En mi entrega anterior, abordamos el 'impuesto de papel' que el Estado impone a cualquier proyecto antes de permitirle facturar su primer peso. Hablamos de una carga que se cobra a través de trámites que parecen infinitos, plataformas digitales permanentemente caídas, criterios disparatados y dependencias que actúan como islas exigiendo, una y otra vez, los mismos documentos. Estos son los obstáculos que debe sortear, con mucha paciencia, quien decide emprender para generar bienestar propio y para su comunidad.

Sin embargo, es necesario precisar que la 'tramitomanía' no castiga a todos por igual. Mientras las grandes corporaciones cuentan con departamentos dedicados exclusivamente a la gestión administrativa, en la gran mayoría de las PyMEs el personal debe ser multipropósito: gerente, técnico y gestor a la vez. Aunque el requisito sea idéntico para ambos, el impacto es profundamente regresivo.

El costo de cumplimiento es proporcionalmente mucho mayor para el pequeño empresario, quien ve cómo el tiempo y los recursos vitales de su operación se desperdician en el absurdo intento de demostrarle a la autoridad que su empresa tiene, simplemente, el derecho a existir.

El tiempo perdido no debe verse como un insumo ordinario; en diversas industrias, es un recurso tan crítico como el cemento o el acero. Un retraso de seis meses en la espera de un permiso impacta directamente en la rentabilidad de quien financia un proyecto con créditos que ya devengan intereses. En la esfera de las PyMEs, un horizonte de espera similar es, a menudo, la diferencia entre seguir a flote o quebrar, obligando a los pequeños emprendedores a 'jugársela' avanzando en la operación mientras intentan terminar los tramites.

Para una empresa en etapa de crecimiento, el tiempo productivo es un recurso muy escaso y valioso. Cuando la autoridad impone esperas injustificadas o requisitos redundantes, está secuestrando el talento humano, quien en lugar de cerrar ventas o innovar procesos, debe fungir como gestor de ventanilla. Este desperdicio de recursos merma la capacidad de escalamiento e impacta directamente a la Tasa Interna de Retorno (TIR) del negocio, no solo por la parálisis física, sino por el altísimo costo de oportunidad de un capital humano subutilizado en labores de mensajería gubernamental.

Si bien este es un problema sistémico en nuestro país, es momento de que nuestras autoridades locales hagan una toma de conciencia profunda y realicen acciones concretas en este sentido, la tecnología ya permite que en el sector privado se puedan hacer toda clase de gestiones, incluso solicitar créditos y obtener respuesta en horas sin tener que haber pisado una sucursal bancaria; el sector público tiene ante sí la gran oportunidad de replicar esa eficiencia.

La simplificación administrativa no debe verse como un lujo tecnológico, sino como un compromiso ético para que el motor económico de Chihuahua deje de malgastar combustible en trámites y se convierta, finalmente, en el facilitador para el desarrollo que nuestro Estado demanda.