Muy en alta mar, en el océano Pacífico, unos pescadores ecuatorianos han sido atacados por “gringos” no identificados que utilizaban drones, según afirman los supervivientes, lo que ha despertado el misterio de si detrás de los ataques se encuentran el ejército estadounidense, las fuerzas armadas de otro país o contratistas militares privados.

Según la ONU, desde enero se ha perdido un barco pesquero en el mar, con ocho personas aún desaparecidas y presuntamente fallecidas. Los supervivientes de otras dos embarcaciones dijeron que en marzo fueron atacados por agresores que hablaban inglés, que vestían uniformes a juego con parches de la bandera estadounidense, pero sin ninguna insignia clara que los vincule con alguna fuerza oficial del gobierno.

Algunos de los pescadores que sobrevivieron dijeron que los sacaron del agua, los interrogaron y luego los entregaron a la Armada de El Salvador antes de ser puestos en libertad. El Pentágono ha negado estar implicado, al igual que la Guardia Costera de EE. UU.

Los supervivientes también han afirmado que un avión los siguió y, al parecer, los vigiló antes de los ataques.

The New York Times analizó los datos de vuelo y descubrió que un avión de patrullaje marítimo —con base en una instalación militar de El Salvador— voló en dirección a las tres embarcaciones en los días previos al ataque. Los pilotos a bordo hablaban inglés con acento estadounidense, según grabaciones de las comunicaciones de control de tráfico aéreo.

Y mientras que las embarcaciones avanzaban por el océano, el rumbo del avión también cambiaba para mantenerse apuntando hacia cada una de ellas durante varios días, según reveló el análisis del Times. Los datos de seguimiento de vuelos muestran que el avión volaba en dirección de la embarcación desaparecida en enero, la Fiorella, en cuatro días diferentes, incluido el día en que desapareció.

Sin embargo, el avión no figura en las listas de aeronaves en servicio del Pentágono. En cambio, fue matriculado el pasado mes de octubre a nombre de una empresa cuya dirección aparece como un apartado de correos privado en una tienda de UPS en Richmond, Virginia, según los registros de la Administración Federal de Aviación.

Desde septiembre, cuando el Pentágono comenzó a hacer explotar embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, en virtud de considerar que son utilizadas para el tráfico de drogas, decenas de embarcaciones han sido atacadas, lo que ha provocado la muerte de al menos 221 personas.

Washington no ha dudado en atribuirse los ataques y ha publicado a menudo en las redes sociales imágenes de pequeños barcos pesqueros surcando las aguas antes de ser destruidos por munición estadounidense.

Sin embargo, nadie se ha adjudicado estos ataques.

Es cierto que existe la posibilidad de que Estados Unidos u otro ejército hayan llevado a cabo ataques clandestinos contra embarcaciones en la región. Pero las numerosas preguntas sin respuesta que rodean los ataques a los barcos pesqueros han llevado a algunos expertos a preguntarse si el gobierno de Estados Unidos o alguno de sus aliados en Latinoamérica —posiblemente El Salvador, donde ha operado el avión— ha contratado a una empresa militar privada.

“Una cosa sería que Estados Unidos no tuviera una campaña abierta de ataques marítimos, pero sí la tiene, y publica regularmente videos snuff de barcos envueltos en llamas. Y eso es lo que hace que todo esto resulte aún más turbio”, dijo Brian Finucane, quien fuera abogado del Departamento de Estado especializado en derecho de guerra. Trabajó en los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, así como en el primer mandato de Donald Trump.

“¿Quiénes son estas personas que están llevando a cabo estas operaciones y bajo qué autoridad?”, preguntó Finucane. “¿Y utilizan una tienda de UPS como dirección de su empresa? ¡Por favor!”.

Las autoridades ecuatorianas y salvadoreñas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En noviembre, el avión que monitoreaba las rutas de los barcos pesqueros fue llevado desde Tennessee hasta El Salvador y estacionado en la zona militar de un aeropuerto de ese país, según muestran los datos de vuelo. Durante ese tiempo, el Pentágono comenzó a aumentar sus recursos aéreos en otro aeropuerto cercano de El Salvador para apoyar su campaña antinarcóticos en Latinoamérica.

