¿Cuál mano negra ve Morena en Poniente 5?
El lado B de las campañas políticas
Dilema ético el de diputada litigante

Ya es sabido que también el gobierno federal no ha estado entregando al Municipio de Chihuahua la totalidad de las participaciones federales que por ley le corresponden.
No se trata de un apoyo extraordinario, ni de un favor político, son recursos establecidos en la legislación, previstos en la planeación financiera municipal y destinados a sostener servicios, infraestructura y programas que benefician directamente a la ciudadanía.
Hace apenas unos días, el alcalde Marco Bonilla advertía que la reducción rondaba los 60 millones de pesos. Sin embargo, las cifras actualizadas de la Tesorería Municipal revelan un panorama todavía más preocupante: el faltante ya asciende a 121.56 millones de pesos durante lo que va del año.
Junio fue el golpe más severo. Tan solo en ese mes dejaron de llegar 42.3 millones de pesos, cantidad que se suma a los recortes registrados en enero, marzo y mayo, cuando tampoco fueron depositados los recursos que correspondían a la capital. Es obvio que pretenden afectar al alcalde sin pensar que la afectación es a los chihuahuenses.
Más de 120 millones de pesos representan pavimentaciones, alumbrado, parques, seguridad, mantenimiento urbano y servicios públicos.
Son recursos que estaban considerados para atender las necesidades de una ciudad que continúa creciendo y que exige cada vez más infraestructura.
Lo paradójico es que, mientras desde el Gobierno Federal se reduce el flujo de recursos hacia los municipios, desde la bancada de Morena en el Congreso del Estado también se obstaculizan mecanismos para compensar esa falta de liquidez. Ahí está el caso del crédito solicitado para financiar la construcción de la Poniente 5 del que hablaremos más adelante.
La contradicción resulta evidente: por un lado llegan menos recursos desde la Federación y, por el otro, se intenta impedir que el Municipio acceda a una fuente de financiamiento para seguir construyendo la infraestructura que la ciudad necesita.
La pregunta es inevitable: si no llegan las participaciones completas y tampoco se permite contratar financiamiento para obras de largo plazo, ¿cuál es entonces la alternativa que proponen quienes hoy se oponen?
Mientras el debate político continúa, los números hablan por sí solos. Son 121.56 millones de pesos que Chihuahua capital dejó de recibir. Ese dinero no pertenece a un gobierno ni a un partido, pertenece a los ciudadanos que pagan impuestos y esperan mejores vialidades, más seguridad y mejores servicios.

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El coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, ha optado por dilatar semana a semana la decisión de apoyar o no la solicitud de un crédito por 150 millones de pesos para la administración municipal del panista Marco Bonilla, que habría de destinarse precisamente al arranque del bulevar Poniente 5, en el poniente de la ciudad.
Desde el alcalde hasta la tesorera Amanda Córdova; desde el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, hasta la titular del Instituto Municipal de Planeación, Alondra María Martínez, han salido a explicar la relevancia del proyecto y cada peso que habría de invertirse, emparejado por el Gobierno del Estado, de acuerdo con el compromiso de la gobernadora, Maru Campos.
Sin embargo, Estrada ha intentado sembrar dudas, sospechas, temores. Ha extendido los cuestionamientos a Bonilla, desde la necesidad de contratar deuda para una obra hasta el gasto de excedentes de ejercicios pasados y quiénes serían beneficiarios inmobiliarios del trazo del nuevo periférico.
Primero, los señalamientos del líder de la bancada morenista parecían estar en el terreno de lo razonable: si la inversión es menor (menos de medio punto porcentual del presupuesto municipal), por qué no hacerla con recursos propios; y por qué tanto interés de realizar un proyecto que no habrá de ser finalizado, como si la intención de hacerlo fuera para beneficiar a especuladores con las tierras de la ciudad.
Pero luego, los cuestionamientos al gasto de años pasados ya fiscalizados y la postura en apariencia irreductible a pesar de las justificaciones técnicas del proyecto en una ciudad que demanda soluciones urgentes de movilidad, empezaron a percibirse como mero pretexto para fundamentar una negativa básicamente política.
¿Realmente ve Morena alguna mano negra en el Poniente 5 o es mera estrategia electorera para justificar su rechazo si la solicitud de crédito llega a subirse al pleno del Congreso del Estado? Esa es la pregunta tanto entre funcionarios municipales como en el sector privado, que ha presionado a las autoridades para invertir en proyectos de mayor beneficio para la capital.
La cerrazón a discutir el tema de forma transparente y sin pretextos genera más bien sospechas del morenismo, de que sus grupos internos no ven más allá de la contienda de 2027, cuando la inversión que puede comenzar desde ahora sería un beneficio de largo plazo.

