Muy seguido, en la actividad política, un adversario hace el trabajo que su rival no había podido realizar, por incapacidad, desgaste o negligencia.
Eso le ocurrió a al PAN, que estaba desteñido y envuelto en pugnas internas, hasta que Morena y la 4T decidieron catapultar a la gobernadora, Maru Campos, con una acusación exagerada, maximizada y con altas dosis de manipulación política a través de la Fiscalía General de la República (FGR).
Al margen del asunto jurídico y de sus implicaciones en la relación Estado-Federación, el impacto electoral de este choque le sumó puntos a Campos Galván, que ahora ingresa al top tres de los gobernadores en México con una aprobación mayor a la que tenía antes, según la evaluación de México Elige conocida en estos días.
Durante muchos meses, el panismo chihuahuense batalló para sostener una imagen de competitividad contra el avance morenista, en medio de una administración estatal que cargaba el desgaste natural del poder, conflictos internos del PAN por la búsqueda de candidaturas, crisis de seguridad y señalamientos federales.
Pero en cuestión de semanas, la gobernadora pasó de administrar la desesperanza a ocupar un papel nacional dentro de las facciones opositoras, luego de que la Presidencia de la República, la FGR y Morena decidieran colocarla diariamente en el centro de la conversación pública.
Ayer se vio la muestra. El movimiento #YoConMaru puso a reventar el Centro de Convenciones, con Maru a la cabeza, flanqueada por los liderazgos políticos opositores más visibles del país: Jorge Romero, Ricardo Anaya, Elías Lixa, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Vicente Fox, Felipe Calderón, además de gobernadores, alcaldes, dirigentes del PAN de los estados y todas las estructuras albiazules locales.
Los panistas salieron de X (antes Twitter, su red social preferida) a fortalecer a la gobernadora. Si bien optaron por un foro controlado y no por la calle a 35 grados bajo el sol, dieron muestra de que están dispuestos a meterle color al desteñido logo.
Si el objetivo era respaldar a Campos frente al embate federal, el mensaje cumplió. Pero si además buscaban recordar que el panismo chihuahuense sigue teniendo capacidad de organización, movilización y convocatoria nacional, la fotografía de ayer también sirvió para eso. La sobreexposición trajo esa consecuencia.

***

En el plano nacional, también ha sido medida y percibida una baja en la aprobación presidencial de Claudia Sheinbaum, pero dicha caída en Chihuahua alcanza niveles dramáticos y arrastra además a Morena.
Ahora en mayo -según la métrica de México Elige, que tampoco es la referencia más fiable en relación a la 4T- la presidenta cayó en Chihuahua hasta un 29 por ciento de aprobación, la más baja de todo México.
A eso le acompaña el hecho de que, de acuerdo a lo que corre en los círculos políticos, Morena perdió los 10-12 puntos de ventaja que traía sobre el PAN a nivel estatal, para quedar entre apenas tres y cinco puntos arriba, en poco más de un mes de ataques políticos con una instrumentalizada FGR, detrás de la cual -no hace falta hurgar demasiado- existe una amalgama de intereses que nada ayudan a Sheinbaum Pardo.
A la trama debe agregarse un grave error de Morena con nombre y apellido: Javier Corral, exgobernador y expanista, quien aprovechó el momento para echarle montón a Campos, escudándose en la cercanía con Ulises Lara, fiscal de Asuntos Relevantes y vocero de los temas calientes, que tal vez recibe instrucciones de la Fiscal General, Ernestina Godoy... o tal vez la manipula en contubernio con quien Morena decidió proteger.
La 4T no calculó, entre otras cosas, dejarle cancha a Corral para meter sus sucias manos en Chihuahua, donde no puede pararse sin ser cacheteado o increpado.
El exgobernador -con una acusación vigente de corrupción por 98 millones de pesos en el estado, de la que fue salvado por el mismo Ulises en agosto de 2024- ha intoxicado con más veneno un caso que, jurídicamente, podría ser factor de escándalo y sanciones, pero que resulta ridículo al ser maximizado como pecado mortal.
Especialmente resulta cuestionable la causa contra Campos por las acusaciones que enfrenta el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, al que la FGR apenas ha mencionado por encimita en un par de comunicados oficiales, que no se comparan con los cinco en que ha descargado su furia contra la de Chihuahua.
A eso debe añadirse el escandaloso encuentro de Culiacán de la semana pasada, entre Corral Jurado y el senador morenista Enrique Inzunza, excolaborador de Rocha Moya y también acusado de narcotráfico en Estados Unidos, lo que acabó con el último centavo de credibilidad que le quedaba al traidor de los panistas.
Eso pega, especialmente aquí. La 4T intenta presentarse como una cruzada ética contra la corrupción, pero primero abraza como senador a un expanista repudiado en el estado y luego, además, lo convierte en uno de los operadores políticos más visibles alrededor del conflicto Chihuahua-Federación.
¿Quién decidió entregarle semejante protagonismo y para qué? ¿Sabía y permitió la presidenta tal dislate?