Los controladores aéreos indicaron al avión de patrullaje que se estacionara en la “plataforma militar”. Una imagen de satélite de enero muestra el avión parado cerca de aeronaves militares, a unos cientos de metros de la aeronave civil más cercana, e imágenes tomadas desde tierra muestran que la cola del avión está marcada con la bandera de El Salvador. Aun así, no está claro qué papel desempeñó el avión en los ataques contra los barcos pesqueros, si es que tuvo alguno.

El gobierno de Trump ha convertido a Latinoamérica en una de sus principales prioridades en materia de política exterior, con el objetivo de intentar frenar el flujo de migrantes y a los cárteles de la droga de la región.

Algunas empresas militares privadas han ajustado su rumbo en consecuencia.

Anteriormente este año, el gobierno de Trump barajó la posibilidad de emitir “patentes de corso”, que el gobierno de Estados Unidos utilizaba en el siglo XVIII, antes de crear su Armada. Estos documentos permitirían al gobierno estadounidense contratar a fuerzas de seguridad privadas con capacidades marítimas para proteger los intereses de Washington en el mar y detener a las tripulaciones de embarcaciones.

Según tres personas con conocimiento de las conversaciones, las patentes se distribuyeron entre diversas agencias en mayo para recabar sus opiniones y se suponía que iban a complementar la campaña de ataques a embarcaciones emprendida por el Pentágono en el océano Pacífico y el mar Caribe.

Las conversaciones en torno a las patentes de corso parecieron estancarse hacia junio, y el Pentágono no quiso confirmar si se había expedido alguna. Ante la pregunta sobre los ataques a los barcos pesqueros, dijo: “No tenemos conocimiento de los incidentes descritos, ni las fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos participaron en ellos”.

Las empresas militares privadas han estado activas en el hemisferio. Erik Prince, cuya empresa Blackwater fue un infame contratista militar privado del gobierno de Estados Unidos en Irak, comenzó a recorrer Latinoamérica en vísperas de las elecciones de 2024. Prince se ha reunido con los líderes de El Salvador y Ecuador para debatir sobre la seguridad regional, aunque se desconocen los detalles de esas conversaciones.

Una de las empresas de seguridad de Prince fue contratada por el gobierno de Haití el año pasado para luchar contra las pandillas, un acuerdo que autorizó el Departamento de Estado. Como parte de ese contrato, la compañía de Prince ofreció servicios marítimos para patrullar la costa, según un funcionario haitiano familiarizado con el contrato.

Un portavoz de Prince dijo que “ni Erik Prince ni ninguna entidad afiliada a él tienen relación alguna con estos sucesos” vinculados a barcos pesqueros ecuatorianos.

Mientras que los ataques del Pentágono emplean equipos sofisticados, como aviones de combate y drones MQ-9 Reaper, los ataques contra los barcos pesqueros ecuatorianos se han llevado a cabo con drones rudimentarios equipados con explosivos y lanzados desde una embarcación tripulada por “gringos” con parches con la bandera estadounidense que nunca se identificaron, según dijo un abogado que representa a algunos de los pescadores.

Desde que el Pentágono comenzó a atacar barcos el año pasado, los pescadores ecuatorianos afirman que tienen miedo de salir al mar. Pero los tripulantes del Negra Francisca Duarte II tenían cuentas por pagar y bocas que alimentar, según dijeron, por lo que zarparon a principios de marzo.

Satisfechos con su captura, dijeron, se dirigieron de vuelta a tierra firme, y entraron en aguas territoriales de Ecuador a mediados de marzo. Esa mañana fueron interceptados por la guardia costera del país, inspeccionados y, posteriormente, autorizados a continuar su travesía, según las entrevistas realizadas a cinco miembros de la tripulación.

Esa tarde, según contaron, se dieron cuenta de que los estaba siguiendo una embarcación azul en el horizonte. Aproximadamente una hora después, unos drones volaron hacia ellos y lanzaron artefactos explosivos sobre su barco, hiriendo a varios tripulantes y envolviendo la embarcación en llamas.

