La reforma electoral presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ante el Congreso es una iniciativa amplia, profunda y que reconfigura prácticamente todo el sistema electoral mexicano.

La propuesta se articula en diez grandes cambios.

Primero, lo que tiene que ver con la integración del Congreso. Se mantienen los 500 diputados, pero cambia la forma de elegirlos: 300 seguirán siendo de mayoría relativa y los otros 200 se asignarán bajo una nueva fórmula que incluye a los llamados “mejores perdedores”, listas por circunscripción y ocho curules para mexicanos en el extranjero. En el Senado, el número total se reduce a 96 integrantes.

Segundo, la reducción del gasto electoral. Se plantea recortar 25 % del costo total de las elecciones, disminuir el financiamiento a los partidos y ajustar los sueldos de los altos mandos electorales. También se propone reducir el número de regidores en los municipios.

Tercero, la desaparición de los OPLES, los organismos electorales estatales. Todas sus funciones pasarían al INE, que se convertiría en un árbitro totalmente centralizado.

Cuarto, la eliminación del PREP, el sistema de resultados preliminares que conocemos desde hace más de dos décadas. El cómputo quedaría exclusivamente en manos del Estado.

Quinto, la apertura al voto electrónico, un tema que divide opiniones por sus ventajas tecnológicas, pero también por los riesgos en materia de seguridad y confianza.

Sexto, una nueva fórmula de representación que, según especialistas, podría permitir que un partido con alrededor del 40 % de los votos alcance hasta el 70 % de los escaños. Este punto ha encendido el debate acerca de la sobrerrepresentación.

Séptimo, la eliminación de la reelección inmediata para legisladores y autoridades municipales, así como la prohibición de que familiares directos puedan sucederse en el cargo.

Octavo, límites temporales: varios de estos cambios tendrían vigencia hasta el año 2030.

Noveno, la recentralización del proceso electoral. Exconsejeros del INE han advertido que esta reforma podría significar el fin de la ciudadanización lograda desde los años noventa, devolviendo al Estado la organización, el conteo y la validación de las elecciones.

Décimo, el rediseño del financiamiento político, con mayores controles y menos recursos públicos.

Hasta aquí el contenido. Pero la otra pregunta es: ¿qué posibilidades tiene de aprobarse?

La reforma requiere mayoría calificada. Y aunque la oposición ha anunciado su voto en contra, la correlación de fuerzas cambió con una noticia relevante: el Partido del Trabajo recibirá 828 millones de pesos para los CENDIS, sus Centros de Desarrollo Infantil. Analistas interpretan este movimiento como una señal de alineamiento político que podría asegurar los votos necesarios para que la reforma avance sin modificaciones.

En resumen, estamos frente a una iniciativa que no solo ajusta reglas, sino que redibuja el sistema electoral mexicano. Para algunos, moderniza y reduce costos; para otros, concentra poder y debilita contrapesos. Lo cierto es que, si se aprueba tal como fue enviada, cambiará la manera en que votamos, cómo se cuentan los votos y cómo se distribuye el poder político en el país.

Mientras tanto, la falta de liderazgos políticos en los partidos de oposición los mantiene como espectadores y no como protagonistas, como debería ser en un ambiente democrático. Ojalá que los debates que se presenten en la Cámara impidan el regreso del centralismo y se mantenga la ciudadanización de los procesos… ojalá.

Gilberto Loya Chávez, de la SSPE

continuidad del proyecto centinela

En materia de seguridad, Chihuahua muestra avances parciales, pero sigue enfrentando un problema estructural de violencia, particularmente ligado al crimen organizado, la desigualdad y la cobertura territorial limitada.

Autoridades estatales han informado reducciones porcentuales en homicidios (entre 17 % y 19 % en distintos periodos), así como descensos en robos de vehículos y a vivienda.

Sin embargo, los propios análisis advierten que la percepción ciudadana de inseguridad sigue siendo alta y que la reducción estadística no ha sido suficiente para cambiar la sensación de riesgo, especialmente en regiones fuera de las grandes ciudades.

En diálogo con los editorialistas María de los Ángeles y Ernesto Avilés, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, dio a conocer su trayectoria profesional de más de 25 años en materia de seguridad pública. Reiteró que el gobierno de Maru Campos es el más efectivo en reducción de delitos, por su compromiso con la ciudadanía para devolver la paz y la tranquilidad, además de que el Proyecto Centinela debe quedar en las mejores manos para darle seguimiento y no desecharlo simplemente porque no se le entiende.

El Proyecto Centinela es un sistema integral de videovigilancia, inteligencia y reacción, con 13 subcentros regionales y una sede principal conocida como Torre Centinela, ubicada en Ciudad Juárez.

El contrato para su construcción y equipamiento fue firmado el 6 de julio de 2022, bajo modalidad plurianual, por un monto de 4,709 millones de pesos, IVA incluido.

La Torre Centinela debió concluir originalmente en enero de 2024. A mediados de 2025, el avance físico reportado era de aproximadamente 74 %, lo que implica más de un año de retraso.

La fecha contractual vigente de conclusión se mantiene en el 31 de agosto de 2027, sin ampliaciones formales, según la SSPE.

La empresa responsable, Seguritech, fue multada con 1 millón 922 mil 945 pesos por retrasos en la obra durante el cuarto trimestre de 2023.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó retrasos reiterados, bienes y servicios pagados pero no entregados, así como deficiencias en la aplicación de penas contractuales. Derivado de estas auditorías, la empresa podría enfrentar sanciones acumuladas cercanas a los 98 millones de pesos, monto aún sujeto a procesos legales y de conciliación.

Según la ASE, no se comprobó la entrega de 163 arcos carreteros, 9 filtros Centinela, 1,643 equipos de videovigilancia, 239 drones y subcentros en Ojinaga, Bocoyna, Madera y Nuevo Casas Grandes.

Este retraso y la falta de entrega de lo programado no son responsabilidad del secretario Gilberto Loya. La Auditoría Superior del Estado ha estado cumpliendo con lo que establece la ley y actualmente mantiene multada a la empresa con más de un millón de pesos.