***

El problema jurídico real es menor frente a la dimensión política que se le ha dado. La mandataria no es acusada de narcotráfico ni de algún delito de gran impacto, sino de una etérea violación constitucional contra la soberanía nacional que está más en la cancha de las faltas administrativas atribuibles a subalternos y, en primerísimo lugar, a Estados Unidos, al que la 4T no le ha reclamado con la misma fuerza su intromisión.
Por eso, condenar a Campos Galván al paredón por traición a la patria parece más un recurso exagerado, una venganza, un intento de lucrar políticamente y de esconder la basura del morenismo en la montaña de desechos que también la oposición tiene.
A menos que la presidenta Sheinbaum tenga más información de algún intento golpista estadounidense a través de la CIA vía Chihuahua-Sinaloa (todo es posible en este México con un poderoso vecino inestable), no existe justificación lógica para la sobrerreacción de la 4T contra Maru Campos.
Sin ingredientes políticos, de los que no quiere prescindir la FGR, la violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional y a la máxima norma del país debería sancionarse de forma proporcional al daño ocasionado.
¿Y cuál es el daño patrimonial, al territorio o al Estado mexicano por la presunta intromisión extranjera? Nada, más allá del escándalo y de tirarse al suelo para defender, con total hipocresía, la dizque soberanía nacional, más pisoteada por los pequeños y poderosos narcoestados instalados dentro del país que por las incursiones estadounidenses, las cuales, desde luego, esconden también otros intereses.
Pero, además, es básico del sistema de justicia valorar el daño del posible delito o falta administrativa para la imposición de la pena. ¿Cuál es el daño que le hizo al país Maru Campos, como para pasarle una aplanadora por encima? ¿Y ese daño es equiparable al que le hace a México el narcoestado dentro de Sinaloa y otras entidades, que el vecino del norte además califica de terrorista? Las respuestas son sencillas.

***

En ese aspecto técnico-jurídico es donde la 4T y Morena, con la FGR de herramienta, debieron haber perdido la brújula. La sobredimensión del caso llegó a darle oxígeno al PAN, que pasó de no tener más bandera que el hueco golpeteo a la izquierda, a tener una causa para la unidad.
Porque una cosa era abrir una investigación o sostener una disputa institucional y otra muy distinta convertir a un adversario local en protagonista nacional, usándolo de escudo para aminorar el daño que ocasionan “los narcomorenos” a la propia 4T, un problema interno grave ante el que Morena insiste en cerrar los ojos.
Cada mañanera, cada declaración, cada filtración, cada citatorio, cada comunicado y cada confrontación terminaron por ayudar a fabricar algo que el PAN buscaba desesperadamente.
En Chihuahua, el albiazul necesitaba sembrar confianza en sus militantes y la población de que podía competir y hacerle frente a la ola guinda, ante la creciente morenista que sostenía, hasta hace unas semanas, que Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez o hasta un poste candidateado por el guinda ganarían la gubernatura en 2027.
A nivel nacional, el PAN requería de figuras. Y qué mejor que una gobernadora no acusada de corrupción ni de narco como otros tantos panistas, priistas y morenistas, sino de algo tan intangible como una vulneración a la soberanía, mientras la 4T camina al callejón sin salida empujada por Estados Unidos con el caso Sinaloa.
Confrontar la marcha morenista del 16 de mayo; tapizar la ciudad de anuncios contra “La Barredora” de Adán Augusto y la narcopolítica; ir de road show a México, a los medios y a la FGR, fue paso obligado, y arriesgado, de la panista, ayudada por su partido, la estructura estatal y grupos aglomerados en el #YoConMaru.
Pero pasar de la defensa política moderada a la contraofensiva total revela que ella y el panismo entendieron que el conflicto con la Federación es combustible gratis para 2027. Para que el PAN vea que los morenos no nomás le regalan combustible a la Cuba comunista.
¿Qué hará la 4T ante estas consecuencias que seguramente no eran las deseadas? ¿Le bajará dos rayitas para tratar de regresar a las condiciones de antes o insistirá en buscar, mediante una sanción penal o administrativa grave contra Maru, debilitar a un PAN que resurge gracias al morenismo más radical?