En un hogar mexicano, es frecuente que los ingresos no alcancen para cubrir los gastos del mes, lo cual obliga a recurrir a préstamos entre familiares y amigos o a la tarjeta de crédito para financiarlos. Esta situación puede ser, hasta cierto punto, normal si se trata de circunstancias temporales o coyunturales. El problema surge cuando este déficit se vuelve permanente.
Si el déficit en el hogar es recurrente durante largos períodos de tiempo, el ajuste natural que cualquier cabeza de familia haría sería suspender el mantenimiento de la casa, no comprar un auto nuevo, invertir menos en la educación de sus hijos o dejar de pagar el seguro de gastos médicos, entre otros gastos o inversiones que posiblemente no afecten de manera inmediata; sin embargo, las consecuencias sí se verán reflejadas en el largo plazo.
Lo mismo sucede con el déficit fiscal del gobierno federal.
Un déficit fiscal moderado no es un problema. Muchos gobiernos del mundo recurren a él para resolver situaciones coyunturales, como una pandemia, una baja temporal en el crecimiento económico o gastos sociales que más adelante generarán algún beneficio. Sin embargo, si esta cifra es persistente en el tiempo o incluso incremental, es natural que el gobierno deje de invertir en mantenimiento o construcción de obras de infraestructura y en educación o salud; incremente la recaudación vía impuestos o, bien, recurra a la contratación de nueva deuda para financiarlo. Esto puede ofrecer resultados positivos en el corto plazo, pero en algunos años podría reflejarse y traducirse en problemas estructurales.
Si analizamos el déficit fiscal como porcentaje del PIB en los últimos ocho años, podemos corroborar que la situación del gobierno no es muy diferente a la que enfrenta un padre de familia en cualquier hogar mexicano. El déficit fiscal promedio de México desde 1990 a la fecha había sido de 1.4 % del PIB y, en 2018, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue de alrededor del 2 %, una cifra todavía manejable respecto al promedio histórico.
Después de la pandemia, en 2020, el déficit fiscal alcanzó el 4.1 %, lo cual es natural tras una caída profunda en los ingresos provocada por una situación tan compleja. Sin embargo, según datos de la Secretaría de Hacienda, siguió creciendo hasta alcanzar una cifra récord de 5.7 % en 2024.
Al cierre de 2025, el gobierno de la presidenta Sheinbaum logró una consolidación fiscal que redujo el déficit a 4.3 % en un tiempo récord; sin embargo, quedó por encima del 3.9 % que había sido fijado como objetivo. Si bien el esfuerzo de la administración federal se reflejó en un resultado positivo, la forma en que se logró genera algunas dudas sobre las decisiones tomadas.
Al comparar enero-mayo de 2025 con el mismo período de 2024, el déficit presupuestario se redujo en 310 mil millones de pesos, mientras que la inversión pública lo hizo en 217 mil millones. Al primer trimestre de 2025, la formación bruta de capital fijo pública como porcentaje del PIB fue de 2.2 %, la más baja desde 1993; es decir, el gobierno equilibró las cuentas recortando la inversión en infraestructura, salud y educación.
En esta ecuación no podemos ignorar la enorme relevancia que tienen las dos grandes empresas gubernamentales: PEMEX y la CFE. A lo largo del sexenio de López Obrador, el gobierno federal transfirió a PEMEX más de 2.2 billones de pesos —entre condonaciones fiscales, transferencias directas y apoyo para el pago de deuda— sin obtener a cambio el resultado operativo presupuestado que daba sustento al rescate.
Al cierre de 2024, su producción promedio de crudo cayó a 1,485 mil barriles diarios, el nivel más bajo desde que existe registro en 1990 y muy por debajo de la meta de 1,745 mil barriles que la propia Secretaría de Hacienda había fijado para ese año. En ninguno de los años del sexenio Pemex alcanzó sus objetivos de producción.
Después de seis años y 2.2 billones de pesos, Pemex sigue en quiebra técnica, generando pérdidas acumuladas durante el sexenio anterior por 1.8 billones de pesos. En 2025, bajo la administración Sheinbaum, la petrolera reportó una pérdida adicional de 45,200 millones de pesos tan solo en el cuarto trimestre, lo que pone en duda la efectividad del paquete de apoyo financiero de la nueva administración.
La situación de la CFE no es más alentadora. De 2019 a 2024, la comisión operó con un déficit promedio anual de 119 mil millones de pesos antes de subsidios y transferencias, el doble del promedio registrado entre 2013 y 2018. Los balances financieros de ambas empresas muestran superávit solamente porque incluyen las transferencias del gobierno federal; al descontarlas, queda al descubierto que son empresas que no generan suficientes ingresos propios para cubrir sus costos y que dependen estructuralmente del erario para subsistir.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum enfrenta un dilema cada vez más inminente: reducir el déficit sin sacrificar la inversión que el país necesita implica reformar estructuras de gasto que hoy son intocables por razones políticas. Pemex y la CFE requieren transformaciones operativas reales; los programas sociales, cuyo valor social es innegable, necesitan evaluarse con rigor técnico y no desde el punto de vista electoral; y, tarde o temprano, se tendrán que hacer reformas fiscales de fondo para pagar el servicio de una deuda que creció sin disciplina y cuyos egresos podrían llegar al 15 % de los ingresos en 2029.
Como he señalado en columnas anteriores, el mercado no debate: cobra. Y lo que las cifras del déficit fiscal le están diciendo a México es que la cuenta de los últimos años está venciendo, y que diferirla tiene un precio que crece con cada año que pasa sin que se tome la decisión de cambiar el rumbo.
