El cumple de Jáuregui y las alarmas en el PAN
Por interpretación literal, desgarre de vestiduras
Opacidad en relevo en derechos de autor de la SACM


En los últimos días han visto rondar en Palacio de Gobierno a las lideresas de colonias Vicky Márquez y Belén Mendoza, después de que semanas atrás protagonizaran, con unos cuantos más, caóticos cierres de calles que ponían de cabeza el Centro de la capital y sus alrededores.
Hay quienes creen que las conocidas manifestantes -de esa escuela tradicional que pega con la mano izquierda y cobra con la derecha o viceversa- representan la amenaza latente de más cierres repentinos cerca de Palacio de Gobierno, como los padecidos de manera constante desde abril y hasta principios de junio, los cuales ayudaron a sumar casi medio centenar de protestas similares en este año.
Sin embargo, nos reportan el dato de que la solución contra esos cierres injustificados, con supuestas demandas sociales sin pies ni cabeza, estuvo en el aseguramiento de la vieja camioneta de Vicky, una Chevrolet Blazer de color rojo con negro, ejecutado la primera semana de este mes.
Resulta que el vehículo utilizado para bloquear impunemente la avenida Carranza o la calle Aldama, junto con niños, cuerdas y cartulinas colgadas a manera de protesta, tiene adeudos añejos que suman alrededor de 46 mil pesos, por multas, revalidación y cargos accesorios jamás pagados por la manifestante.
Acostumbrada a estirar la mano, aseguran, hace unos tres años hizo convenio de pago con Recaudación de Rentas, pero lo incumplió. Y hasta antes de la detención de la unidad andaba tan campante por la calle, sabedora de que la Policía Vial le respetaba su "fuero".
Ahora, la "activista social" no ha podido recuperar su camioneta por más gestiones y esfuerzos realizados, pues ha topado con pared. Sí le sacan la camioneta del corralón, le dicen, pero tiene que cubrir los adeudos sin más descuento que los ordinarios en los recargos, pero todo, incluidas multas por no usar cinturón y otras infracciones que aparecen en un extenso estado de cuenta.
No quiere pagar, aseguran, pero ofrece ya no bloquear las calles a cambio de su vehículo. Lo malo es que la Secretaría de Hacienda no contempla pagos "en especie" ni la Secretaría General de Gobierno, suponemos, está dispuesta a intervenir para una negociación de ese tipo.
Así, la vieja camioneta asegurada, considerada un arma de presión política, es lo que mantiene desactivadas esas protestas en el primer cuadro de la ciudad, un verdadero dolor de cabeza para miles de personas afectadas por esas movilizaciones "masivas" de dos lideresas y unos cuantos chícharos más.

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La invitación a la fiesta de cumpleaños del exfiscal César Jáuregui, que será hoy por la tarde en un salón entre la avenida Fuerza Aérea y el bulevar Juan Pablo II, es una imagen nada típica para un eventual encuentro político. Puede verse en la edición digital de GPS.
Aparece su foto de niño y un colorido texto explicativo enmarcado por globos y confeti, encabezado por un "te invito a mi cumple", como una inocente invitación a una fiesta infantil. Nada de colores institucionales ni logos que hagan parecer otra cosa.
Sin embargo, tal vez es el encuentro político del que salga la foto que muchos esperaban, en la que el aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal aparezca rodeado de todas o casi todas las cabezas grupales del albiazul, apostados de su lado en una soterrada contienda interna que, para sus adversarios, ya está definida en contra del festejado.
Hasta Marco Bonilla deberá andar ahí.
Dicen entre los albiazules que hay ciertas operaciones políticas tanto para que vayan los invitados como para que no asistan, lo que sería reflejo de que hay alarmas encendidas en el PAN por el destino que pueda tener ese estira y afloja cada vez más evidente en el partido.
Adicionalmente, las patadas bajo la mesa, en especial contra Jáuregui Moreno, pero también entre el resto de los aspirantes con ciertas posibilidades, están que ni mandadas a hacer para generar una ruptura que sólo con operación política fina y alto nivel podría evitarse.
En tanto, las dirigencias estatal y municipal del PAN, al mando de Daniela Álvarez y Cesar Komaba, respectivamente, no han podido encauzar esa batalla librada intramuros, a pesar de supuestos esfuerzos de sentar a la mesa a todos los aspirantes y garantizarles piso parejo y nada de dados cargados.

