Cuando Hillary Clinton era primera dama, una oleada de furor se expandió por las noticias de que una vez ganó 100.000 dólares con una inversión de 1000 dólares en futuros de ganado. Aunque había ocurrido una decena de años antes de que su marido llegara a la presidencia, se convirtió en un escándalo que se prolongó por semanas y obligó a la Casa Blanca a iniciar una revisión.
Treinta y un años después, tras una cena en Mar-a-Lago, Jeff Bezos accedió a financiar una película promocional sobre Melania Trump que, según se ha informado, pondrá 28 millones de dólares directamente en su bolsillo: 280 veces la ganancia de los Clinton y, en este caso, de una persona con intereses creados en las políticas establecidas por el gobierno de su esposo. ¿Escándalo? ¿Furor? Washington siguió adelante sin apenas prestarle atención.
Los Trump no son la primera familia presidencial que saca provecho de su tiempo en el poder, pero han hecho más por monetizar la presidencia que cualquiera que haya ocupado la Casa Blanca. La escala y el alcance del mercantilismo presidencial han sido impresionantes. La familia Trump y sus socios comerciales han recaudado 320 millones de dólares en comisiones de una nueva criptomoneda, han intermediado en negocios inmobiliarios en el extranjero por valor de miles de millones de dólares y están abriendo un club exclusivo en Washington llamado Executive Branch (Poder Ejecutivo) al que cada uno cobra 500.000 dólares por unirse, todo eso solo en los últimos meses.
La semana pasada, Catar entregó un avión de lujo destinado a ser utilizado por Trump no solo en su cargo oficial, sino también para su biblioteca presidencial cuando abandone el poder. Los expertos han valorado el avión, donado formalmente a las Fuerzas Aéreas, en 200 millones de dólares, más que todos los regalos extranjeros concedidos a todos los presidentes estadounidenses anteriores juntos.
Y Trump organizó una cena exclusiva en su club de Virginia para 220 inversionistas en la criptomoneda $TRUMP que lanzó días antes de asumir el cargo en enero. El acceso se vendió abiertamente en función de la cantidad de dinero que aportaran, no a una cuenta de la campaña, sino a un negocio que beneficia personalmente a Trump.
Según los estándares convencionales de Washington, y de acuerdo con los estudiosos de la corrupción oficial, el segundo mandato de Trump —que recién empieza— ya es candidato al uso más descarado del cargo gubernamental en la historia de Estados Unidos, eclipsando incluso al caso del Teapot Dome, Watergate y otros escándalos famosos.
“Llevo 50 años observando la corrupción y escribiendo sobre ella, y la cabeza me sigue dando vueltas”, dijo Michael Johnston, profesor emérito de la Universidad Colgate y autor de varios libros sobre la corrupción en Estados Unidos.
Sin embargo, una señal de lo mucho que Trump ha transformado Washington desde su regreso al poder es la normalización de las tramas de enriquecimiento que antes habrían generado interminables reacciones políticas, audiencias televisadas, investigaciones oficiales y control de daños. La muerte de la indignación en la era Trump, o al menos la escasez de indignación, ejemplifica hasta qué punto el mandatario ha cambiado el comportamiento aceptado en Washington.
Trump, el primer delincuente convicto que ha sido elegido como presidente, ha eliminado los límites éticos y desmantelado los instrumentos de rendición de cuentas que limitaban a sus predecesores. No habrá investigaciones oficiales porque Trump se ha asegurado de ello. Ha despedido a los inspectores generales del gobierno y a los vigilantes de la ética, ha instalado a simpatizantes leales para dirigir el Departamento de Justicia, el FBI y las agencias reguladoras, y ha dominado a un Congreso controlado por los republicanos que no está dispuesto a celebrar audiencias.
Como resultado, aunque los demócratas y otros críticos de Trump intentan cada vez más centrar la atención en las actividades del mandatario, les ha costado mucho ganar tracción sin los mecanismos habituales de revisión oficial. Y en un momento en el que Trump genera una noticia importante cada día o incluso cada hora —más aranceles a los aliados, más represalias contra los enemigos, más desafíos a las órdenes judiciales—, rara vez una sola acción permanece en los titulares el tiempo suficiente como para influir en la conversación nacional.
Paul Rosenzweig, quien fue asesor principal en la investigación de Ken Starr sobre el presidente Bill Clinton y posteriormente trabajó en el gobierno de George W. Bush, dijo que la falta de revuelo por el incumplimiento de las normas éticas por parte de Trump le ha hecho preguntarse si las antiguas suposiciones sobre el deseo público de un gobierno honesto eran erróneas desde el principio.
