-¿Ya está limpio el camino para Santiago?
-Ni anuncio oficial de Mario García como dirigente
-Dicen no a consulta sobre La Boquilla
Lo que debería ser una comodidad más para los clientes acabó en un problema de seguridad, en pleno Mochomos y pleno Distrito 1, supuestamente el lugar más seguro de la capital.
La falta de controles suficientes sobre quién recibe un vehículo, quién conserva las llaves y, sobre todo, quién responde cuando algo sale mal, llevó a una víctima a quedarse sin su pickup al salir del restaurante y, desde luego, a presentar la respectiva denuncia ante la Fiscalía del Estado.
El caso, más allá de si es aislado o un modus operandi delictivo, pone de relieve esa preocupación auténtica en torno a las operaciones de valet parking de dicha plaza.
El hecho ocurrió el viernes pasado, por la tarde casi noche, cuando el propietario de una Ram 2026 entregó la unidad a Carlos G. C., identificado en el documento como trabajador del valet parking.
El cliente habría proporcionado sus datos generales y un número telefónico para que posteriormente le entregaran el vehículo. Sin embargo, cuando regresó a solicitarlo recibió una noticia que terminó por llevar el asunto hasta la Fiscalía: Joaquín Omar S. M., otro trabajador, le informó que había entregado las llaves a un hombre que primero se identificó como José y después como Guillermo.
Según la denuncia, el registro de entrega del vehículo habría sido cancelado en el sistema de control del valet parking por Cristian Eduardo S. M., también trabajador del servicio y hermano de Joaquín Omar.
En la misma querella, sustentada en la investigación del afectado con la que prácticamente resolvió el caso y pudo recuperar su vehículo, aparece Luis Manuel M. M., señalado como coordinador de los trabajadores del valet parking y también hermano de los anteriores; la investigación tendrá que esclarecer quién recibió las llaves, bajo qué condiciones fueron entregadas y qué ocurrió con la unidad.
Pero más allá de la investigación particular, el problema lleva a cuestionar a las autoridades y a las empresas: ¿quién supervisa realmente a los trabajadores de valet parking? ¿Qué mecanismos utilizan para entregar un automóvil? ¿Cómo se garantiza que las llaves no terminen en manos de una persona distinta al propietario? ¿Qué responsabilidad asume el establecimiento cuando el servicio que opera en sus instalaciones pierde el control de un vehículo?
Distrito Uno es uno de los espacios comerciales más importantes y "seguros" de la ciudad. Por eso, una denuncia de esta naturaleza no tendría que quedarse únicamente en el expediente de una camioneta casi robada, también debe servir para revisar las condiciones bajo las cuales se prestan estos servicios.
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Aunque no ha sido resuelto el método de elección de candidato a alcalde y pese a que entre los panistas dicen que Santiago de la Peña no enciende las pasiones que demanda una contienda, aseguran desde las alturas del PAN que el camino ya está despejado para que el funcionario se haga de la candidatura.
La semana pasada y especialmente durante los últimos días, el secretario general de Gobierno tuvo su “buen fin” con adhesiones y decisiones importantes que faltaban de amarrar, independientemente del método de selección que valide la Comisión Permanente del PAN, con la conducción del delegado del CEN, Marcelo Torres Cofiño.
Una encuesta, muy posible; una elección directa interna entre las bases del PAN, como opción factible aunque más lejana; y una casi descartada elección abierta a militantes, simpatizantes y ciudadanos, son escenarios en los que tendría De la Peña la ventaja de los acuerdos y el impulso desde el poder, representado por Palacio de Gobierno y el proyecto estatal de Marco Bonilla.
Todo sin necesidad de una designación directa, de un dedazo sin consulta ni consensos.
Pero, además, aseguran, cualquiera sería la vía por la que los rebeldes del PAN -representados en los grupos del exsecretario Rafael Loera y los deudos del exfiscal César Jáuregui, los regidores Isaac Díaz y Félix Martínez, además del exalcalde Juan Blanco- se verían obligados a levantarle la mano a Santiago tras una competencia.
Desde esa óptica, la solución parece sencilla: un proceso que acabe por legitimar al secretario de Gobierno y le quite todo rastro de imposición.
