Años atrás, un cartón publicado por la revista Proceso retrataba nítidamente el estado de las relaciones en ese momento entre México y EEUU, a propósito del combate al narcotráfico.
Divididos por la frontera, estaba la típica caricatura del ‘Tío Sam’ y del otro la del ‘típico’ mexicano, —un hombre, vestido con pantalón y camisa de manta—, con sombrero muy ancho.
El gringo le gritaba al mexicano “corrupto” y éste le contestaba “marihuano”.
Así está el país ahora.
Por desgracia, es otra la realidad.
Por un lado, el oficialismo defiende, con todo lo que puede, al grupo de aún gobernantes de Sinaloa, emanados de Morena, acusados por los tribunales norteamericanos de coludirse con el Cártel de Sinaloa; por el otro, el régimen despliega todo el aparato para intentar que la percepción popular califique de «traidora a la patria» a la gobernante de Chihuahua, sin más elementos oficiales, o pruebas, que la información proporcionada por la fiscal Wendy Chávez —nombrada expresamente por Maru Campos para que emitiera un informe sobre los hechos de El Pinal— que habían estado dos personas ‘extranjeras’ en el operativo, pero sin que exista, hasta el momento, prueba alguna que la gobernadora hubiese acordado y autorizado la participación de los agentes norteamericanos.
Más aún, la única evidencia de que pertenecían a la CIA son dos notas periodísticas —de Los Ángeles Times y The New York Times—, luego apoyada por el periodista Luis Chaparro.
Pero, apenas dos días atrás, la mismísima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que le había pedido a la embajada norteamericana que se fueran del país los dos agentes sobrevivientes.
¿Y porqué no los puso bajo la jurisdicción de la FGR, pues se supone que cometieron un delito, una falta a la Ley de Seguridad Nacional?
¿La presidenta le pidió a la embajada norteamericana el nombre, cargo y dependencia a la que pertenecen?
¿Y porqué no dio por terminada la colaboración con las agencias norteamericanas, pues eso dice la misma ley, en caso de que hubiesen incurrido en conductas como en las que, supuestamente, incurrieron?
Por supuesto que hay diferencias y la dirigencia de Morena (incluyo en ella, obviamente, a la presidenta Sheinbaum) ha cometido —y seguramente lo seguirán haciendo— un tremendo error: No entregar a los extraditables.
No sólo fue un error del régimen y una violación a la ley, el llevar al extremo su campaña contra Maru e iniciar el juicio político en su contra, con ello llevaron a que muchos mexicanos se fabricaran una imagen mental:
A Maru —que en su gobierno desmanteló el mayor narcolaboratorio— la quieren meter a la cárcel; pero a Rocha, que es un gobernante al servicio de los narcos, la presidenta lo defiende.
Hasta las encuestas del régimen muestran el desgaste. Millones de mexicanos dejaron de darle calificación aprobatoria a Claudia.
Mantiene altas calificaciones, todavía, pero su partido, Morena, ya resiente ese desgaste.
Con esas cuentas ¿Ahora sí detendrán el ataque a Maru?
Y si le siguen, tendrán que demostrar que al desmantelar un narcolaboratorio se ¡ESTABA SIRVIENDO A UN PAIS EXTRANJERO! Y que la gobernadora y el ex fiscal Jáuregui, con ese operativo, estaban sirviéndole a un gobierno extranjero.
Pueden, en todo caso, haber violado alguna medida administrativa, como no haber comunicado, con precisión la hora y fecha del operativo o no haber notificado, a tiempo, que habían recibido la colaboración de los EEUU para localizar el narcolaboratorio.
Pero si los agentes —todos— durmieron la noche anterior en las instalaciones del cuartel militar de Guachochi ¿Nadie le informó a los mandos superiores?
En cualquiera de los dos casos, deberían enjuiciar a los mandos militares de Guachochi, a los jefes —un coronel y un mayor— que jefaturaron a los casi 70 soldados que participaron en el operativo.
Tendrían que proceder, también, contra los jefes militares que recibieron el informe de los que estuvieron en el operativo, así como contra el secretario Harfuch (una de las autoridades encargadas de autorizar la actuación de agentes extranjeros en México) y también al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) porque su dependencia es la que autoriza y da cuenta de la presencia de agentes norteamericanos en el país.
Y como en nuestro país impera —presuntamente—la presunción de inocencia, a todos ellos, incluida Maru, les tendrían que demostrar que cometieron los delitos que se les imputan.
¿También a la presidenta, porque Claudia ha declarado saber en donde se encuentran los extraditables y ha dicho que pidió la expulsión de los agentes sobrevivientes? ¿Por ello se le podrían fincar varios cargos?
