“¿Cuál es la verdadera labor de los abogados?

—Demostrar que un laberinto es solo una línea recta con algunos dobleces”

La premisa de que los políticos no deben actuar como abogados —o creerse juristas— es un tema de debate relevante sobre la separación de poderes y la calidad de la legislación. Parto de diversos puntos de vista:

Riesgo de improvisación y partidismo:

Se argumenta que los políticos que intentan actuar como abogados, o que buscan politizar la justicia (judicialización de la política), a menudo carecen de la formación técnica necesaria, lo que deriva en reformas apresuradas o contradictorias. Los partidos pueden poner sus intereses por encima de los de la nación, priorizando la popularidad sobre la competencia técnica.

La función de cada profesional:

Mientras el abogado busca la defensa técnica y la correcta aplicación de la norma, el político debe enfocarse en la creación de políticas públicas y en la representación social. No obstante, en muchos contextos políticos se reconoce que algunos abogados están capacitados para la manipulación partidista, lo que puede restar objetividad.

Necesidad de especialización:

Se ha señalado que cuando políticos sin formación jurídica redactan leyes, el resultado puede ser ineficiente. Sin embargo, el exceso de abogados en la política también puede limitar la creatividad y la diversidad de soluciones, ya que tienden a observar los problemas desde una perspectiva similar.

Intereses contrapuestos:

Un argumento común es que los políticos, incluso si son abogados, deben servir al interés público y no a una “rosca” de negocios o a intereses personales.

En resumen, la idea central sugiere que los políticos deben enfocarse en la gobernanza y la representación, dejando la interpretación técnica y la defensa legal a los profesionales del derecho, con el fin de garantizar un mejor funcionamiento del Estado de Derecho.

En México, y en muchos otros países, hay una gran cantidad de abogados. Basándose en un gráfico publicado por The Economist, algunos consideran que nuestro país cuenta con una de las clases políticas con mayor presencia de juristas entre sus líderes.

Puede deducirse que es lógico que muchos parlamentarios sean abogados, ya que quienes escriben las leyes deberían conocerlas. Sin embargo, un número excesivo puede terminar siendo contraproducente. Los colegas de profesión tienden a observar los problemas de manera similar y la falta de diversidad intelectual reduce la creatividad para encontrar soluciones. Además, el monopolio letrado de la política provoca que, como cualquier gremio, sus integrantes defiendan también sus propios intereses.

Son ellos quienes se benefician de sistemas económicos y legales extraordinariamente complejos, donde prácticamente todos terminan necesitando contratar servicios jurídicos. El jurista español Sala i Martín ha señalado que estas barreras y la sobrerregulación perjudican la economía —algo difícil de discutir— y, además, provocan que jóvenes talentosos se dediquen a la abogacía como una forma de “apropiación de rentas” y no a otros sectores productivos, lo que eventualmente puede llevar al estancamiento económico. Según diversos estudios, en los países donde existen más estudiantes de Derecho, el crecimiento económico suele ser menor.

Como seguidor del reputado académico, y abogado por mi parte, me hice varias preguntas: ¿es verdad que el leviatán legislativo se debe a que los políticos son abogados, se auto benefician y así defienden intereses corporativos? ¿Sobran abogados?

Tampoco es cierto que la mayoría de los políticos sean letrados, porque desconocemos su número total. Sí sabemos que existen muchos abogados en el Poder Legislativo, aunque la mayoría nunca ha ejercido realmente la profesión. Es decir, se dedican a la política, lo cual también es de suma importancia para cualquier país.

En días recientes, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, realizó en la “mañanera del pueblo” una narrativa sobre las razones por las cuales no podría ser extraditado el gobernador con licencia del estado de Sinaloa. Expresó referencias políticas sobre el tema y habló del procedimiento legal que enfrentaría ante la Fiscalía General de la República, jueces de control del fuero federal, la Fiscalía del Estado de Nueva York y, desde luego, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el mando del presidente Trump.

La consejera señaló que se investiga a Rocha Moya, quien fue mencionado por fiscales estadounidenses, aunque —según dijo— no se han presentado pruebas. Estas manifestaciones resultan incorrectas cuando se afirma que no puede haber extradición porque “no hay pruebas”.

La Fiscalía debe integrar una carpeta de investigación con “datos de prueba” por parte del Ministerio Público Federal; posteriormente se realizará la imputación ante el juez de control, quien determinará si existe o no vinculación a proceso. Es decir, el baile ya empezó. Pero si la consejera jurídica no relaciona correctamente los hechos y el derecho, los argumentos no encuadrarán jurídicamente.

Por otro lado, Luisa María Alcalde es consejera jurídica de la Presidencia; no forma parte del proceso judicial. La presidenta ha contaminado el procedimiento al revolver peras con manzanas. Esto, desde luego, no demerita sus conocimientos en Derecho.

En definitiva, no creo que los abogados sean los culpables de la hipertrofia normativa, ni necesariamente sus beneficiarios. Tampoco considero que los políticos legislen demasiado por ser abogados, sino porque son políticos. Los verdaderos letrados ejercen su oficio ayudando a resolver conflictos. Conflictos que siempre existirán.

Este proceso parece un circo de tres pistas. ¿En qué terminará? No lo sabemos. Por lo pronto, Estados Unidos está persiguiendo a funcionarios de Morena, aunque los partidos de oposición también tienen sus propios expedientes y pendientes. ¿Será otro rasero?

Por ahora, la principal abogada de la presidenta de la República es Claudia Sheinbaum.

Salud y larga vida.

Profesor por oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

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