Ayudadita, sin querer, de FGR para Maru
La amenaza LGBT para mañana jueves
“Esto le va a pasar a todo aquel que se ande brincando las trancas. Atte: Comandante X”. Así, tal cual, fue el mensaje en una cartulina verde, clavada con un desarmador en el pecho de uno de los tres cadáveres encontrados el pasado sábado cerca del Libramiento Oriente.
Los tres ejecutados, encontrados en Rancho de En Medio, habían sido levantados horas antes de Aldama; permanecieron como desaparecidos, igual que otros, muchos si se toma en cuenta el tamaño de la población en esa región del estado.
Posiblemente fueron torturados y asesinados en otro lugar diferente al sitio donde fueron encontrados, dentro de Chihuahua, pero en los límites con el municipio vecino, otrora refugio hasta para una guerra, pero hoy convertido en campo de batalla entre “La Línea” y “Los Cabrera”.
El caso acabó en la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro para estrenar a su nuevo titular, Javier Sánchez Herrera, cuando lo lógico era que lo llevara la Unidad de Homicidios de la Zona Centro. Fue así porque, según lo que dicen los investigadores, en esa trama hay otras víctimas relacionadas que pudieron ser privadas de la libertad por los responsables del crimen.
En el mensaje sobre brincarse las trancas y la firma del tal “Comandante X” es donde las investigaciones se hacen nudo, nos aseguran, porque no hay un perfil criminal público con ese apodo ni un dominio evidente de uno de los dos grupos en esa región disputada, que va desde Aldama hasta Ojinaga.
Pero la suerte que corrieron Antonio S. Ch., Jesús Andrés R. Z. y Pedro V., sin que ello implique criminalizarlos, es muestra no sólo que la tendencia al alza de la violencia sigue firme, sino que el avance hacia la capital de esa pelea tampoco ha sido totalmente frenado.
En cuanto al firmante, el nombre tiene cierta referencia a Durango, de donde son “Los Cabrera”, el grupo del Cártel de Sinaloa alineado a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo”, fortalecido con el desmantelamiento de la estructura de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La identificación oficial de las víctimas, obligada y necesaria particularmente para sus familiares, no debería ser el único avance de las autoridades investigadoras, ante el desafío que representa la reconfiguración vigente de grupos criminales en Chihuahua.
En el marco de esta última triple ejecución, por cierto, otra balacera sacudió a Aldama la madrugada de ayer, posiblemente vinculada con el caso y con recientes desapariciones de otras personas.
En el barrio de Los Tres Puentes, dos jóvenes fueron atacados a balazos, uno murió en el lugar y el otro quedó gravemente herido, para dar otra muestra del descontrol, el avance criminal y la perdida de territorios por parte de la autoridad municipal, estatal y federal.
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Entre las múltiples lecturas -profundas, superficiales y entre líneas- del citatorio que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó a la gobernadora Maru Campos, hay una que defienden los abogados de Palacio de Gobierno, con el fin de aprovechar la ayudadita que, sin querer, ya le dio el Ministerio Público Federal.
Mientras sigue en un volado la asistencia de la mandataria a declarar “como testigo” a las oficinas en Juárez de la FGR, dicen que la mala redacción de la notificación, con una fundamentación deficiente y sin necesidad de que fuera un citatorio a comparecer; y la andanada de acusaciones desde Morena, podrían servir para demostrar que un eventual proceso penal contra Campos Galván estaría viciado de origen.
Desde la visión del poder estatal, aunque las investigaciones por el caso del narcolaboratorio y la presunta incursión de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en México, a través de Chihuahua, no apuntan formalmente a la gobernadora, por ahora, es clara una intención de responsabilizarla.
Si la FGR, con todos los antecedentes mostrados hasta hoy, construye un caso para convertirla de testigo en imputada, los defectos en el procedimiento o vicios evidentes servirían a su eventual defensa.
La violación al debido proceso, que podría materializarse al citar a una gobernadora sin antes retirarle el fuero; los vicios formales, evidenciados en la redacción de un citatorio que trata a un testigo como imputado; e incluso el efecto corruptor, si llega la autoridad a incurrir en conductas ilícitas para realizar una imputación, serían elementos a considerar por los abogados de la mandataria.