“O al público en general nunca le ha importado esto”, dijo, o “al público sí le importaba, pero ya no”. Concluyó que la respuesta es que “al 80 por ciento del público nunca le importó” y “el 20 por ciento, estamos abrumados y agotados”.
“La indignación no ha muerto”, añadió Rosenzweig. “Siempre fue un producto de la imaginación de las élites”.
La Casa Blanca ha defendido las acciones de Trump, desechando las preguntas sobre consideraciones éticas al argumentar que era tan rico que no necesitaba más dinero.
“El presidente cumple todas las leyes sobre conflictos de intereses aplicables al presidente”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. “La opinión pública estadounidense considera absurdo que alguien insinúe que este presidente se está lucrando con la presidencia. Este mandatario tuvo un éxito increíble antes de dejarlo todo para servir públicamente a nuestro país”.
Pero decir que acata todas las leyes sobre conflicto de intereses aplicables al presidente carece de sentido porque, como el propio Trump ha señalado desde hace tiempo, las leyes sobre conflicto de intereses no son aplicables al presidente.
Además, no ha renunciado a todo; de hecho, sigue ganando dinero con sus intereses empresariales privados dirigidos por sus hijos, y estimaciones independientes indican que apenas se ha sacrificado financieramente al participar en política. Forbes estimó el patrimonio neto de Trump en 5100 millones de dólares en marzo, 1200 millones más que el año anterior y el más alto de su historia en la clasificación de la revista.
Los hijos del mandatario se burlan de la idea de que deban limitar sus actividades empresariales, que benefician directamente a su padre. Donald Trump Jr. ha dicho que la familia se contuvo durante el primer mandato de su padre solo para ser criticada de todos modos, por lo que no tenía sentido contenerse más. “Te van a golpear pase lo que pase”, dijo la semana pasada en un foro empresarial en Catar. “Así que simplemente vamos a jugar el partido”.
En los últimos días ha habido algunos signos incipientes de rechazo público. El regalo del avión de Catar pareció calar en el público en general de un modo que otros episodios no lo han hecho. Una encuesta de Harvard/CAPS Harris publicada la semana pasada reveló que el 62 por ciento de los estadounidenses pensaba que el regalo “suscita preocupaciones éticas sobre la corrupción”, e incluso algunos destacados partidarios derechistas de Trump, como Ben Shapiro y Laura Loomer, expresaron sus objeciones.
Tucker Carlson, el antiguo presentador de Fox News que hizo campaña con Trump el año pasado, expresó sus recelos la semana pasada durante su participación en un pódcast con Shawn Ryan, un influente de derecha, quien mencionó todos los negocios de la familia Trump que parecían coincidir con el reciente viaje del presidente a Medio Oriente.
“Esas cosas me preocupan”, dijo Ryan.
“Parece corrupción, sí”, coincidió Carlson.
Pero mientras varias decenas de manifestantes protestaban ante el club de golf de Trump la otra noche, los demócratas están divididos sobre hasta qué punto hay que centrarse en los beneficios de Trump, y algunos prefieren concentrarse en los temas económicos. Christopher S. Murphy, senador demócrata por Connecticut, ha liderado la ofensiva en la otra dirección, y ha dado discursos en el hemiciclo y organizado ruedas de prensa en las que ha denunciado lo que él califica como “corrupción descarada”.
“Es poco probable que se le exijan responsabilidades por los medios tradicionales”, dijo Murphy en una entrevista. “No va a haber abogados especiales; no va a actuar el Departamento de Justicia. Así que en realidad solo se trata de movilización pública y política. Si los republicanos siguen pagando un precio por la corrupción perdiendo elecciones especiales a lo largo del próximo año, quizá eso los haga replantearse su complicidad”.
Durante mucho tiempo, Trump prometió “drenar el pantano” de Washington tras años de corrupción de otros políticos. Cuando se postuló por primera vez a la presidencia en 2016, censuró a los Clinton por aceptar dinero de Arabia Saudita y de otras monarquías de Medio Oriente con un interés evidente en ganarse su favor en caso de que Hillary Clinton ganara la presidencia. Pero ese dinero fue a parar a la Fundación Clinton con fines filantrópicos. El dinero que la familia de Trump está trayendo de Medio Oriente va a parar a sus cuentas personales a través de diversas empresas que The New York Times ha documentado.
