En México persiste una idea tan cómoda como equivocada: que los territorios pueden analizarse y atenderse bajo una misma lógica económica. Esta premisa, heredada de la economía convencional, supone que los agentes responden a incentivos similares, que los mercados funcionan de manera integrada y que los factores productivos se comportan de forma más o menos uniforme. Nada más alejado de la realidad.
Los sistemas económicos y sociales del país no son homogéneos: son sistemas complejos, ensamblajes donde clima, suelo, instituciones, cultura productiva, normatividades internas y acceso a mercados pesan de manera distinta según el territorio. Ignorar esta complejidad conduce a diagnósticos superficiales y, peor aún, a políticas públicas que buscan corregir percepciones, no realidades.
Territorios distintos, restricciones distintas
El contraste entre Chiapas y Chihuahua ilustra con claridad esta diversidad estructural. Las poblaciones chiapanecas pueden tener suelos superficiales, pero cuentan con climas benignos, lluvias abundantes y ciclos agrícolas de temporal que permiten sostener sistemas productivos tradicionales con relativa estabilidad. En cambio, las comunidades indígenas de Chihuahua enfrentan suelos pobres, pendientes superiores a cinco grados, precipitaciones erráticas y escasas, heladas tempranas y tardías, y una variabilidad climática que condiciona severamente cualquier actividad agropecuaria.
Estas diferencias no son anecdóticas: definen las posibilidades reales de producción, ingreso y bienestar. Sin embargo, en el discurso público suelen reducirse a etiquetas como “poblaciones dependientes” o “incapaces de satisfacer sus necesidades básicas”, categorías que describen percepciones, no estructuras.
El peso de las instituciones y la cultura productiva
A esta diversidad ecológica se suma un factor igual de determinante: las instituciones. Arriba del paralelo 20 predominan economías abiertas, orientadas al mercado, donde la población satisface sus necesidades mediante ingresos monetarios provenientes del trabajo o del capital. Incluso en las actividades agropecuarias se produce para el mercado, no para el autoconsumo.
Abajo de ese paralelo, en cambio, persisten economías tradicionales con fuerte arraigo comunitario, sistemas normativos internos y una menor integración a mercados formales. Aunque existen segmentos urbanos con actividad comercial y de servicios, el grueso de la población económicamente activa se inserta en estructuras productivas tradicionales que cambian muy lentamente en términos generacionales. Modificar estos arreglos —tejidos con “pegamentos institucionales” y prácticas productivas prácticamente inalterables— no es un asunto de voluntad política, sino de comprensión sistémica.
El error de las intervenciones espectaculares
A pesar de esta complejidad, la política pública mexicana ha privilegiado intervenciones parciales y espectaculares: carreteras, plantas industriales, centros logísticos, parques tecnológicos. Se asume que la infraestructura, por sí sola, detonará procesos de crecimiento y asimilará a las poblaciones locales a nuevas dinámicas económicas. Pero los sistemas complejos —como advertía Russell Ackoff— no cambian por piezas aisladas, sino por la reconfiguración simultánea de sus elementos y relaciones. Una obra de infraestructura puede ser necesaria, pero nunca suficiente. Si no se intervienen al mismo tiempo las capacidades productivas, las instituciones locales, la educación técnica, la logística, la gobernanza comunitaria y los incentivos económicos, el sistema permanece intacto. La obra se vuelve un símbolo, no una solución.
La paradoja fiscal y la dependencia estructural
Esta falta de transformación tiene consecuencias profundas. Las entidades con economías abiertas generan la mayor parte del ingreso fiscal nacional, pero esos recursos no se reinvierten en sus propias economías. Bajo una lógica de solidaridad, se destinan a estados con economías tradicionales. Esto podría ser razonable si contribuyera a transformar sus estructuras productivas. Pero no ha sido así. La dependencia, lejos de disminuir, se ha vuelto estructural. No porque las poblaciones carezcan de capacidades, sino porque las políticas públicas no han intervenido los sistemas donde esas capacidades se insertan.
Un país que necesita mirarse con más profundidad
México no puede seguir diseñando políticas públicas desde la ilusión de la homogeneidad. Los territorios no son recipientes vacíos donde se vierten obras o programas: son sistemas complejos con historias, instituciones, ecologías y culturas productivas propias. Mientras la política pública siga actuando sobre percepciones y no sobre estructuras, la desigualdad territorial no solo persistirá: se reproducirá.
Reconocer esta complejidad no es un ejercicio académico. Es el primer paso para construir un país que se entienda a sí mismo.