Mientras el PAN, el PRI y el PRD tuvieron a su disposición a las autoridades electorales del país y de los estados, poniendo y quitando a sus integrantes en un descarado reparto de cuotas, entonces para ellos todo marchaba bien en la llamada democracia electoral.
Pero ahora que, al menos esa mayoría de consejerías y magistraturas electorales nacionales y locales ya no operan para el prianismo, hasta les descalifican y reniegan de la legislación electoral vigente que ellos mismos impusieron.
Lo anterior no significa que deba haber una defensa a ultranza y otorgar un cheque en blanco a tales instancias comiciales. Por supuesto que no, máxime que aún permean por ahí resabios de esas prácticas perversas de designación. El árbitro electoral no debe dejar de estar expuesto y sujeto a la vitrina y escrutinio públicos.
No obstante, el pretender influir con lujo de violencia en las decisiones de quienes integran los órganos electorales para conseguir determinadas ventajas y/o desacreditaciones que les favorezcan, no viene a ser sino una vulgar y cobarde extorsión.
Eso es precisamente lo que acaban de intentar hacer el PAN y el PRI con las y los consejeros electorales del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), al amenazarlos no sólo con solicitar su remoción ante el INE, sino también someterlos a un proceso de juicio político en el supuesto de que fueran aprobados los criterios de paridad de género en la postulación de candidaturas, cuyo proyecto de acuerdo contemplaba que en 23 municipios específicos de la entidad fueran registradas fórmulas integradas por mujeres.
La propuesta del IEE no únicamente inconformó a dichos institutos políticos, sino en general a todos, pero la reacción estuvo lejos de ser la misma. Hubo coincidencia en interponer los medios de impugnación correspondientes ante el Tribunal Estatal Electoral y, en su caso, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que, entre otras cuestiones, argumentan violaciones a los principios de legalidad, proporcionalidad y autodeterminación partidista.
Pero en cuanto al PAN y al PRI, han fijado un excesivo y mediático posicionamiento que amenaza con la remoción y juicio político referidos, acusando, además —como era de esperarse con su acostumbrada narrativa mentirosa carente de toda prueba—, que con esa medida el IEE intenta beneficiar a Morena. Pretenden descalificar, a priori, a dicha autoridad y al proceso electoral en curso, para ir allanando el camino a una lluvia de impugnaciones que seguramente derivarán hasta en pretender la nulidad de unas elecciones que, según se anticipa, no les favorecerán.
El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, ha señalado: “de aprobar el Instituto Estatal Electoral (IEE) los lineamientos para establecer candidaturas de mujeres en 23 municipios del estado, en donde solo hayan gobernado hombres, el PRI presentará una controversia constitucional ante tribunales, solicitud de remoción para todo el Consejo del órgano, además de un juicio político ante el Congreso del Estado” (1).
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, ha establecido que: “de ratificarse el acuerdo en el órgano electoral, el Poder Legislativo local promoverá un debate público y evaluará iniciar un juicio político o un proceso de destitución contra la presidenta de la institución” (2).
En la sesión extraordinaria que el citado Consejo Estatal celebró el pasado sábado 10 de octubre a partir de las 21:30 horas, y que tuvo una duración de aproximadamente tres horas y media, fue discutido y aprobado el “Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el que se emiten los criterios para el cumplimiento del principio de paridad de género y acciones afirmativas aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local 2026-2027”.
Las representaciones partidistas tuvieron oportunidad de exponer sus inconformidades y consideraciones, al igual que las consejerías del IEE plantear sus motivaciones y fundamentaciones del proyecto de acuerdo presentado, lo que al parecer ya habían realizado previamente en reuniones de trabajo conjuntas.
Lo anterior derivó en que, habiendo sido declarado un receso para replantear el contenido y redacción de la propuesta de criterios, esta se modificara a efecto de que nada más en los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Janos y Nonoava deban postularse fórmulas de mujeres en las candidaturas a presidencias municipales. El IEE ha señalado que “la medida tiene como finalidad fortalecer el acceso efectivo de las mujeres a las presidencias municipales y atender condiciones históricas de desigualdad en el ejercicio de estos cargos” (3).
El que una autoridad electoral como el INE o el IEE vea cuestionado e impugnado su actuar, no es una novedad. A veces resulta confirmado su desempeño por los tribunales electorales, pero muchas otras es modificado o revocado. Entonces, ¿por qué no recurrir al sistema de medios de impugnación en materia electoral como se ha hecho tantas veces, siendo esta una práctica más que común en los partidos políticos?
Pero en el supuesto en comento, y dados los argumentos expuestos en general por las representaciones partidistas en la sesión referida (más allá de las posturas mercenarias del PAN y del PRI), ya se asomaba una amplia posibilidad de éxito en caso de impugnar el acuerdo. Cabe señalar, que la inconformidad de las organizaciones políticas no era por la paridad de género, sino por el hecho de que la autoridad les impusiera en qué municipios deberían postular mujeres.
De ahí que sea reprochable la vil coacción ejercida por el PAN y el PRI en contra de la función electoral para “llevar agua a su molino”, como si algo indebido y hasta criminal hubieran cometido las y los consejeros del IEE. De ser así, pues a aportar las pruebas e iniciar los procedimientos respectivos para que sean impuestas las sanciones correspondientes, pero…
Con lo expresado, no se está defendiendo la credibilidad y confianza hacia las y los consejeros estatales del IEE en lo personal, sino la integridad y buen término de un proceso electoral que interesa y debe involucrar a todas y a todos los chihuahuenses, sin que las voluntades sean sometidas a chantajes. La pulcritud y la buena fe, además de los diferentes principios rectores de toda elección, es lo que debe prevalecer en esta contienda histórica.
Debemos estar atentos y evidenciar, en todo momento, cualquier intento abierto o disfrazado de sabotear el respeto a la voluntad popular que se manifestará en las urnas el próximo domingo 6 de junio.

Fuentes:
(1) https://diario.mx/estado/2026/oct/08/propondria-pri-remocion-y-juicio-politico-vs-consejo-del-iee-1142311.html
(2) https://minutalegislativa.com.mx/2026/10/08/pan-advierte-juicio-politico-contra-presidenta-del-iee-chihuahua/
(3) https://ieechihuahua.org.mx/noticia_2026_10_10