mireles Corral tuvieron muchos conflictos, sobre todo por el tema de la manutención del niño y por las convivencias, pues Aztrid era quien tenía que llevarle al niño a Cuauhtémoc cada 15 días, ya que no se hacía cargo de venir por él a Chihuahua.

Además expuso que en varias ocasiones su hermana recibió amenazas del legislador, quien le decía que le iba a quitar al niño y que se “iba a arrepentir”.

Fue en diciembre de 2018 cuando el diputado acusó a Mario René de abusar de su sobrino, de entonces cinco años, ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. La base de su denuncia fue que René le daba “besos chistosos” a su hijo y agregó que “el imputado es homosexual y al realizar este tipo de conductas hacia su sobrino de sólo cinco años de edad nos habla del grado de perversidad de este sujeto y del alto grado de peligro que corre mi menor hijo”.

La declaración de Mireles, asentada en la carpeta de investigación, fue robustecida con pruebas aportadas por la madre y hermana del diputado.

“A mí la denuncia me la notificó mi hermana Aztrid”, refirió Mario René. Ella se enteró porque el día en que Saúl Mireles presentó la querella tenía al niño con él y cuando iba a recogerlo le pidió que lo hiciera en la Fiscalía.

Estando en Chihuahua, René recibió la noticia de lo ocurrido y de inmediato contactó al esposo de una amiga, que es abogado, quien le sugirió que no saliera pues era posible que hubiera alguna orden de aprehensión en su contra.

Durante al menos un mes y medio permaneció encerrado en casa, con temor e incertidumbre, pues en ningún momento fue informado sobre el estatus de su carpeta de investigación. El encierro y el estrés lo hicieron caer en una depresión que lo llevó a un intento de suicidio.

Por fortuna, subrayó, su equipo de defensa le ayudó a trasladar la causa penal a Chihuahua ya que, en caso de que hubiera existido el supuesto abuso, éste tuvo que pasar en la capital, donde él vivía y no en Cuauhtémoc.

Esta estrategia, dijo, ayudó a que Mireles y su familia no utilizaran su influencia para determinar el rumbo de las investigaciones. De hecho, comentó, a sus abogados les hicieron saber que en Cuauhtémoc ya estaba todo preparado para formular imputación.

Ya en Chihuahua, la investigación fue llevada con mayor objetividad, manifestó. Aquí, el Ministerio Público desechó algunas de las pruebas presentadas por Mireles, entre ellas dos audios grabados por la mamá del diputado en los que supuestamente el menor revela un abuso.

“El menor está siendo interrogado por una persona que no posee conocimiento en el manejo del tema sexual, incluso siendo tratado de manera insidiosa. Sin embargo, en el momento en el que menor es entrevistado en un terreno neutral por profesionistas en el tema, es claro en señalar que es objeto por parte de un familiar el cual le da besos en el cachete, los cuales no le agradan, sin embargo no señala o puede percibirse que sean de manera erótico –sexual”, concluyó el agente investigador.

Por otra parte, el menor fue entrevistado ahora por una psicóloga de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), quien dictaminó que no se acreditaban los elementos que integran el delito de abuso sexual.

Un año después de iniciada la investigación, en 2019, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal por inexistencia de delito. Aunque Mireles pudo haber impugnando la decisión, nunca lo hizo.

René quedó libre de cualquier responsabilidad. Sin embargo, para entonces, ya padecía de diversos problemas de salud derivados de la angustia que le generó este proceso.

Primero sufrió una crisis hipertensiva que lo llevó a la Cruz Roja. Durante 15 días estuvo bajo tratamiento, ya que su presión llegaba a ser de 210/160.

Tuvo que buscar cita con un cardiólogo particular; en ese momento trabajaba como freelance y no contaba con seguridad social. El especialista le dijo que su problema no era coronario, sino una hipertensión secundaria asociada a la ansiedad, por lo que, además de medicarlo para la presión, también le recetó una dosis baja del ansiolítico alprazolam y le recomendó ir a psiquiatría.