Johnston, experto en corrupción, dijo que los Trump representan “un caso absolutamente atípico, no solo en términos monetarios”, sino también “en cuanto a su descarado desprecio” por las normas del pasado. “Aunque podamos discrepar en cuanto a los méritos de la política, se espera que el presidente y las figuras del poder ejecutivo sirvan al bien público, no a sí mismos”, dijo.
Trump hizo un guiño a esas normas en su primer mandato al decir que restringiría los negocios de su familia en el extranjero.
Pero, desde entonces, ha sido condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales y fue declarado responsable civil por fraude, mientras que la Corte Suprema le ha conferido inmunidad por actos oficiales. En su segundo mandato, Trump ha prescindido de los límites éticos autoimpuestos.
“Ya no intenta dar la apariencia de que hace lo correcto”, dijo Fred Wertheimer, fundador de Democracy 21 y veterano defensor de la ética gubernamental. “No hay nada en la historia de Estados Unidos que se acerque a este uso de la presidencia para un beneficio personal masivo. Nada”.
Los republicanos del Congreso se pasaron años investigando a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, por comerciar con su apellido para ganar millones de dólares, llegando a calificar al clan como la “Familia del Crimen Biden”. Pero aunque el flujo de dinero de Hunter Biden era una fracción ínfima del de Donald Trump Jr., Eric Trump y Jared Kushner, los republicanos no han mostrado ningún interés por investigar las finanzas de la actual familia presidencial.
“El público estadounidense ha tenido que acostumbrarse a la corrupción de Donald Trump y de su presidencia porque el presidente y su Partido Republicano no le han dado ninguna opción al respecto”, dijo J. Michael Luttig, exjuez conservador del Tribunal de Apelaciones, quien se ha convertido en un crítico de Trump.
A Trump no le preocupa que las personas que ingresan dinero en las arcas de su familia tengan intereses en las políticas del gobierno. Algunos de los criptoinversores que asistieron a su cena del jueves por la noche reconocieron que estaban aprovechando la oportunidad para presionarlo sobre la regulación del sector. Según un video obtenido por el Times, Trump respondió prometiendo a sus invitados que no sería tan duro con ellos como lo fue el gobierno de Biden.
Uno de los invitados al Trump National Golf Club de Sterling, Virginia, esa noche fue Justin Sun, un multimillonario chino que se convirtió en uno de los mayores tenedores de la memecoin $TRUMP tras comprar más de 40 millones de dólares, lo que le valió un puesto en una recepción VIP privada aún más exclusiva con el presidente antes de la cena. En 2023, la Comisión del Mercado de Valores acusó a Sun de fraude pero, tras la llegada de Trump al poder, la agencia dejó en suspenso su demanda al tiempo que abandonaba otras investigaciones sobre criptomonedas.
En cuanto a Bezos y Catar, ambos tienen motivos para caerle bien a Trump. En su primer mandato, Trump, molesto por la cobertura de The Washington Post, propiedad de Bezos, presionó en repetidas oportunidades a sus colaboradores para que castigaran a su principal empresa, Amazon, aumentando de manera drástica las tarifas de envío del Servicio Postal estadounidense y negándole un contrato multimillonario con el Pentágono. Trump denunció a Catar como “financiador del terrorismo” y lo aisló diplomáticamente. En su segundo mandato no ha atacado ni a Bezos ni a Catar.
El mandatario tampoco ha dudado en instalar en puestos de poder a aliados con problemas de conflicto. Nombró a un colaborador cercano de Elon Musk como administrador de la NASA, que proporciona a SpaceX, de Musk, miles de millones de dólares en contratos. La fiscala general, Pam Bondi, quien trabajó como miembro de un grupo de presión para Catar, dio el visto bueno a la legalidad del regalo del avión de Catar.
Zach Witkoff, fundador de la empresa de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, e hijo de Steve Witkoff, enviado especial del presidente, anunció un acuerdo de 2000 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos, justo un par de semanas antes de que su padre y Trump viajaran allí para una visita presidencial.
Wertheimer dijo que la acumulación de tantos conflictos sitúa a Trump en la lista de todos los tiempos de la corrupción presidencial. “Ocupa los 10 primeros puestos”, dijo. “Está en el salón de la fama de estafar a la presidencia en beneficio propio”. Pero dijo que la opinión pública acabaría enfadándose. “Creo que eso lo alcanzará. Tardará algún tiempo, pero lo alcanzará”.