Durante años, los mexicanos pensamos que el crimen organizado sólo buscaba dinero, rutas de tráfico y protección para operar. Sin embargo, la realidad que hoy vemos en distintas regiones del país revela algo mucho más grave: los grupos criminales ahora quieren convertirse en gobierno. En muchos casos lo han logrado.
La literatura especializada sobre la relación entre crimen organizado y poder político describe con claridad este proceso. Primero, la cooptación: los grupos criminales compran protección política, financian campañas, corrompen policías, fiscales o alcaldes, y logran operar con impunidad.
Después, la infiltración: los criminales ya no se conforman con influir desde fuera, sino que colocan personas afines dentro de las instituciones públicas para proteger sus intereses: policías, jefe de la policía, secretario de seguridad pública estatal o fiscales generales de justicia. La seguridad o justicia administrada por la delincuencia organizada.
Por último, la captura: el momento en que las estructuras criminales utilizan al propio Estado como herramienta de poder y administración de sus negocios ilícitos. En este punto, se trata —literalmente— de criminales gobernando.
Esa progresión, que hace algunos años parecía propia de novelas políticas, hoy forma parte de la discusión pública mexicana.
Las investigaciones recientes sobre lo ocurrido en Sinaloa han colocado sobre la mesa una pregunta: ¿qué ocurre cuando un gobierno deja de combatir al crimen y comienza a abrazarlo? Lo que se ha ventilado en las últimas semanas —presuntos acuerdos políticos con grupos criminales, intervención en procesos electorales, control de corporaciones de seguridad y entrega de áreas estratégicas del gobierno— no describe un problema de corrupción. Describe un proceso de captura institucional.
Y los ejemplos son cada vez más delicados.
Según investigaciones recientes, operadores criminales en Sinaloa habrían recibido control sobre juntas municipales de agua, módulos de riego y estructuras vinculadas al manejo hídrico. Es decir: el crimen no sólo habría buscado protección o impunidad, sino acceso directo a recursos públicos, presupuestos, nóminas y control territorial desde instituciones gubernamentales.
A eso se suman las acusaciones sobre acuerdos para entregar posiciones estratégicas dentro de áreas de seguridad y gobierno a personajes vinculados con grupos criminales. Si eso se confirma, estaríamos hablando no de simple corrupción política, sino de captura del aparato estatal.
Y el fenómeno no se limita a Sinaloa.
En Jalisco, el caso del alcalde de Tequila, señalado por presuntos vínculos con grupos criminales, volvió a exhibir cómo organizaciones delictivas buscan controlar gobiernos locales para operar con protección institucional. Mientras tanto, en Tabasco, las investigaciones sobre “La Barredora” revelaron algo igual de alarmante: estructuras criminales incrustadas en las posiciones más altas del gobierno estatal.
Todos esos casos comparten un mismo patrón: el crimen deja de actuar desde fuera y comienza a utilizar las instituciones públicas para ampliar su capacidad económica, territorial y operativa.
Ese es el verdadero peligro.
Porque un gobierno infiltrado por el crimen sigue siendo grave. Pero un gobierno capturado por se convierte en algo peor: una estructura pública utilizada para fortalecer intereses criminales con recursos, policías, presupuestos y facultades del propio Estado.
En otras palabras: el crimen deja de esconderse del gobierno y comienza a operar desde el gobierno.
Por eso lo que ocurre en México debe preocuparnos. No sólo por Sinaloa. No sólo por Tabasco o Jalisco. Sino porque existe el riesgo de que ese modelo intente replicarse en otras entidades del país.
Y Chihuahua no está exento.
Nuestro estado tiene características que lo vuelven muy atractivo para cualquier organización criminal. Somos frontera, líderes exportadores, potencia manufacturera y minera, y vivimos en una región donde el agua vale más que el oro.
Por eso debemos preguntarnos desde ahora qué podría ocurrir si grupos criminales intentan reproducir aquí los esquemas de captura institucional que ya vimos en otras partes del país.
En un estado desértico como Chihuahua, el control de organismos operadores de agua y sistemas de riego significaría controlar uno de los recursos más estratégicos para el futuro. No se trataría sólo de corrupción administrativa, sino de productores chihuahuenses enfrentando extorsiones de criminales encargados de administrar el agua.
Lo mismo ocurre con la minería. Chihuahua es uno de los principales productores mineros de México. Imaginemos lo que implicaría que permisos, inspecciones o cadenas de suministro comenzaran a operar bajo presión criminal desde estructuras gubernamentales.
Y pensemos también en nuestra industria maquiladora y exportadora, una de las grandes fortalezas económicas del estado. Durante décadas, Chihuahua ha construido una reputación. Pero la captura criminal del aparato estatal podría convertir regulaciones y cuerpos de seguridad en mecanismos de extorsión y control económico.
Eso destruiría inversiones, empleos y confianza.
La gran amenaza de la captura del Estado no es sólo la violencia. Es convertir gobiernos en oficinas al servicio de intereses ilegales. Es normalizar que el poder político y el poder criminal actúen como una sola estructura.
Por eso, rumbo a 2027, Chihuahua deberá reflexionar sobre lo que está en juego.
Las elecciones del próximo año no definirán únicamente administraciones o partidos. Definirán la capacidad del estado para conservar instituciones autónomas, corporaciones confiables y una economía libre de captura criminal.
No debemos caer en la ingenuidad de pensar que lo ocurrido en otras entidades jamás podría pasar aquí. Así comienzan los procesos de deterioro institucional: minimizando riesgos y normalizando señales de alarma.
Las libertades se defienden todos los días. Se defienden con ciudadanía, con participación y con una sociedad capaz de distinguir entre liderazgo auténtico y sometimiento criminal.
Chihuahua ha sido históricamente tierra de carácter, de trabajo y de defensa de la libertad. Justo por eso, debemos cuidar con seriedad el rumbo del estado.
Porque cuando el crimen gobierna, no sólo se pierde la seguridad.
Se pierde el futuro.