Ya se veía venir el duro revés que propinó la Suprema Corte de los Estados Unidos a la política arancelaria del presidente Trump, al anular por ilegales varios de los principales aranceles (un arancel es una especie de impuesto o gravamen a las mercancías) que impuso a prácticamente todos los países del mundo con los que mantiene relaciones o intercambios comerciales.

A pocos meses de haber tomado posesión como presidente de Estados Unidos (el 20 de enero de 2025), el 2 de abril de ese mismo año Donald Trump hizo un anuncio en la Casa Blanca al que llamó el “Día de la Liberación Nacional y de la Independencia Económica”, para imponer aranceles a una lista de países con los que mantiene —según dijo— saldos deficitarios en su balanza comercial, y que pretendía corregir mediante una política arancelaria coercitiva y de subordinación.

Con esa política arancelaria, Donald Trump desató el desorden, descompuso y alteró el comercio mundial, al imponer altas tasas o impuestos a las importaciones de Estados Unidos procedentes de diversos países.

Todos los gobiernos afectados pusieron el grito en el cielo. Aquellos gobernantes que discrepaban abierta y directamente del presidente Trump veían cómo de inmediato se les aumentaba el porcentaje del arancel. Era mejor no hablar para no sufrir los embates arancelarios.

Pocos países se quedaron conformes; incluso académicos reconocidos manifestaron su desacuerdo con esta política coercitiva y arbitraria. Así lo expresó en su momento Paul Krugman (Premio Nobel de Economía en 2008), quien en una columna enviada a sus seguidores señalaba que “la política arancelaria de Trump es tremendamente impopular, la más impopular de la historia, impopular como nunca antes se había visto”.

Donald Trump puso al mundo de cabeza; sólo él entendía lo que quería. Siempre manifestó que esas medidas duras al comercio mundial le devolverían a su país la grandeza que ha perdido y que, según él, sus socios comerciales le han mermado. Dejaba muy claro que su política económica se basaba en el principio de “Primero Estados Unidos”.

Los aranceles que anunció con anticipación fueron notificados mediante órdenes ejecutivas a cada país y, en muchos casos, no se respetaron acuerdos comerciales como el T-MEC, que él mismo firmó en 2020 durante su primer mandato. A sus socios comerciales, como México y Canadá, les impuso un arancel del 25% al acero y al aluminio, y del 35%, respectivamente. El pretexto para estas medidas fue el tráfico de fentanilo que, según argumentó, pasa por esos países y debería frenarse antes de llegar a Estados Unidos. Además, a los camiones importados de México les impuso un arancel del 25%.

Otro de los países que sufrió los aranceles coercitivos fue China, que, según Trump, al igual que México y Canadá, permitía el tráfico de fentanilo. Amenazó con imponerle un arancel del 100%. En contraparte, el mandatario chino, Xi Jinping, anunció que también impondría aranceles a Estados Unidos; en respuesta, Trump aumentó la tarifa a 140%. El estira y afloja se dio por ambos lados, hasta llegar a una tarifa mucho menor que la originalmente anunciada.

La arbitrariedad del presidente estadounidense también se reflejó en la imposición de un arancel del 50% al café importado de Brasil, por el hecho de mantener —según él— “injustamente” preso al expresidente Bolsonaro. La repercusión de este arancel, que parecía más una venganza política, la pagaron los consumidores estadounidenses, quienes enfrentaron un alza sin precedentes en el precio del café.

El bloque de la Unión Europea (27 países) también se vio afectado, primero con el anuncio de un arancel del 30%. Posteriormente se llegó a un acuerdo condicionado, mediante el cual Estados Unidos impondría un tope del 15% a los aranceles, siempre que Europa comprara 750 mil millones de dólares en energía estadounidense y aumentara sus inversiones en ese país en 600 mil millones de dólares.

Estas medidas coercitivas también incluyeron a Corea del Sur, a la que se le impuso un arancel del 25%, condicionado a que invirtiera 350 mil millones de dólares en territorio estadounidense, a razón de 20 mil millones por año.

Como medida anticíclica frente a esta política coercitiva, la Unión Europea e India concluyeron las negociaciones de un acuerdo de libre comercio, pese a la postura del presidente Trump. Muchos países han buscado diversificar su comercio con nuevos socios, alejándose de compromisos con Estados Unidos y dejando en aislamiento al presidente Trump.

Lo cierto es que la política arancelaria arbitraria de Donald Trump no ha convencido a más del 70% de los estadounidenses, quienes han sufrido en su bolsillo los estragos del alza en los precios de productos importados.

Con la resolución del pasado viernes 20 de febrero de 2026, en la que la Corte Suprema determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente Trump a imponer aranceles, se cierra el capítulo de su política arancelaria arbitraria y antipopular. Sin embargo, de inmediato se intentó invocar otros ordenamientos, como la Sección 122, para imponer nuevamente un arancel general del 10%.

Finalmente, ya hay 2,000 empresas importadoras en Estados Unidos que reclaman al presidente Trump la devolución de, por lo pronto, 130 mil millones de dólares. Se prevé que miles de empresas más exigirán la devolución de miles de millones adicionales por el pago ilegal de aranceles.