Así, de continuar la FGR por el mismo camino, seguiría dándole la ayudadita a la panista en la parte jurídica de un conflicto político que, además, también podría capitalizar la gobernadora.
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Los legisladores locales de Morena, que coordina Cuauhtémoc Estrada, ni ruido hicieron con la petición de juicio político que enviaron desde el lunes a la Cámara de Diputados, para enjuiciar políticamente a Maru Campos, hasta que ayer lo hizo público la panista Kenia López Rabadán.
Saben bien los diputados morenistas que en San Lázaro tienen las de ganar, pero la última palabra deberá tenerla el Congreso del Estado, según las leyes, por lo que su petición, previsiblemente aprobada por la mayoría que tiene la 4T, pondrá a prueba las lealtades a la gobernadora de los legisladores estatales, una vez que el balón les llegue a su cancha.
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Los colectivos LGBT amenazan con protestar mañana en el Congreso del Estado si no es subido para su aprobación el dictamen que reforma el Código Civil con el fin de aceptar el matrimonio igualitario, que ya no es tema de debate sino una determinación constitucional que el conservadurismo de Chihuahua no acaba de aceptar.
Tras la fallida sesión de ayer en Juárez, reventada por el PAN al considerar que no había condiciones para la reunión debido a la manifestación de los colectivos que reclamaban la inclusión del dictamen en la agenda, llega el fin del periodo ordinario, con la última sesión mañana.
Aunque el PAN hizo el compromiso la semana pasada de subir el dictamen en las sesiones pasadas, ahora el ofrecimiento es dejarlo para un periodo extraordinario, lo que rechazan los manifestantes que, si no hay hoy al mediodía señales de cumplimiento para mañana, habrá de derivar en un circo quizás mayor al vivido en la frontera.
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En momentos donde el oficialismo federal intenta colocar bajo sospecha a la oposición, guardar distancia suele ser el camino más cómodo.
Por eso llamó la atención que el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, decidiera asumir una postura frontal y sin matices en respaldo a la gobernadora Maru Campos, y por la defensa de las libertades y la dignidad de Chihuahua.
Se vislumbra que Bonilla entendió que el debate ya no es solamente jurídico, es político, y quien no fija postura termina siendo arrastrado por la narrativa.
Morena buscan instalar la idea de un gobierno bajo sospecha, pero el alcalde de la capital decidió responder con otra narrativa: la de una administración que combate al crimen, que da resultados y que no se dobla ante la presión. “Es una batalla por la libertad de Chihuahua”, dijo, y esa frase no es menor.
Su respaldo a Maru Campos también revela otra cosa: la comprensión de que el PAN en Chihuahua solamente será competitivo si permanece unido.
El alcalde lo ha repetido varias veces: hoy la prioridad no es la disputa interna, sino defender a un gobierno estatal que considera atacado políticamente por enfrentar al crimen organizado y sostener posturas incómodas para el régimen.
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Donde las cosas están que arden es en la Jefatura de Servicios Jurídicos del IMSS.
Hicieron llegar a esta redacción la demanda presentada por un abogado adscrito al Departamento Contencioso ante el Centro Federal de Conciliación Laboral, así como diversas denuncias ante el Órgano Interno de Control de dicho instituto.
El denunciante, en los últimos meses, ha sido objeto de acoso y discriminación por parte de la titular del departamento, Sol A. P., quien carga varias denuncias de esta índole y quien ahora deberá atender las medidas cautelares que de manera inmediata decretó la autoridad para protección del denunciante.
Es sabido que desde su reciente llegada, el delegado Julio Mercado ha sido muy tajante en manifestar cero tolerancia a este tipo de prácticas, muy cotidianas para los jefes de la delegación, quienes acosan de manera reiterativa sometiendo a sus subalternos a exhaustivas investigaciones laborales con la amenaza de correrlos.
Tal es el caso que la reacción a la denuncia fue una investigación laboral para el denunciante que se desahogará mañana, como si fuera un delincuente.
Habrá que ver qué tanto punch tiene la licenciada Arceo, respaldada por su jefe de Servicios Jurídicos, Yan Jorge Vargas Serrano, de quien se rumora no sólo acosa laboralmente.