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La historia política suele escribirse con los datos duros de cada momento, básicamente quién ganó y quién perdió, pero casi nunca con lo ocurrido entretelones, que realmente es lo que conduce a los resultados.
Las campañas electorales están llenas de decisiones tomadas de madrugada, apuestas imposibles, crisis que nunca llegaron a ocupar titulares y personajes que, sin aparecer en la boleta, terminan por inclinar la balanza.
Ese es el territorio que explora Anecdotario Político, libro promovido por la Asociación Internacional de Consultores Políticos Digitales que hoy a las seis de la tarde será presentado en el Salón 25 de Marzo de Palacio, por el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña y el jefe de los diputados del PAN, Alfredo Chávez.
La obra reúne las experiencias de consultores que decidieron abrir, aunque sea un poquito, la puerta de los “cuartos de guerra”, donde son diseñadas estrategias, se enfrentan conflictos internos y se toman decisiones que después marcan el rumbo de gobiernos y partidos.
Entre esas historias aparecen algunas de Chihuahua, relatadas por Luis Rubén Maldonado, exvocero oficial y articulista prestigiado, quien recuerda dos episodios que marcaron su trayectoria: la accidentada construcción de la candidatura del panista Marco Bonilla en 2021, cuando pocos apostaban por él; y la ríspida elección interna del PRI de 2007, cuyas consecuencias trascendieron la contienda y modificaron la estructura del poder estatal.
Más allá de simpatías partidistas, el valor del libro está en documentar aquello que normalmente se pierde en las charlas informales. Porque la actividad política real no puede comprenderse solamente desde los discursos o los resultados electorales, sino también desde las decisiones silenciosas, los errores, las coincidencias, las fricciones, los choques y las estrategias que rara vez llegan a los archivos oficiales.
Es el lado B del cassette -sirva la referencia vintage para los conocedores- de las campañas electorales, que debe ser escuchado para comprender de mejor manera la realidad política alrededor.

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El caso del joven estudiante, Carlos Daniel Rodríguez Sáenz, quien perdió la vista tras un accidente derivado de prácticas de fundición de aluminio en un domicilio particular, se encuentra actualmente bajo litigio ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua.
El tema llegó a los togados administrativos en el expediente 367/2026-2, tras declararse improcedente un reclamo inicial de responsabilidad patrimonial prejudicial que exigía 40 millones de pesos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech), como reparación del daño. Cuando menos el 30% de ellos van a las bolsas de los abogados.
En este contexto, la diputada morenista, María Antonieta Pérez Reyes, formuló una serie de preguntas de trámite ante el pleno del Congreso del Estado dirigidas al Cecytech, cuestionando la postura y los protocolos de seguridad de la institución, que fueron respondidos el pasado lunes, en un documento que tenemos en nuestro poder.
En dicha respuesta, la Dirección General del subsistema educativo, a cargo de Adriana Ruiz Ramírez, evidenció en el oficio D.G. 215/2026 que la legisladora figura formalmente como persona autorizada y representante de la parte actora dentro del expediente judicial en curso.
El hecho de que un diputado utilice las herramientas de control y fiscalización del Poder Legislativo para interrogar a una contraparte en un litigio activo donde participa como representante plantea un serio dilema ético sobre la función pública.
Desdibuja la línea de la imparcialidad que debe mantener un servidor público, convirtiendo un mecanismo de rendición de cuentas en un instrumento de presión para un litigio de orden privado.
Al menos, eso parece.