Las redes sociales no mienten, porque además son las y los propios aspirantes quienes “suben” o al menos autorizan las publicaciones que aparecen promocionando sus acciones, la gran mayoría plagadas de elementos que pudieran constituir cientos de demandas tanto por el uso de recursos públicos para la promoción personal y hasta el realizar actos anticipados de campaña.

Dos ejemplos: en diversas fotografías publicadas en sus redes sociales, la diputada Brenda Ríos de Morena porta al igual que sus auxiliares chalecos con la leyenda “Bienestar”, desde luego de color guinda, y aunque no se trata del uniforme que utilizan los encargados de los programas sociales del gobierno federal son idénticos; otro caso, la diputada local del PAN Nancy Frias, que sin ningún rubor reparte despensas con los logotipos del gobierno del estado, que al parecer ya se les olvidó imprimir la leyenda de que están prohibidos entregarlos con intereses políticos o personales.

Y ya no hablemos de todas y todos los aspirantes del partido que me ponga que se pasean por todo el estado con el uso de vehículos y hasta recursos oficiales como escoltas, promocionado su imagen en busca de ser electos como candidatos para las próximas elecciones.

Se fue la oportunidad en la famosa reforma electoral de atender este y muchos otros elementos que los políticos prefieren mantener asi, seguir actuando en la opacidad y en esos recovecos legales que les permiten no sólo el empezar campaña cuando quieren, y lo mas grave el destinar recursos materiales y humanos a su antojo.

La realidad política ha convertido la ley electoral en un mero documento de sugerencias. La promoción adelantada y el uso de recursos públicos para fines electorales se han normalizado bajo el cobijo de la simulación legal, revelando una profunda fractura en nuestro sistema democrático.

La ley es clara respecto a cuándo deben iniciar las precampañas y campañas, y prohíbe el uso de la investidura pública, el presupuesto y los canales institucionales para el posicionamiento personal o partidista. No obstante, la clase política ha perfeccionado el arte del disimulo.

A través de "asambleas informativas", "recorridos de trabajo", publicación de libros o entrevistas a modo pagadas y que luego se convierten en promoción en “espectaculares” con recursos de dudosa procedencia, eso sin mencionar las entregas de apoyos y servicios, es lo común que se ha observado en los últimos días.

Estas campañas perpetuas generan una ventaja indebida frente a cualquier contendiente que respete los tiempos oficiales, transformando la elección en una carrera donde algunos competidores arrancan kilómetros por delante de la línea de salida, y no sólo eso, nadie vigila la cantidad ni procedencia de los recursos que se utilizan.

Y es que el verdadero agravio a la ciudadanía no es solo el adelanto de los tiempos, sino quién lo financia. El desvío de recursos no siempre ocurre en maletines de efectivo; desde el uso y abuso de servidores públicos y operadores gubernamentales que dedican sus horas laborales a la logística de eventos proselitistas; la utilización de programas sociales o logros de gobierno como plataforma de promoción personal en espectaculares, redes sociales y medios de comunicación y claro, la movilización obligada de trabajadores del Estado o beneficiarios de programas gubernamentales para simular músculo político.

Cuando el árbitro electoral intenta intervenir, se enfrenta a un laberinto de amparos, vacíos legales y lagunas normativas deliberadamente dejadas por los propios legisladores.

La denuncia que interpuso la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en contra de la senadora Andrea Chávez no deja de ser un ejemplo de cómo los mismos políticos a sabiendas de que todos hacen lo mismo, tratan de de voltear la ley nomas a su lado.

El 12 de febrero de 2026 en sesión extraordinaria, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral desechó dos procedimientos sancionares contra la senadora Andrea Chávez por actos anticipados de campaña, al no encontrar elementos suficientes en las denuncias promovidas por el PAN.

Pero, posteriormente el 27 de marzo el mismo Instituto Estatal Electoral emitió medidas cautelares para el retiro de presunta propaganda irregular atribuida a la senadora Andrea Chávez, derivado de denuncias presentadas por el mismo PAN.

Y para que referir las declaraciones de la Comisionada Presidenta del IEE Yanko Durán en el sentido de que la Ley como se encuentra no puede hacer nada por los múltiples actos anticipados de campaña que se han están registrado.

La reciente aprobación del "Plan B" en materia electoral fue un desgaste monumental de energía política que, paradójicamente, no resolvió el problema del proselitismo anticipado.

En lugar de blindar los recursos del Estado y endurecer las sanciones contra los actos fuera del proceso electoral, el debate de las últimas reformas se centró casi exclusivamente en la reestructuración administrativa del árbitro electoral y en la flexibilización de lo que se considera "propaganda gubernamental". Al intentar redefinir estos conceptos, se abrió aún más la puerta para que los funcionarios puedan intervenir en el debate público y promocionarse bajo el argumento de la libertad de expresión institucional.

Ante la cercanía de la definición de los partidos por sus candidatos, veremos en los próximos días violaciones mas claras a la Ley Electoral, y lamentablemente también veremos como la autoridad simplemente se tapa los ojos.