“Los muchachos estaban heridos, otros estaban asustados, otros cogieron el extintor, pero era demasiada llama”, dijo al Times el capitán de la Negra Francisca, Hernán Flores.

A medida que el fuego aumentaba, algunos tripulantes se lanzaron al océano, mientras que otros saltaron a embarcaciones más pequeñas amarradas a la Negra Francisca. Se dirigieron hacia el barco azul que los había estado siguiendo, con la esperanza de ser rescatados.

“Nosotros sí que teníamos miedo”, dijo Flores.

Al aproximarse a la embarcación azul, los tripulantes a bordo ordenaron a los pescadores que levantaran las manos, comunicándose a través de un intérprete, según contaron los pescadores. Afirmaron que, a continuación, los ataron, les pusieron capuchas y los retuvieron en cubierta toda la noche, sin recibir atención médica a pesar de que algunos presentaban heridas graves, abiertas y sangrantes.

Los hombres, que iban armados, interrogaron a los pescadores, preguntándoles si llevaban algo ilegal. Cuando un pescador herido respondió que habían sido inspeccionados por el Comando de Guardacostas de Ecuador poco antes del ataque, los hombres comenzaron a discutir entre ellos, al parecer preocupados, dijeron los pescadores.

A la mañana siguiente fueron entregados al Servicio de Guardacostas de El Salvador, dijeron los pescadores, y trasladados a una base naval en La Unión, en El Salvador, donde los trataron bien. Las autoridades salvadoreñas les dijeron que, cuando recibieron a la tripulación ecuatoriana, los hombres armados se limitaron a describir a sus cautivos como pescadores náufragos. Después fueron puestos en libertad y trasladados a la capital, San Salvador, sin que se les imputara ningún cargo, según dijeron los tripulantes.

Lo que llamó la atención de Flores fue que no lograba identificar al grupo de hombres de la embarcación azul, dijo. Durante décadas, explicó, había tratado con las marinas y guardacostas de Ecuador, Estados Unidos y otras naciones que patrullan las aguas que rodean a Ecuador, una de las principales rutas mundiales del tráfico ilícito de cocaína. A menudo navegaban en embarcaciones que identificaban claramente a qué rama del gobierno pertenecían —como la Armada o la Guardia Costera— y llevaban uniformes con las insignias correspondientes, dijeron los pescadores.

Sin embargo, estos hombres solo llevaban parches con la bandera estadounidense, y su embarcación no enarbolaba ninguna bandera ni presentaba otras marcas, dijo el abogado de los pescadores.

Un portavoz de la Guardia Costera de EE. UU. dijo en un comunicado que una embarcación de la Guardia Costera, el CGC Bertholf, participó en la búsqueda del Negra Francisca, ya que se encontraba a solo unas 70 millas de los pescadores. Según el comunicado, se encontraron restos de la embarcación, pero no sobrevivientes, y se suspendió la búsqueda al cabo de 12 horas. La Guardia Costera y el Pentágono negaron tener conocimiento alguno del ataque o haber participado en él.

Aunque sigue sin estar claro quién llevó a cabo los ataques, estos se produjeron en un momento en que el Pentágono intensificaba su cooperación con aliados de toda América Latina para combatir el tráfico de drogas. En mayo, el Pentágono presionó a Guatemala para que aceptara ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos y otras acciones militares dentro de sus fronteras, dirigidas contra presuntos grupos narcotraficantes. Ecuador aceptó un acuerdo similar a principios de este año.

La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos anunció la creación de la Fuerza operativa conjunta del hemisferio occidental, con lo que estableció la infraestructura para una expansión más ambiciosa de su guerra contra las drogas por toda Latinoamérica, con la cooperación de aliados regionales.

Los ataques contra los pescadores ecuatorianos deberían ser una llamada de atención para los gobiernos latinoamericanos, argumentó Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, organización que publicó su propio informe sobre los ataques.

“El gobierno de Estados Unidos está dando prioridad a operaciones basadas en información de inteligencia poco sólida y con un uso ilegal de la fuerza”, dijo.