Aprieta IP por municipalización vial

Flores para Maru de Alito

Bonilla asume en su discurso liderazgo del PAN

La Normal Rural Ricardo Flores Magón de Saucillo vuelve a estar en el centro de la polémica por su curso de inducción al que son sometidas las jovencitas, casi niñas, como ocurre prácticamente cada año, tras lo cual aparecen dos relatos que parecen imposibles de conciliar.

De un lado están las madres y padres de familia alarmados por llamadas de auxilio de sus hijas, que hablan de actividades extremas durante la madrugada, crisis nerviosas, restricciones para abandonar el plantel y condiciones que consideran inaceptables para alumnas que apenas ingresan a la institución.

Del otro están las propias estudiantes y una directiva educativa que se hace de la vista gorda hasta que le explota el curso de inducción en la cara.

Las normalistas, que aparecen encapuchadas con mensajes en redes al estilo de esos grupos clandestinos, piden mantener el curso como parte esencial de la formación de las novatas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya intervino ante la presentación de dos quejas formales y otras manifestaciones anónimas. Un visitador acudió al hospital donde fue atendida una aspirante y posteriormente acudió a la propia Normal de Saucillo, a partir de lo cual fue emitida la cautelar que suspende el curso mientras se revisan las condiciones de seguridad.

El tema, pues, va más allá de discusiones en redes o acusaciones mediáticas, porque una autoridad constitucional ya consideró necesario intervenir. Pero tampoco sería correcto reducir todo el asunto a la versión de los padres.

Las alumnas aseguran que buena parte de lo difundido es falso o, cuando menos, está presentado fuera de contexto. Hablan de “notas amarillistas” y reclaman su derecho a explicar qué ocurre realmente dentro de la Normal.

Las estudiantes defienden aquello mismo que sus detractores consideran problemático. Limpieza de dormitorios e instalaciones, comisiones, trabajo colectivo, disciplina, horarios, actividades físicas y convivencia bajo un reglamento común.

Para quienes defienden la tradición normalista, todo eso forma parte de una educación que busca precisamente romper con el individualismo y formar maestras capaces de trabajar colectivamente; para quienes cuestionan el modelo, la pregunta es dónde termina la disciplina y comienza el abuso, las violaciones a los derechos humanos.

La Normal Rural Ricardo Flores Magón de Saucillo no es una escuela cualquiera. Junto con otras normales rurales mexicanas tiene una historia política, social y educativa muy particular, con décadas de una identidad colectiva extraordinariamente fuerte, con estructuras estudiantiles organizadas y una cultura interna que difícilmente puede entenderse desde afuera.

Por eso, con más razón, es necesaria una intervención oficial concreta que le permita al modelo evolucionar hacia la transparencia, con el fin de terminar el falso dilema entre “las normalistas” y “los padres de familia” que resurge año con año.

¿Estarán a la altura de ese desafío las autoridades educativas federales y estatales?

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Al interior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al mano de Leopoldo “Polo” Mares Delgado, afinan una propuesta sobre un tema que siempre ha sido polémico, el de municipalizar la función de la seguridad vial, concesionada al Gobierno del Estado a pesar de ser facultad constitucional de los gobiernos locales.

Dicen que han trabajado a fondo en un modelo que permita acabar con ese esquema en el que los municipios “ceden” el renglón de la regulación del tránsito vehicular (Policía Vial, áreas administrativas y de infraestructura) a la autoridad estatal, debido a que jamás los gobernadores, desde hace muchos sexenios, han querido soltar la caja millonaria que representa ese ramo.

Aunque la disposición de la máxima norma nacional y la lógica apuntan a que la Policía Vial debe ser del orden municipal para mejorar su gestión, con mejores vialidades, señalización, multas y demás, Chihuahua es la excepción en la capital, Ojinaga y Ahumada, mientras el resto de los municipios no tienen el peso estatal encima.

El Gobierno del Estado, sin embargo, en múltiples administraciones se ha negado a entregar el área porque no tiene otra alternativa de recaudación de esos recursos que perdería, así que por sexenios ha fracasado cualquier intento de llegar a una nueva normalidad y con ello tener un desarrollo vial más ordenado en la ciudad.

Por esos antecedentes, el CCE mantendrá su propuesta a fuego lento, hasta que haya candidatos del PAN y Morena a la gubernatura, a ver si puede sacarles el compromiso y no nada más escuchar los bonitos discursos de campaña que ya deben estar preparando.

Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla, los punteros para llegar a la carrera, han sido alcaldes, así que deben tener claro el problema de municipalizaciones abortadas. Así que seguramente los empresarios esperarán a sus designaciones oficiales para buscarlos.

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Serán bastantes sesiones y sobre todo complejas las que le tocará conducir como próxima presidenta del Congreso del Estado a la diputada del PAN, Joss Vega, entre ellos la votación para sacar adelante la reforma legal y poder elegir a un fiscal general del Estado, autónomo.

También el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2027, sin restar mérito a la operación política que el coordinador de la mayoría, Alfredo Chávez, debe realizar y lograr los votos necesarios en el Pleno.

Si no fuera poco, empieza a cocinarse otra reforma a la Constitución Local y a las leyes locales, para que el Auditor Superior del Estado tenga fuero constitucional al momento de tomar protesta del cargo.

Hay una iniciativa de los chiquipartidos, presentada apenas el 13 de agosto pasado, por Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, y el Verde, firmado por Francisco "Pancho" Sánchez, América Aguilar, Alma Portillo y Octavio Borunda, para ello.

En el caso del Auditor Superior del Estado, tanto él -actualmente Héctor Acosta- como el secretario de la Función Pública y la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, son los tres cargos que no tienen fuero y que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, el resto, los presidentes del ICHITAIP, del TEJA, del Tribunal de Disciplina Judicial y Fiscal Anticorrupción, cuentan con esta protección constitucional.

Inexplicable que la persona responsable de jalarle la rienda a los funcionarios mal portados administrativamente o de plano delincuentes, carezca de esa protección, no de ahorita, sino desde que fue diseñado el puesto.

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Ya tenía más de dos años que no venía Alejandro Moreno “Alito” a la entidad, exactamente desde las campañas del 2024, cuando sostuvo reuniones privadas con los liderazgos locales del alicaído Partido Revolucionario Institucional.

Ayer el 99 por ciento del discurso fue para atacar a Morena, duro y a la cabeza, con adjetivos mil. Narco partido fue lo más ligero que dijo. Se mofó de Andy, “le quitaron la visa pero no pudieron quitarle lo p…$%//%%&”.

Lenguaje florido hacia el partido gobernante, del otro lado, hacia Maru y Bonilla, flores mil. Mujer valiente y echada para delante, dijo de la gobernadora. “He sido solidario con ella como nadie”, resaltó.

Del alcalde de Chihuahua se refirió como Marco, y de Maru, anticipó que tendría una reunión privada.

Dio el espaldarazo a ambos, gobernadora y alcalde de la capital, anticipando que van en alianza y que es la única forma de evitar la llegada de Morena.

La jornada estuvo larga. La rueda de prensa fue a las nueve de la mañana, puntual, de ahí a unas reuniones privadas y luego la toma de protesta de los defensores de Chihuahua.

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Frente a cientos de jóvenes panistas de todo el estado, Marco Bonilla no habló como alcalde, sino como coordinador político estatal del PAN y, sobre todo, como uno de los principales actores en la elección de 2027.

Durante el Encuentro Estatal de Acción Juvenil Chihuahua, Bonilla lanzó un mensaje sin rodeos: Morena se puede vencer y Chihuahua ya demostró que es posible.

El alcalde puso sobre la mesa una comparación que seguramente dará de qué hablar en los próximos meses: Chihuahua capital frente a Ciudad Juárez. Seguridad, infraestructura y resultados fueron los tres terrenos donde Bonilla marcó distancia con los gobiernos morenistas.

“Debemos defender a Chihuahua”, fue el llamado, acompañado de una advertencia sobre lo que significaría para el estado un cambio de rumbo político.

Y ahí apareció nuevamente una referencia histórica que para el panismo chihuahuense tiene un peso especial: el Verano Caliente, aquella etapa que marcó la lucha democrática del PAN en Chihuahua.

Bonilla parece estar apostando a recuperar precisamente ese espíritu: una generación joven que no dé por perdida la batalla y que salga a defender en las urnas el modelo de gobierno que, desde su perspectiva, ha dado resultados.

Con Maru Campos presente y haciendo también un llamado a la unidad, el mensaje tuvo otra lectura: el PAN comienza a cerrar filas y a preparar a su estructura para una elección que, desde ahora, se perfila como una auténtica batalla por Chihuahua.