Ya con el psiquiatra recibió un tratamiento que incluía una dosis mayor de ansiolíticos y otros recaptadores de serotonina para tratar la depresión. Pese a esto, su presión seguía alta, por lo que fue con un endocrinólogo para descartar que el problema tuviera que ver con sus hormonas.

Aunado a esto también desarrolló rosácea por el estrés; ahora tuvo que ir con un dermatólogo que le recetó antibióticos en baja dosis para regular el sistema inmune.

La denuncia también afectó su desarrollo profesional. Al momento en que fue presentada la querella, René contó que estaba haciendo su servicio social tras concluir la carrera de Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México, sin embargo, tuvo que dejarlo para poder atender el proceso en su contra.

Explicó que hasta antes del conflicto legal recibía el apoyo de sus padres para pagar la renta en el departamento de Chihuahua donde vivía, pues habían acordado que tendría un año para terminar su tesis, pero al ya no poder seguir, tuvo que trabajar para pagar su vivienda, los honorarios de su defensa y todos los gastos médicos.

“A veces trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la noche. No me daba chance de hacer mi tesis. Apenas entrando este año metí documentación porque ya estaba dado de baja, entonces abrieron una investigación en la escuela donde concluyeron que estuvo justificado y me permitieron terminar la tesis en un año”.

Aunque quedó exonerado del delito, todas las consecuencias derivadas del proceso lo hicieron buscar justicia. Su intención era denunciar penalmente por discriminación, pero su defensa le recomendó hacerlo por la vía civil, ya que Saúl Mireles cuenta con fuero constitucional que lo protege y, aunque es posible buscar el desafuero, existía la posibilidad de su solicitud que no procediera.

Tuvo que esperar hasta 2022 para poder presentar su demanda debido a la pandemia de Covid19. En su escrito, promovido en los juzgados de Cuauhtémoc, no sólo señaló a Mireles, sino también a la mamá y la hermana de éste, al considerar que entre los tres confabularon para acusarlo falsamente.

Aunque los tres lograron evadir la notificación durante dos años, el proceso finalmente avanza y tras la audiencia preliminar, espera el juicio empezando julio.

Confesó que no era su interés hacer público el caso, pero decidió hablar porque advirtió que estas personas están movilizándose para tratar de librarse de cualquier responsabilidad con medidas dilatorias, teniendo el juicio en puerta.

Explicó que sospecha de ello porque la madre y hermana de Mireles lograron que el juez que llevaba el asunto se excusara, aludiendo falta de capacidad. En su respuesta, el juzgador calificó que sus argumentos eran falaces e irrespetuosos, motivo por el que prefería no continuar con el caso.

Para René, la verdadera intención es que el proceso quede en manos de otro juzgador al que pudieran tratar de presionar, pues el primero tenía poco tiempo en Cuauhtémoc y no tuvieron influencia sobre él.

También presentaron un escrito en el que pidieron protección por ser personas vulnerables, la madre por su condición de mujer adulta mayor y la hermana por ser mujer.

“Ahora apelan a que son mujeres y la señora dice que ella no tiene trabajo, que es una adulta mayor, pero en mi demanda nunca hable de su género como motivo, simplemente que fue copartícipe. Ellos atropellaron mis derechos al comparar mi sexualidad con un delito”, señaló Mario René.

Subrayó que su petición en la demanda es tener una disculpa pública por parte de estas personas y que le garanticen un tratamiento psicológico de calidad, así como atención a todos los problemas de salud asociados al estrés que le provocaron.

“Ya después lo que el juzgador considere como indemnización, ahí sí yo no me meto porque yo no le puedo poner precio a lo que me hicieron para mí no tendrían forma de pagarme. Creo que esto va a ser algo que voy a tener que hacer toda la vida, tener que estar dándole la cara a la gente, constantemente voy a tener que estar dando mi versión, ni siquiera la mía, la versión oficial, la penal. Sé que no se arrepienten de nada. Si realmente hubiera una pizca de vergüenza no estuvieran tratando zafarse de lo que ellos mismos hicieron. Siento una indignación hacia sus acciones”.