Después de lo sucedido a partir del 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, cuando nos enteramos de un accidente en la sierra del estado en el que fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, uno de sus agentes, así como dos agentes norteamericanos que fueron identificados por medios estadounidenses como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), y de la posterior acusación contra Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos, con solicitud de extradición, todo ha cambiado de cara a las elecciones de 2027.
Chihuahua, que no figuraba en el plano nacional —al menos no como un estado relevante electoralmente hablando— pasó a ser el epicentro de la política nacional en el último mes y, con ello, un estado prioritario para la cuarta transformación rumbo a 2027, a partir de las acusaciones de “traidora a la patria” hechas contra la gobernadora por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y después de que la propia presidenta, en su discurso del domingo 31 de mayo, hiciera un llamado a la unidad nacional para defender la soberanía.
De esta manera, tanto para el PAN como para Morena, el estado de Chihuahua se convertirá en una entidad prioritaria debido al discurso y al lema de campaña que ambos partidos están configurando, ya que un triunfo de cualquiera de los dos sería interpretado como la victoria de las campañas que ya han iniciado con sus respectivos slogans: “traidores a la patria” y “narcogobernantes”.
Una derrota para Morena exhibiría indicios de debilidad del partido de la presidenta de la República y de la propia Claudia Sheinbaum, pues significaría que el señalamiento de “traidora a la patria” contra Maru Campos no solo no tuvo efecto entre el pueblo chihuahuense, sino que incluso la fortaleció. Con ello, también se reflejaría un rechazo al morenismo en el norte del país, desde donde podría estructurarse una oposición que vaya ganando terreno rumbo a 2030.
Por eso, los eventos del último mes relacionados con los casos Maru y Rocha vinieron a cambiar el tablero electoral, pues la acusación contra Rocha Moya obligaría a la presidenta y a su partido a revisar con mayor cuidado los perfiles de los candidatos que postulen, tanto para diputaciones federales y senadurías como para las principales presidencias municipales del país, como Juárez y, por supuesto, las gubernaturas; algo en lo que habían fallado y que les venía siendo reprochado por su base electoral, debido a la postulación de perfiles que no consideraban limpios, honestos ni éticos.
Por lo tanto, a diferencia de lo ocurrido en 2018, 2021 y 2024, esta vez sí pondrían lupa sobre los candidatos —para eso fue designada Citlali Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones—, a fin de evitar que aspirantes vistos como corruptos, con señalamientos de nexos con el narcotráfico o con mala imagen pública lleguen a convertirse en candidatos, aun cuando estuvieran bien posicionados.
Tampoco pasarían aquellos candidatos con investigaciones en curso por corrupción o delitos graves, no solo porque pondrían en riesgo el proyecto sexenal de la presidenta de la República, sino también la continuidad de la cuarta transformación rumbo a 2030 y, más importante aún, porque se trata de un tema de bienestar nacional: la continuidad de la 4T o el retorno de “los de antes”, con todo lo que ello implicaría para el país, incluida la soberanía nacional.
Y es precisamente el tema de la soberanía nacional —concepto sobre el cual giró el discurso de la presidenta Sheinbaum el domingo— lo que obligaría al partido gobernante a ganar Chihuahua, pues nuestro estado, como ya quedó evidenciado, es una puerta de entrada a México sobre la cual debe ejercerse el poder soberano. Y ello no es posible sin control político, siendo Chihuahua el único estado fronterizo del norte colindante con Estados Unidos gobernado por el PAN, partido al que señalan de “traidores a la patria” (Baja California, Sonora y Tamaulipas son estados morenistas; Coahuila es del PRI y Nuevo León de Movimiento Ciudadano).
De esta manera, desde mi punto de vista, la candidata que saldría fortalecida con estos acontecimientos sería Andrea Chávez para la gubernatura, quien no tiene investigaciones por corrupción ni señalamientos de vínculos delictivos y además goza de una gran popularidad; así como Juan Carlos Loera para la Presidencia Municipal de Juárez, al ser bien visto por no tener acusaciones de corrupción y ser un empresario fronterizo sin señalamientos delictivos.
Ambos, Andrea y Loera, formados en Morena y populares, garantizarían no solo competencia electoral, sino también una forma de gobernar en sintonía y lealtad con el proyecto de la 4T, al haberse desarrollado políticamente dentro de dicho movimiento, hoy partido gobernante; algo que sí es cuestionado en algunos de sus principales competidores internos.