Amparos contra caprichos de magistrados

Van gobiernos por despojos de El Mayo

Sepultado tema del acomodo en el TSJ


El domingo por la madrugada fue encontrado sin vida un adulto mayor en su casa de la colonia San Rafael, por un aparente ataque con arma blanca. Aun antes de conocerse la identidad de la víctima, el caso comenzó a mover teléfonos, mensajes y versiones dentro de las corporaciones de seguridad.

El asesinato del hombre de 71 años generó más sospechas por ciertas indicaciones para reservar la información del caso, casi como si nunca hubiera ocurrido.

Fue confirmada la apertura de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado por la gente de su titular interino, Francisco “Panchito” Sáenz Soto; y que la víctima era el padre de un agente de la Policía Ministerial, al parecer adscrito a la autónoma Fiscalía Anticorrupción, encargada a Abelardo “El Bayo” Valenzuela. De ahí en más, nada.

La vinculación familiar es un hecho cierto, confirmado luego de que, al comienzo de las diligencias, comenzó a circular entre policías y funcionarios la versión del parentesco y rumores en el sentido de que, incluso, el crimen podría atribuirse a investigaciones que tenía a su cargo el hijo de la víctima.

Hasta este momento ninguna autoridad ha confirmado esa línea de investigación. Hacerlo sería irresponsable, desde luego, pero tampoco puede ignorarse que esa versión apareció prácticamente de inmediato y desde distintas fuentes dentro del propio ámbito de la seguridad pública.

Si esas versiones son falsas, la Fiscalía tendrá que desmentirlas con claridad para evitar que un homicidio termine convertido en una historia construida a partir de rumores. Pero si existe siquiera un indicio de que el asesinato pudiera estar relacionado con la actividad profesional de un servidor público encargado de investigar delitos, entonces el caso cambia de dimensión por completo.

El asunto no sería un homicidio doloso más en la estadística mensual, en ese acelerado ejecutómetro que ya no permite profundizar en cada vida humana perdida en el estado a causa de la violencia; sería un posible mensaje dirigido a quienes participan en tareas de procuración de justicia.

La diferencia entre un escenario y otro no es menor. Por eso las autoridades tienen la obligación de esclarecer con rapidez no sólo quién mató a ese hombre, sino por qué lo hizo.

Reservar la identidad de la víctima puede ser entendible mientras avanzan las investigaciones. Lo que no puede prolongarse indefinidamente es el vacío informativo cuando alrededor del caso empiezan a multiplicarse versiones que, ciertas o falsas, terminan alimentando la incertidumbre.

El silencio jamás detiene las especulaciones, más bien las multiplica. Precisamente por eso la Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar el crimen con el mismo rigor con el que deberá desmontar cualquier versión infundada o, en su caso, confirmar si detrás de ese homicidio existe algo mucho más grave.

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Hay dos hechos concretos surgidos a consecuencia de la decisión del Poder Judicial de recentralizar las salas penal y civil de Parral en Chihuahua, con lo que los magistrados Cinthia Elizabeth Márquez y Yamil Athié ya no tendrán que ir a aquella ciudad más que de forma ocasional.

Un primer hecho, nos aseguran, es que ya en el gremio jurídico alistan las demandas de amparo contra el capricho de los magistrados que encabeza la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval.

Argumentos hay, dicen los abogados, porque los magistrados también fueron votados en las salas del Distrito Hidalgo donde eran titulares, pero ahora por sus pistolas se regresan al centro del poder político y dejan al garete 17 municipios, porque también deberían de atender los asuntos de otros distritos judiciales cercanos a Parral.

El segundo hecho puede ser más preocupante porque, según las versiones de los operadores judiciales parralenses, los que hacen el trabajo finalmente, no existe la suficiente preparación ni la capacidad técnica para esa justicia digital y remota con la que el Poder Judicial quiso justificar su “reforzamiento” de la segunda instancia, resumido en el cambio de los magistrados.

Aunque ahora todo el Poder Judicial está de vacaciones, esos dolores de cabeza que provocó en los justiciables de segunda de la zona sur del estado habrán de extenderse, junto con sus consecuencias.

