Chihuahua, Chih.- En tanto que el abogado laboralista y docente universitario, Luis Alfonso Ramos Peña, cuestionó que el Pleno del TSJ otorgue competencia a la Sala Civil Regional de Parral para dirimir competencia y recusaciones en materia laboral, la magistrada Mariela Salvador calificó la decisión como un desafío, porque resolverá asuntos de Juárez a 580 kilómetros de distancia o de Chihuahua a 227 kilómetros, con el costo y tiempo que ello significa para trabajadores y patrones.

“Votaré a favor y espero que mis inquietudes sean tomadas en cuenta, pues considero que si bien, como ya lo dije ahorita, la intención es muy buena, espero que la implementación de este acuerdo no sea un obstáculo para el acceso efectivo y expedito a la justicia para todos los ciudadanos de Chihuahua”, señaló la magistrada durante la sesión realizada hace unos días.

Bajo este nuevo esquema autorizado, por lo pronto, deberá resolver la Sala Civil de Parral, a cargo del magistrado Yamil Athie Gomez, las recusaciones presentadas en contra de tres juezas laborales del Distrito Judicial Morelos en los expedientes 3658/2023, 3654/2023 y 3657/2023.

Ramos Peña sostuvo que en principio una sala civil no puede tener competencia de carácter laboral y menos una sala regional para conocer de estos problemas.

Dijo el litigante que debiera ser el Pleno quien resuelva esas recusaciones o problemas de competencia, al aclarar que no hay apelación en materia laboral, donde lo que procede es el amparo directo ante tribunal colegiado.

Explicó que tratándose de cuestiones de conflictos competenciales y recusaciones tanto de los jueces laborales del lugar de su residencia, en este caso Parral, como de los de Juárez, Chihuahua o Delicias, en todo caso el órgano jerárquico superior lo sería el Tribunal de Disciplina Judicial que sustituyó al Consejo de la Judicatura Estatal o el Órgano recién creado de Administración.

El especialista en materia laboral recordó que la se rige por la ley federal del trabajo y en ella no se habla de segunda instancia, se habla de sentencia definitiva, y contra ella lo único que procede es un amparo directo.

Agregó que hay un recurso de reconsideración que se sigue dentro del procedimiento, y es contra actos o omisiones del secretario instructor, y que hoy los jueces aborales hacen las veces de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que solo están sacando el rezago.

En la sesión extraordinaria del pleno del Tribunal Superior de Justicia, fue puesto a la consideración del mismo el acuerdo mediante el cual se confiere competencia a la Sala Civil Regional con sede en Hidalgo del Parral, para conocer de los conflictos competenciales y recusaciones planteados en materia laboral.

A la fecha están pendientes de resolución las recusaciones presentadas en contra de tres juezas laborales del Distrito Judicial Morelos en los expedientes 3658/2023, 3654/2023 y 3657/2023.

En la presentación del acuerdo, el secretario del Tribunal, Francisco Javier Fierro Islas, explicó que la instrumentación de los tribunales de justicia laboral en el estado no prevé a un órgano jurisdiccional superior jerárquico en relación a la materia en tratándose de recusaciones o conflictos competenciales.

Por lo anterior, es facultad del pleno dotar de competencia a una sala de este tribunal para que resuelva las cuestiones que deban ser conocidas por un órgano jerárquicamente superior a los tribunales laborales de primera instancia, para lo cual se estima dotar de competencia laboral únicamente a la sala civil regional con residencia en Hidalgo del Parral, Chihuahua, a efecto de que dé trámite y elabore el proyecto correspondiente y en su momento procesal de cuenta a este pleno para la emisión de la resolución definitiva.

Al respecto la magistrada Mariela Salvador, manifestó su preocupación por la propuesta, “que aunque es muy bien intencionada, presenta un desafío significativo en términos de eficacia y acceso a la justicia”.

“Una de las principales inquietudes que veo es la distancia que separa los órganos jurisdiccionales. La centralización de las recusaciones en la sala de Parral podría resultar en un proceso complicado para las partes involucradas, especialmente en casos que surgen en localidades como Ciudad Juárez o Chihuahua”, indicó.

En estos casos, abundó, las recusaciones tendrían que trasladarse físicamente a parral, lo que no solo podría implicar una pérdida de tiempo valioso, sino que también puede traducirse en un mayor costo emocional y financiero para los afectados, que en este caso serían tanto los trabajadores como los patrones.

Sobre todo, recalcó, que en Ciudad Juárez y Chihuahua se concentra el mayor número de jueces en materia laboral, “lo que resalta la necesidad de que estos órganos jurisdiccionales tengan la capacidad de resolver las recusaciones de manera más local y eficiente, en lugar de depender de un solo tribunal que se encuentra a una gran distancia”.

“Solo por citar un ejemplo, los jueces en materia laboral que radican en Ciudad Juárez tendrán que enviar los testimonios respectivos a una distancia de más de 580 km, que es la distancia aproximada entre Ciudad Juárez y Parral”, concluyó, al señalar que otorga su voto de confianza al acuerdo y a la disposición del magistrado titular de la sala civil y familiar conempral, por lo que votó a favor-

“Espero que mis inquietudes sean tomadas en cuenta, pues considero que si bien, como ya lo dije ahorita, la intención es muy buena, espero que la implementación de este acuerdo no sea un obstáculo para el acceso efectivo y expedito a la justicia para todos los ciudadanos de Chihuahua”, manifestó en la pasada sesión del pleno del TSJ.