Revelación de Jáuregui de una audiencia pri-va-da
Avanza reloj de centralización catastral
Asunto judicial de regidores en pleno cabildo

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, finalmente sí habría terminado hundido -no del todo porque quedan posiciones para negociar- tras la detención del exfiscal César Jáuregui, bajo acusaciones de la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República.
Es conocido por todo el panismo que, desde la vinculación a proceso de Jáuregui Moreno, volvieron a tomar aire y a promover su proyecto la diputada federal María Angélica “Manque” Granados, el director de la Junta Municipal de Agua, Alán “Cabrito” Falomir y, en menor medida, el jefe de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, quien era más considerado operador de De la Peña que aspirante.
Los demás supuestos aspirantes siguen en calidad de adorno: los diputados Carlos Olson y Jorge Soto, además del exalcalde Juan Blanco, a quien algunos de los apoyadores de Jáuregui trataron, sin éxito, de presentarlo como la carta con la que podría jugar el amplio grupo creado alrededor del exfiscal.
Pero lo verdaderamente relevante, en medio de una fase de incertidumbre mayor dentro de Acción Nacional, sería la cancelación del proyecto del secretario de Gobierno quien, según algunos, no prendió ni con gasolina en el ánimo de los panistas, pese a lo cual era considerado el rival más fuerte del exfiscal, el más aventajado hasta que cayó al Cefereso del Altiplano.
El destino de De la Peña todavía podría ser el Congreso del Estado, por la vía pluri, por supuesto, y en caso de que el acuerdo interno del PAN alcance para bajar la molestia en contra del expriista, al que dentro del albiazul algunos no ven como activo ni talento, sino como mero experto en intrigas palaciegas. No más.
El descarrilamiento de tan alto funcionario estatal, dicen, habría de consolidarse en cosa de días, una vez que el Comité Ejecutivo Nacional fije las bases de una decisión de unidad para elegir un panista de sangre azul como su candidato por la capital.
Obviamente, todos los grupos azules, la gobernadora Maru Campos y el virtual candidato a gobernador, Marco Bonilla, deberían estar de acuerdo tanto en el método como en el perfil que resulte electo de este descalabro que ha representado el destino del exfiscal estatal.
La operación política para retomar el rumbo es lo que sigue en el PAN, porque no puede quedar al aire la capital en la construcción del proyecto para retener la gubernatura.

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Más allá del contenido, que debe ser analizado aparte, hay cierta controversia en el foro jurídico estatal por la revelación de la intervención del exfiscal César Jáuregui en la audiencia de vinculación a proceso encabezada por el juez federal asentado en el Altiplano, Ricardo Alfonso Santos Dorantes.
En su intervención, habló Jáuregui Moreno de una contestación que el Gobierno de Estados Unidos envió a México sobre la intervención de agentes extranjeros en el operativo para desmantelar el narcolaboratorio del municipio de Morelos, pero la administración federal determinó clasificar la información.
Es decir, mandó una respuesta el país vecino, pero dicha contestación se ha mantenido en secreto, debido a que involucra información considerada de riesgo para la seguridad nacional.
Esa revelación, al margen de la defensa política y jurídica que planteó el exfiscal, se dio en el marco de una audiencia que el juez Santos Dorantes había decretado como cerrada, privada, a petición de la Fiscalía General de la República, con el argumento, precisamente, de la seguridad nacional.
Al tratarse de una audiencia privada, Jáuregui, sus abogados -José Ramón Flores en México y Héctor Villasana en Chihuahua- así como cualquier operador que haya decidido dar a conocer el audio de su intervención, habrían violado la determinación del juez federal Santos Dorantes, debido a que en las diligencias cerradas por completo no pueden difundirse participaciones de nadie, ni del juzgador ni de los demás intervinientes.
El hecho de la difusión del audio -en el que incluso el juez regaña al Ministerio Público por interrumpir la alocución del exfiscal, al grado de decirle: “le pido que no vuelva a intervenir de esa manera, quien conduce esta audiencia soy yo. Adelante, por favor, señor Jáuregui- no debe haber caído en gracia de Santos Dorantes y mucho menos de la FGR.
Así, la operación para llevar el litigio al terreno mediático y sacarlo del tribunal donde se realizó la audiencia privada (pri-va-da) podría ser señal de deficiencias técnicas de los defensores, quién sabe si porque el exfiscal los arrastra con su largo colmillo político o por no calcular el impacto de sus estrategias.

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En las curules del Congreso del Estado y en el Cabildo municipal parece prevalecer cierta pasividad, pues el tiempo de entrada en vigor de la reforma catastral ya empezó a correr y tendrá vencimiento próximo.
Esa modificación a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral -así le pusieron a esa norma- no es un trámite lejano ni un simple ajuste procedimental.
Representa la transferencia efectiva del control informático y de los criterios de valuación inmobiliaria hacia la federación.
El calendario fijado por el decreto publicado el 23 de octubre de 2026 impone plazos inmediatos que no admiten dilaciones.
En un periodo de apenas 30 días hábiles a partir de la publicación, la Agencia de Transformación Digital debe emitir los lineamientos para la implementación, integrar la Clave Única Catastral y habilitar las plataformas centrales.
Mientras tanto, corre un plazo de 180 días para que el Congreso del Estado y los ayuntamientos adecúen leyes, reglamentos e instructivos municipales.
Todo esto con fecha límite para la adopción e integración técnica que debe quedar concretada a más tardar el 31 de diciembre de 2026.
Doblar las manos por mera inercia o desinterés no es opción responsable frente a un marco legal que cambiará de forma permanente la administración de la propiedad inmobiliaria en el estado.

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De por sí la sesión de cabildo ayer duró más de dos horas, cuando parecía que ya había finalizado dos personajes terminaron por alargarla aún más.
Nos referimos a los regidores panistas, Isaac Díaz y Félix Martínez, que subieron el tema de César Jáuregui a un recinto donde se tocan temas municipales y que afectan a la ciudadanía.
Todos tienen la libertad de exponer su afinidad o amistad con personales políticos, eso se le llama libertad, pero llevar algo que es meramente judicial y político al ayuntamiento de Chihuahua para reprochar que muchos han guardado silencio ¿a quién?, ¿a la ciudadanía en general o a sus compañeros panistas?
Porque si era mensaje para los panistas, pues ya tuvieron los dos su oportunidad de hacerlo en las reuniones partidistas, pero si lo hacían para la ciudadanía en general, a ellos el tema del exfiscal es lo menos que les interesa en este momento, porque están más preocupados en resolver sus propios problemas.
Es extraño cómo esos dos personajes quieren pasar intereses personales dentro del Municipio usando al exfiscal que está en manos del sistema judicial.