“No vemos resultados. Tenemos un sistema nacional de búsqueda, sí, pero se ha reunido solo dos veces en los últimos ocho años”.

Michael Chamberlin, activista

Desapariciones en México, el metraje de una película de terror que se niega a llegar a su fin. Es un thriller de impunidad sistémica: los perpetradores caminan y actúan a plena luz del día, amparados por instituciones que prefieren el rol de espectadores pasivos en una sala a oscuras. En las secuencias de este drama real, los giros argumentales no pretenden conmover ni entretener, sino enquistar el suspenso y la agonía de miles de familias. Para ellas, la única certeza se busca entre el horror de las fosas y el colapso de las morgues saturadas.

Esta crisis humanitaria y forense en México desmiente cualquier narrativa oficial de pacificación. Los datos del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas confirman el colapso: más de 134,000 personas desaparecidas, una impunidad flagrante del 98% y más de 72,000 cuerpos sin nombre atrapados en la parálisis forense. Ante esta realidad, las omisiones gubernamentales y el uso de distractores políticos operan como cortinas de humo frente a la urgencia nacional. En medio de esta puesta en escena, las familias de las víctimas quedan expuestas al peligro, asumiendo una búsqueda que el Estado mexicano ha decidido evadir.

El diagnóstico presentado en Nueva York por este Comité no deja lugar a matices o simulaciones. Su presidente, Juan Pablo Albán Alencastro, desnudó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la realidad de un país donde el incremento de los casos camina a la par de la negligencia institucional. El diplomático fue claro: las fallas sistemáticas en las fiscalías y el asedio violento contra las madres buscadoras no solo evidencian la gravedad del problema, sino el costo humano de un sistema que traslada la obligación de la justicia a las propias víctimas.

La disparidad entre el diagnóstico internacional y la narrativa oficial quedó en evidencia tras el informe. Por un lado, las Naciones Unidas exigieron frenar de inmediato la violencia contra las familias que escarban la tierra y demandaron una reingeniería profunda en los servicios forenses y los mecanismos de protección. Por el otro, el Gobierno de México rechazó tajantemente que las desapariciones constituyan un patrón sistemático en el territorio. Desde la trinchera oficial, el discurso se concentró en blindar la gestión pública bajo el argumento de que el despliegue de fiscalías especializadas y comisiones de búsqueda es evidencia de una estrategia institucional en marcha, supuestamente con resultados inéditos en la historia reciente. Sin embargo, en la práctica, la propaganda choca con la realidad: las familias siguen sorteando el peligro en el más absoluto desamparo.

Ante el olvido institucional y la inacción del Estado, la organización civil se ha convertido en el único faro de esperanza para las víctimas. La multiplicación de los colectivos de familiares es el reflejo más fiel de una tragedia en expansión: de un estimado de entre 60 y 70 agrupaciones registradas en 2019, la cifra se disparó a más de 234 organizaciones documentadas por Amnistía Internacional. Este crecimiento, lejos de ser un logro civil, es un síntoma alarmante; la proliferación de brigadas de búsqueda avanza de forma directamente proporcional al descontrolado aumento de las desapariciones en el territorio nacional.

La crisis de las desapariciones forzadas en México es el reflejo de un abandono sistémico donde la insensibilidad parece haberse normalizado como política de Estado. Mientras sectores elementales como la salud, la educación, el empleo y la vivienda sufren una regresión inocultable, el ejercicio del poder se ha replegado hacia la autoprotección y la retención del mapa político. Hoy, la viabilidad de la nación se subordina a la conservación de las estructuras del régimen. Esta flagrante desconexión entre la urgencia ciudadana y la ambición cupular encierra una peligrosa paradoja: apostar todo a la acumulación de capital político mientras el tejido social se desgarra es una estrategia insostenible. Por un México seguro, Sumemos Voces.