Al contrario, el morenaje, en todos sus espacios, con todos sus funcionarios, en todos los tonos, en todos las redes sociales ya lo determinaron: ¡Maru es (y, al parecer la única) culpable de traición!
¿Y porqué, en este caso, a diferencia de los extraditables no se escucha al morenaje, como lo ha hecho la presidenta, exigir pruebas, pruebas…?
Ahora deberán afrontar que en el intento de enjuiciar a Maru, lo que produjeron fue una especie de elíxir milagroso para el PAN, cuyo mejor escenario lo constituyó el evento de ayer, con la presencia de más asistentes que al de Morena días atrás, de su dirigencia nacional, de muchos de sus legisladores y la de los expresidentes Fox y Calderón —que el escribano recuerde es la única participación conjunta de ambos en un evento público—.
Pero más importante que eso fue el hecho de poner en el escenario nacional el agudo contraste de las conductas de la chihuahuense y la de la mandataria nacional ante un problema mayor como lo es el del crimen organizado.
¿A quién se le ocurre defender a Rocha?
¿O será, como se dice popularmente, tienen mucho que esconder?
¿No habrán puesto en la balanza definir que les afecta más?
Ahora, más allá de eso, la afectación a la seguridad y a la vida democrática es incomparablemente superior que la conveniencia política de uno y otro bando.
Casi siempre es útil tener a la mano referencias sobre el asunto a debate:
Casi dos meses antes del descubrimiento del narcolaboratorio de El Pinal, en Morelos, Chihuahua, el domingo 22 de febrero, temprano, un operativo militar (con la participación de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional —unidad táctica de élite—, del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República) desplegado sobre una finca cercana a Tapalpa, abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho».
La versión oficial (de los primeros días) sostenía que había muerto en el traslado a Morelia tras quedar gravemente herido en el enfrentamiento.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comunicó oficialmente: «Para la ejecución de esta operación, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país».
El infierno se desató en 7 estados, pero la presidenta, a pesar de la grave situación en ellos, que obligaría a desplegar mecanismos de protección y a suspender cualquier actividad pública, no lo hizo así, continuó la gira que desarrollaba en Coahuila.
¿No sabía la presidenta del operativo?
¡Pero si es la jefa de las fuerzas armadas y de todas las corporaciones de inteligencia del país!
¿Porqué no le avisaron del operativo? ¿No estaba obligada a saberlo?
Dos meses después, mientras la gobernadora de Chihuahua desarrollaba una gira en Aguascalientes, en la Feria de San Marcos, en la que nuestra entidad era la invitada, se ejecutaba el operativo en la sierra. Desde entonces dijo desconocer si en él habían participado agentes extranjeros.
¿Porqué la presidenta no estaba obligada a conocer del operativo contra El Mencho y la gobernadora sí sobre el del Pinal?
Perdida la capacidad de la autocrítica y de la autocontención y decidida a mentir para mantenerse en el poder, lo que ahora hace la administración federal puede llevar al país a una catástrofe social, que puede tener como punto más álgido la elección del próximo proceso electoral.
En eso trabajan arduamente, de ahí el clima de linchamiento, de descalificación y de sometimiento o desaparición de la oposición.
Peor aún, mientras no se desvinculen del crimen organizado, no podrán terminar con la violencia ni con la hegemonía del crimen organizado.
Lo encontrado en El Pinal es una evidencia del tamaño de la delincuencia organizada a la que estamos enfrentados.
Que allá arriba se encontraran 50 toneladas de sustancias y más de 15 mil litros de otras, con instalaciones industriales denota, más que nada, de su poderío.
En lugar de ello, tenemos a un régimen empeñado a defender, a como dé lugar, a Rocha y sus compinches.
¿Esa es la transformación que prometieron? ¿De ese ‘humanismo’ es del que estamos hablando?
—o—
MATRIMONIO IGUALITARIO.- Si el PAN pretende convertirse en opción, no basta con convertirse en el partido que resista al régimen; necesita constituirse en una opción democrática, incluso siendo de derecha. Hay bastantes ejemplos de agrupaciones de ese corte que sí lo fueron, sobre todo en Europa, sin olvidar el ejemplo de Chile en el que jugó un decisivo papel en la desarticulación de la dictadura de Pinochet.
Más allá de sus postulados ideológicos, deberá saber que hay un conjunto de mexicanos que aspiran a contar con una verdadera opción democrática y el jueves —podríamos decir que toda la semana— el panismo gobernante de Chihuahua perdió la oportunidad para mostrar que sí va en esa senda.
Se le presentó en bandeja de plata. Bastaba con aprobar la legislación para la celebración de los matrimonios igualitarios para dar una evidencia que va en ese sentido y así superar la mala imagen de ser uno de los dos únicos estados que no han legalizado esa unión.
Con Aguascalientes compartimos tan pesada losa antidemocrática.
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