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Deberá irse desgranando poco a poco la reforma electoral realizada recientemente, porque sólo de manera dosificada puede irse analizando, en su impacto y en las posiciones adoptadas en el seno del Congreso.
Uno de estos temas que brincan es el de la interpretación literal de las normas electorales en Chihuahua, con el cual el PRIAN pretende blindarse del TRIFE que está en manos de magistrados del acordeón en Sala Guadalajara y/o afines al cuatroteismo en la Sala Superior, con ampliación de funciones casi hasta el infinito y más allá.
Precisamente ese fue el pretexto de la propuesta panista en voz de la diputada Josselin Vega, evitar la discrecionalidad de los magistrados electorales, en su intento de sujetar a los partidos políticos -particularmente a la oposición o algún grupúsculo de Morena- a sus caprichos interpretativos.
No es nuevo esto de la interpretación literal, de hecho, lo hizo ya Morena con sus aliados a nivel federal, en la reforma judicial, causando escándalo en el foro de abogados, porque deroga la interpretación sistemática y teleológica, que la Corte, tribunales colegiados, jueces de distrito, etc., han realizado desde hace muchos años, para controlar el apetito de diputados levanta dedos.
Pues para el anecdotario, aquí en Chihuahua Morena se opuso a esa interpretación literal y el PAN, que fue crítico de la interpretación literal de la reforma judicial, la propone y la aprueba.
Ahí está el Diario de los Debates para consulta y la forma en que de un lado y otro rasgaron vestiduras, defendiendo lo indefendible, porque esa interpretación literal ya causó dolores de cabeza en la reforma judicial -véase la cantidad de contra reformas efectuadas, la más reciente, patear la elección hasta el 2028- y seguramente los causará con la reforma electoral chihuahuense.

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El pasado 23 de junio de 2026, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) emitió un comunicado que ha despertado dudas en el sector empresarial y comercial del estado de Chihuahua.
En un escueto anuncio, la Sociedad informó la conclusión definitiva de las facultades de gestión, recaudación, licenciamiento y cualquier otra actividad de representación que venían realizando en el Estado de Chihuahua los señores Giorgio Carrascona Soto y Julián Humberto Robles Sáenz, así como la empresa Asesoría en Derechos de Autor de Chihuahua, S.C., “por haber terminado su relación de colaboración con esta Sociedad".
Parece un movimiento rutinario, pero es obligado cuestionar la verdadera naturaleza de esta ruptura, ¿qué hay detrás de terminar con la "relación de colaboración"?, en un contexto donde han circulado versiones de presuntos abusos y actos de corrupción en los procesos de cobro y negociación de derechos de autor, en perjuicio de hoteles, restaurantes, antros, etc.
¿Es esta revocación una respuesta de la SACM para limpiar su imagen y proteger a los usuarios de posibles malas prácticas, o es simplemente un relevo para contener un escándalo mayor?
La falta de claridad en el anuncio firmado por el Lic. Omar Lugo Andere, Director de Licencias y Recaudación, deja en el aire si la terminación de facultades para Carrascona Soto, Julián Robles Sáenz y la empresa Asesoría en Derechos de Autor de Chihuahua, S.C., pareciera una consecuencia directa de las quejas ciudadanas.
La desautorización sugiere una ruptura tajante, pero la institución elude explicar si existieron irregularidades en el desempeño de estos representantes que motivaron tal decisión.
Limitarse a agradecer el cumplimiento de obligaciones al sector comercial mientras se ocultan las razones detrás de la salida de quienes operaron por en Chihuahua, sólo alimenta la desconfianza.
Escuetamente la SACM prometió informar "oportunamente quien será el representante legal" que asumirá estas funciones en la entidad próximamente. Mínimo.

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La decisión del alcalde, Marco Bonilla, de crear el nuevo Distrito León al oriente de la capital representa mucho más que una reorganización administrativa dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Es una buena apuesta estratégica para anticiparse al futuro de la ciudad y garantizar que el crecimiento urbano vaya acompañado de servicios públicos eficientes y una presencia policial cercana a la ciudadanía.
Un aspecto que merece destacarse es que este nuevo distrito estará encabezado por una mujer policía, quien tendrá la responsabilidad de coordinar las estrategias preventivas y de patrullaje en las 55 colonias que conforman esta demarcación. Es una muestra de que la capacidad, el liderazgo y la preparación profesional son los factores que deben prevalecer en las instituciones de seguridad.