Durante años, embarcaciones de lujo y equipos náuticos desaparecieron en ciudades del suroeste de Florida, desde Sarasota hasta Naples y Marco Island. Lo que parecía una serie de robos aislados terminaría revelando una red criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes, robo de embarcaciones, extorsión y otros delitos.
El caso comenzó a tomar forma en enero de 2010, cuando tres hombres del sur de Florida fueron detenidos en Sarasota durante una operación encubierta contra una banda que robaba dispositivos GPS.
Sin embargo, las autoridades federales tardarían casi una década en conectar esos robos con una conspiración que trasladaba personas y embarcaciones entre Cuba, México y Estados Unidos.
La investigación se convirtió en uno de los principales objetivos de un grupo de trabajo del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), denominado Operación Sísifo.
Con el tiempo, los investigadores señalaron también a Raúl G. Rodríguez Castro, nieto del ex Presidente cubano Raúl Castro, como una persona que habría ayudado a la organización desde Cuba, aunque nunca ha sido acusado formalmente.
Una red de tráfico entre Cuba, México y Estados Unidos
En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra varios cubanos residentes en México, a quienes identificó como presuntos integrantes de la llamada Mafia Cubana de Quintana Roo, un grupo criminal asentado en ese estado del sureste mexicano.
Según los fiscales, la organización comenzó a robar embarcaciones en el suroeste de Florida desde 2009 y después las utilizaba para trasladar clandestinamente a miles de migrantes cubanos hacia México y, posteriormente, hacia Estados Unidos.
Entre las personas transportadas estuvieron incluso jugadores profesionales de béisbol, como el campocorto Adeiny Hechavarría y el bateador de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig.
Pero los viajes tenían un alto costo. De acuerdo con documentos judiciales, unas 25 personas murieron durante las travesías.
Los fiscales sostuvieron además que los migrantes que no podían pagar la tarifa de hasta 10 mil dólares eran retenidos en México y sometidos a torturas.
Algunos fueron atacados con pistolas Taser y sus familiares eran amenazados y extorsionados para obligarlos a pagar.
"Aplicábamos castigos físicos", declaró en 2023 Reynaldo Crespo Márquez, uno de los traficantes, después de declararse culpable ante un tribunal federal en Miami.
"A veces los golpeábamos con una tabla de madera o con una pistola Taser".
Según el Departamento de Justicia, los traficantes amenazaban a los familiares de las víctimas con torturarlas, dejarlas morir de hambre o matarlas si no entregaban el dinero.
Quienes lograban pagar eran trasladados en autobús hasta la frontera entre México y Estados Unidos, donde recibían instrucciones para solicitar asilo político.
Algunas mujeres, según los registros judiciales, fueron obligadas a trabajar en clubes de striptease.
Más que tráfico de migrantes
La organización también tenía otras fuentes de ingresos. Los fiscales descubrieron planes para utilizar tarjetas de crédito robadas con las que compraban mercancías que posteriormente eran introducidas clandestinamente en Cuba para venderlas en tiendas gubernamentales.
Además, los acusados fueron relacionados con el robo de más de 600 motores fuera de borda y embarcaciones en la zona de Tampa, que después eran enviados a traficantes de migrantes en Quintana Roo.
"Estos tipos eran los auténticos piratas del Caribe", dijo David Bolton, un investigador privado veterano que aseguró haberse encontrado con la operación mientras trabajaba en un caso no relacionado y posteriormente entregó información a las autoridades federales.
Bolton describió a los integrantes de la organización como "asesinos despiadados".
Los documentos judiciales también vinculan al grupo con un intento de secuestro y asesinato ocurrido en 2009, relacionado con una disputa con el entonces poderoso cártel mexicano Los Zetas.
La víctima fue asesinada, su cuerpo fue desmembrado y posteriormente arrojado al mar.
El Departamento de Justicia también acusó a integrantes de la organización de buscar ganancias mediante narcotráfico, estafas y el contrabando de barcos, automóviles y camiones.
Algunas embarcaciones eran vendidas para obtener dinero destinado a funcionarios extranjeros o utilizadas como sobornos.
El nieto de Raúl Castro, bajo la lupa
Uno de los aspectos más delicados de la investigación fue la aparición del nombre de Raúl G. Rodríguez Castro, nieto del ex Presidente cubano Raúl Castro.
Al menos seis de los acusados se declararon culpables. Entre ellos estuvo José Miguel González Vidal, de 38 años, quien posteriormente declaró que había regalado una embarcación a Rodríguez Castro, de acuerdo con registros judiciales.
El Departamento de Seguridad Nacional describió a González Vidal como un "delincuente habitual" y señaló que tenía antecedentes por detención ilegal, robo, hurto mayor, hurto y uso ilegal de tarjetas de crédito.
También habría ingresado ilegalmente a Estados Unidos al menos en dos ocasiones.
González Vidal tenía doble nacionalidad cubana y española. Fue deportado a España y posteriormente extraditado a Florida para enfrentar cargos federales de conspiración criminal.
Se declaró culpable a finales de 2023 y fue condenado a 25 años de prisión. Más recientemente, un juez federal archivó su caso, una medida que puede ocurrir cuando un acusado coopera con los fiscales.
Su abogado, Juan D. Berrios, declinó hacer comentarios. El Gobierno cubano rechazó las acusaciones contra Rodríguez Castro y las calificó de "calumnias".
Rodríguez Castro tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.
Arrestos y condenas
Otro de los implicados, Javier Hernández, residente de Miami Beach y señalado en el testimonio de Crespo Márquez, fue declarado culpable por su participación en la conspiración, principalmente por el contrabando de embarcaciones hacia México.
Fue sentenciado a ocho años de prisión. En abril, las autoridades mexicanas anunciaron además la detención de Remigio Valdez-Lao, de 59 años, a quien identificaron como una figura clave en el financiamiento del grupo de Quintana Roo y cuya extradición a Estados Unidos se espera.
No se pudo determinar si contaba con representación legal.
El nombre de Valdez-Lao ya había aparecido en la investigación años antes: fue uno de los hombres arrestados en Sarasota en 2010, cuando las autoridades apenas comenzaban a descubrir la dimensión de la red.
Lo que comenzó como una investigación por el robo de dispositivos GPS terminó revelando, más de una década después, una organización con operaciones entre Cuba, México y Estados Unidos, acusada de tráfico de personas, robo de cientos de embarcaciones, extorsión, tortura, narcotráfico y asesinatos.
