Chihuahua, Chih.- El comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua realizó una sesión extraordinaria en las instalaciones del Ichitaip, donde protestaron y emitieron un rechazo oficial en su calidad de cuerpo colegiado a la atracción de las investigaciones de la causa penal abierta a Javier Corral, por el delito de peculado agravado.
En su calidad de órgano colegiado, presentó una postura institucional de rechazo al conflicto competencial que genera la resolución 20/2025 para trasladar el caso de corrupción y fiscalización abierto a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, a las autoridades federales.
El consejo que encabeza Jesús Abdalá Abbud, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, cuestionó las facultades de atracción por parte de la federación a la causa penal interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) en contra de Corral Jurado, por el delito de peculado agravado por 98.6 millones de pesos.
La resolución del Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativas del Décimo Séptimo Circuito, para que las autoridades federales tomaran el control de las investigaciones hacia el exgobernador, hoy senador de Morena, confunde las normas aplicables a las aportaciones federales y las participaciones federales.
Abbud Yépiz explicó que tanto el juez del fuero federal como el juez federal, confundieron las participaciones que llegan a los estados a través del Ramo 28, que son recursos de libre disposición con las aportaciones que son recursos que llegan a través del Ramo 33, etiquetados para fines específicos exclusivos como salud, educación, seguridad y otros rubros.
El punto central es que Corral habría usado recursos de aportaciones para simular contratos de asesoría, mientras que el juez consideró que habían sido participaciones (de libre uso) y por lo tanto encuadró las competencias
“Para ripley que un juez federal y más aún un cuerpo colegiado de circuito resolviera protegerlo en fechas decembrinas, en tiempo récord” Abelardo Valenzuela Fiscal anticorrupción
de las investigaciones para las autoridades federales bajo el argumento de que son recursos que administra y envía la federación sin que entren a la hacienda pública de Chihuahua.
El fiscal Abelardo Valenzuela calificó como un caso para ripley que un juez federal y más aún que un cuerpo colegiado de circuito resolviera proteger a Corral de un asunto en fechas decembrinas, en tiempo récord, confundiendo la naturaleza básica de las facultades para investigar recursos que envía la federación. El caso llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), e incluso a tribunales internacionales de ser necesario, adelantó.
El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, subrayó que la Auditoría de Chihuahua tiene facultades para investigar los desvíos por participaciones, porque es dinero que entra a la Hacienda Pública, y llamó a las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción a que actúe para que la justicia federal rectifique en pro de la justicia y la rendición de cuentas.
El Comité Estatal está compuesto también por el consejero presidente del Ichitaip, Sergio Fasio; Alejandro Tavares, magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; Roberto Fierro, secretario de la Función Pública Estatal y Francisco Javier Acosta, magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Chihuahua.
