630 kilómetros de ecosistema marino dañado. Eso es lo que mide, desde satélite, el desastre de hidrocarburos que desde principios de este mes afecta el litoral entre Veracruz y Tabasco. El gobierno habla de 230 kilómetros, con impacto visual directo, e ignora el área afectada por el resto de la sustancia. La diferencia entre ambos números no es técnica: es política.
El derrame lleva casi un mes. Y la empresa que lo causó no tiene nombre público. La gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nahle, lo atribuyó primero a emanaciones naturales —un argumento que cualquier geólogo marino descartaría en 30 segundos. Luego, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reconocieron que es una empresa privada, con contratos de administraciones anteriores. Hasta ayer la empresa no había sido localizada. La FGR investiga, pero el responsable, por ahora, no existe.
Mientras se debaten las cifras, 39 comunidades costeras llevan semanas en emergencia. Más de dos mil familias —pescadores, lancheros y prestadores de servicios turísticos— perdieron su fuente de ingresos en las vísperas de Semana Santa. La veda sanitaria entré en vigor, pero no el plan para compensar a los afectados.
Pemex encabezó la limpieza y subcontrató a la empresa Maya para las playas. La arena contaminada fue metida en bolsas de plástico ordinarias y dejada en las playas. Bajo el sol, las bolsas se rompieron, el chapopote recuperó su fluidez y se fue al subsuelo, de regreso al ecosistema que supuestamente ya estaba saneado. No fue una limpieza: fue cambiar el veneno de lugar.
México ha sufrido muchos desastres petroleros, aunque las lecciones no se aprenden. Ixtoc-I vertió 3.3 millones de barriles durante 290 días en 1979; López Portillo lo administró con la narrativa de la abundancia y ocultó lo que pudo. En 2023, Pemex calificó de irrisorio un derrame en 467 km² del campo Ek-Balam. Y cuando la plataforma marina Deepwater Horizon explotó en 2010 —el mayor desastre ambiental en la historia petrolera mundial—, Calderón aceptó 25 millones de dólares de compensación para México mientras BP le pagaba al gobierno de Estados Unidos más de 65,000 millones. Los pescadores mexicanos del Golfo nunca vieron un peso.
Lo que distingue a este episodio de los anteriores no es la magnitud del daño. Es que ya no hay excusas técnicas. La imagen satelital existe, es pública, es irrebatible y documenta 630 kilómetros de pluma contaminante. Invocar las chapopoteras naturales frente a esa evidencia no es un error de diagnóstico: es una mentira cínica. Y meter arena en bolsas de plástico y abandonarlas en la playa, en 2026, con datos abiertos y vigilancia orbital disponibles, es una omisión administrativa grave.
Hay una pregunta que el gobierno lleva un mes sin responder: ¿cuál es la empresa? ¿quién la dirige? No es un dato secundario. Es el dato central. Porque sin esos nombres no hay responsabilidad, no hay sanción, no hay indemnización para las dos mil familias. Solo quedan los 400 kilómetros de diferencia entre la cifra oficial y la satelital, las bolsas reventadas y otro expediente listo para el archivo.
En México, la impunidad ambiental se archiva. Cuatro décadas, cuatro crisis, cero condenas. Ixtoc-I, el Ek-Balam, el Deepwater Horizon y ahora esto.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