Así, los derrotados aceptarían el resultado y, si bien no quedarían del todo conformes, al menos no se sentirían arrollados ni sometidos, pero sí obligados a trabajar para cumplir la palabra de mantener la unidad en el PAN.
Muy fácil. La única pregunta es por qué no lo hicieron así desde el principio del conflicto, incluso antes de que cayera en prisión el exfiscal César Jáuregui.
¿A poco el priista ya se impuso ante todo el PAN y, especialmente, ante el propio Marco Bonilla y la "Dhiacada"?
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En anteriores entregas de GPS hicimos eco de las voces de los panistas de a pie que criticaban el discurso de la unidad mientras el PAN enfrenta una crisis que amenaza con desmoronarlo en la capital y con ello dejarlo en alto riesgo de perder la pelea por la gubernatura.
Los reclamos azules iban en el sentido de que había más evidencia de conflicto que de trabajo serio a favor del partido, como ha sido exhibido en los últimos meses.
Las señales muy claras eran: renunció muy tarde y en medio del proceso un cuestionado dirigente municipal, César Komaba; la dirigente estatal, Daniela Álvarez, estaba entre mantenerse en ese cargo o correr por la candidatura de Juárez y los grupos seguían entrampados entre la cargada a favor de Santiago de la Peña y la corriente antisantiago.
Ahora las críticas no cesan porque, en medio de todo eso, el partido planeó su relevo en la dirigencia municipal con la renuncia de Mario García al gabinete de René Chavira, sin antes revisar los estatutos para darse cuenta que había procedimientos claros para un suceso como ese.
Por ello, quedó en la dirigencia de forma interina unos días Viridiana Gutiérrez, sin saber qué hacer porque con Komaba tampoco hacía nada en el cargo de secretaria general; y García quedó como secretario general, unas horas en lo que la mujer renunciaba también para dejarle la silla.
Pero resulta que nadie hizo las formalidades de comunicar a la militancia el momento en que García comenzó a despachar como sustituto del ocupado subsecretario de Movilidad. O sea, de nuevo los panistas de base ni siquiera conocían quién era su dirigente formal, cuando él ya estaba muy en su papel de poner orden en casa, cuando orden fue, precisamente, lo que faltó en su designación, hecha prácticamente a espaldas de la militancia.
Los panistas reconocen que es mil veces mejor un dirigente de tiempo completo que Komaba, que ni para reparar un semáforo sirve, como tampoco servía para articular los trabajos del PAN.
Pero el movimiento tan desparpajado es, lamentablemente, un reflejo de esa crisis de conducción que padece el partido, cuando está a 15 días del arranque de las precampañas por la gubernatura.
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Pues La Boquilla está fuera del alcance de los mecanismos que el IEE de Chihuahua pueda realizar, aún y cuando sus efectos solo sean de llamado a misa, es decir, los cumple quien quiere.
El IEE rechazó hacer una consulta pública para proteger a La Boquilla de la extracción por goteo que ha tenido por la federación, en la más completa opacidad para pago a EEUU del tratado de aguas, y que lo llevó -junto con el agua sacada para cultivo antes del cierre de cosecha y efectos de sequía- a menos del 20 por ciento y ahorita anda en el 22, una situación que podría ser delicada para el cuerpo de agua y su importancia para miles de familias de la región.
En el colmo del cinismo, la Conagua dice que las autoridades estatales pueden hacer cualquier estudio siempre y cuando no invadan competencia federal.
Ahí ni se metan, ni con pétalo de rosa.
Evidente el abandono en que están los agricultores de la zona y los chihuahuenses, desplazados ahora y obligados a ir ante el INE para una consulta inocente como esta, o ante la Cámara de Diputados ante cuya autoridad fue enviado el expediente.
Impecable el argumento del IEE, la administración, control de extracciones y evaluación integral de las aguas nacionales del embalse son competencia exclusiva de la federación a través de la CONAGUA, de conformidad con el artículo 27 constitucional y la Ley de Aguas Nacionales.
Ni quien discuta eso, la cuestión es como se van cerrando los canales de defensa, aún aquellos que simplemente constituyen presión social y mediática, ante una condición de riesgo para cosechas y el ecosistema económico y ambiental existente en delgado hilo de sostenibilidad.