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El gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo a la resolución del juez, Brian Cogan, que emitió sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada, y ordenó el decomiso de bienes y efectivo por 15 mil millones de dólares, no es el único que tiene interés en echar mano de esa cuantiosa fortuna ilegal.

Claudia Sheinbaum levantó la mano ayer en la Mañanera para que sea a través de la Fiscalía General de la República -que ha estado dormida en este y otros muchos asuntos-, que se inicie el procedimiento y solicitar al gobierno norteamericano parte de esos recursos.

Se les olvida a ambos gobiernos que hay víctimas directas e indirectas con afectaciones graves, como muerte, lesiones, mutilación, daños materiales e inmateriales, etcétera, personas que tienen acción para exigirle al gobierno que pague por su incapacidad de brindar seguridad, a través de la responsabilidad patrimonial, en el caso de México.

Uno de los casos más emblemáticos, porque no es el único, los muertos y lesionados se cuentan por miles, es el de los integrantes de la comunidad LeBaron, que ya iniciaron procedimientos para exigir la reparación integral del daño, por la masacre en Bavispe.

No solamente es un acto de justicia que reciban una compensación, sino que es una deuda de los gobiernos norteamericano y mexicano, frente a cientos de miles de víctimas, porque han sido incapaces de doblar al crimen organizado y brindar una mínima seguridad y castigo a los responsables.

Por lo pronto el juez Cogan le dijo ya a los LeBaron que deberán esperar los tiempos para en su momento mediante audiencia presentar el reclamo, en México ni siquiera hay algo cierto, sólo la transcripción de la mañanera de ayer.


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Ya no volvió a decirse nada del acomodo de los magistrados en la herradura del Tribunal Superior de Justicia, aquello que denunció la magistrada Diana Margarita Félix Sierra, utilizando adjetivos como el de que era una decisión a contentillo por parte de Marcela Herrera, la presidenta.

Fueron realizadas cuatro sesiones de los magistrados en el 2025, y han sido efectuadas cuando menos tres más -dos en febrero, una en abril y otra más en junio- desde que en enero le puso el cascabel al gato la mencionada magistrada, y nada.

El tema ha desaparecido del orden del día, por lo evidentemente banal que representa; claro, la magistrada, fiel a su estilo, tuvo una intervención con adjetivos similares, en el caso del Fondo Auxiliar de Justicia, pidiendo que no fuera a ser usada la aprobación del presupuesto como moneda de cambio para obtener favores personales.

Recuérdese que en la sesión del 15 de enero hubo desgarre de vestiduras, tratando de meter el tema del acomodo en la sesión extraordinaria, ante la silbatina general, porque siendo una reunión extraordinaria, no es posible someter a consideración ni incluir más temas que los considerados en el orden del día.

Parece que el asuntito ya quedó sepultado.

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La gira internacional en Inglaterra, encabezada por la gobernadora, Maru Campos, va bien; pero además está mandando señales claras en relación al futuro cercano de la política en Chihuahua.

La firma del convenio de hermanamiento entre Chihuahua capital y Wichita, Kansas, una ciudad considerada la Capital Mundial del Aire por su liderazgo en la industria aeroespacial, no fue solamente un acto protocolario.

Resulta positivo encontrar ejemplos de colaboración institucional entre niveles de gobierno, eso por supuesto da certidumbre a cualquier inversión. Además, la industria aeroespacial no distingue colores partidistas; exige estabilidad, confianza, infraestructura, capital humano y gobiernos capaces de construir relaciones internacionales duraderas.

Lo dijimos ayer aquí, en representación del alcalde Marco Bonilla, acudió a la gira René Chavira quien estampó la firma del Gobierno Municipal en un acuerdo de carácter internacional, sentado al lado de la gobernadora Maru Campos y de autoridades diplomáticas, académicas y empresariales de alto nivel.

Desde hace meses, se sabe que René Chavira figura como el suplente que es de Marco Bonilla para asumir la Presidencia Municipal cuando el alcalde solicite licencia para disputar la gubernatura.

Por ello, verlo encabezando este tipo de responsabilidades internacionales inevitablemente alimenta la percepción de que su eventual llegada a Presidencia Municipal ya no es vista únicamente como una posibilidad jurídica, sino como una transición que comienza a tomar forma en los hechos.