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Todos los llamados de la sociedad civil para que la fauna política deje de hacer precampañas anticipadas es como predicar en el desierto.

Resulta vano exhortar a la civilidad política a quienes andan desatados por quedarse con las candidaturas a los diversos puestos de elección popular que se juegan en 2027.

Da igual si la ley electoral federal o estatal expresa la prohibición de adelantarse a los tiempos legales para hacer precampañas o campañas, y define las sanciones en caso de ser violados dichos preceptos, ya que las sentencias de Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protegen la impunidad.

Hay una interpretación clave de las cuales se valen los violadores del espíritu de la legislación electoral para no pasarse de roscas, de no sacar ventaja a la brava: pedir explícitamente el voto.

Políticos, partidos, funcionarios y servidores públicos burlan la ley al suprimir en sus promociones descaradas la invitación al voto.

A usted estimada/o elector le pueden presentar tras barandilla a un animal, generalmente peludo, de diverso pelaje, de cuatro patas, cola, orejas, dientes, bigotes, que trepa bardas, paredes, sillones, muebles, tejados y maullando, no va a ser un gato, sí para usted, pero no para los consejeros y magistrados electorales.

Es tal malicia de quienes hoy ocupan un cargo público de elección o representación popular, o por invitación, que seguros de que les van a hacer lo que el viento a Juárez, permiten el uso de su nombre e imagen en cualquier modalidad expresa y abierta a la población, con un interés claro: la promoción política.

Cuándo se ha visto que alguien que ostenta un cargo con presupuesto a cargo del erario se inconforme y mande a bajar espectaculares, borrar bardas o impedir el reparto de propaganda alusiva a su persona, ¿cuándo?

Sería ingenuo pensar que un alcalde, diputado, secretario, funcionario público o dirigente partidista activo ignora quién o quiénes están detrás del multimillonario derroche de dinero sin origen determinado, para promover su imagen.

En este negociazo de las precampañas anticipadas no sólo se burlan de la legislación y de los tribunales en la materia, también eluden al SAT y a Desarrollo Urbano que es en todo caso el que autoriza y supervisa las estructuras para montar los espectaculares.

Las policías municipales se hacen de la vista cuando brigadas de los promovidos pintan bardas a granel, generalmente con la complicidad de la noche. No indagan si fueron autorizadas por los propietarios de los predios donde hacen dichas pintas de rostro y nombre.

No estamos hablando de cualquier travesura política, sino de un monumental fraude a la ley electoral, al fisco, a la FGE y a la FGR.

Para poner en contexto el tamaño del huachicol electoral, vamos a adentrarnos en el mundo de los dineros.

Primero comienza con la adquisición de un terreno donde construir la estructura para sostener un espectacular cuyo costo oscila entre los 3 y 4.5 millones de pesos.

En desarrollo urbano tienen los registros de los propietarios que no suman más de seis, de los 340 espectaculares activos en el caso de la capital del estado.

La renta de cada espacio, sencillo o doble oscila entre los 30 mil y 60 mil pesos mensuales.

El costo de una lona para las dimensiones de los espectaculares que saturan la imagen urbana de políticos en activo y con intenciones de alcanzar la candidatura para otro cargo público varía entre ocho y 12 mil pesos.

Aquí viene lo interesante. La renta de 20 espectaculares tan sólo en Chihuahua capital puede ascender a un millón doscientos mil pesos ¡mensuales!

¿Ya sacaron cuentas de cuánto están gastando aquellos que tienen tapizado el estado de espectaculares por meses? Mínimo cinco millones de pesos por mes.

¿Se han preguntado de dónde sale tanta lana para pagar la propaganda política fuera de los tiempos electorales? Creo que nadie en su sano juicio se tragaría el embuste de que una publicación equis hace una supuesta entrevista al interesado y tiene los billetes para pagar la descomunal cuenta de la promoción tan sólo en espectaculares.

Detrás de la promoción descarada de políticos activos para brincar a otro cargo público existen cientos de brigadas que pintan bardas, reparten dípticos, folletos, periódicos, engomados o cualquier pertrecho electoral que sirva para promocionar a una o un interesado en ser gobernador/a o alcalde/sa.

Las cifras invertidas en una precampaña anticipada, aunque no ilegal para los consejeros y magistrados electorales, elegidos, por cierto, por las mayorías legislativas, es decir, por las mismas clicas electoreras a las que pertenecen los que se pasan de roscas, deben rondar los 100 millones de pesos, bajita la mano.

¿De dónde sale tanto dinero?, no se requiere ser Pitágoras. Sólo hay dos fuentes por donde corre lana a raudales, en cantidades industriales: erario o crimen organizado.

Si usted es víctima de la contaminación visual electoral urbana que aluden a gobernantes y funcionarios públicos acelerados y que, en el peor de los casos sean elegidos, tengan la certeza de que van despelucar las famélicas arcas públicas para pagar compromisos, y el crimen organizado cobrará las facturas de las precampañas anticipadas.

Lo que pasó con los 12 años de campaña electoral de AMLO, los tres de precampaña anticipada de Claudia, los que lleva la senadora y la de algunos alcaldes reflejan la inmoralidad política de este país, esa es la razón del control de vastos territorios por parte del crimen organizado, que no terroristas, según el régimen.

Desagraciadamente hay posibilidades de que entre los aceleradossurja el próximo gobernador o gobernadora, si es que el pueblo es sordo a las alertas y se vende por migajas.

Por el curso que tomen las demandas, no se preocupen, van a terminar como la reforma judicial, en la ignominia. Baste ojear las sentencias y jurisprudencia electoral sobre precampañas y campañas anticipadas.

Es cuanto.