La historia de Venezuela ha sido, en las últimas décadas, un relato lleno de problemas políticos y de un deterioro profundo de su estructura democrática. Desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, esta nación ha visto cómo se han ido erosionando los pilares que sostienen los derechos humanos, el Estado de derecho, la división de poderes, y los procesos electorales libres, auténticos y transparentes.
Posteriormente Nicolás Maduro, ha marcado una huella de autoritarismo que, desde hace algunos años, ha puesto en jaque la estabilidad y la paz del país, sobre todo por el fraude electoral de 2025 donde Edmundo González ganó la elección, pero las autoridades electorales controladas por Maduro le negaron el triunfo. Previamente, las autoridades judiciales, también controladas por el régimen, le habían negado el registro arbitrariamente a María Corina Machado para participar en las elecciones.
La llegada de Maduro al poder en 2013, tras la muerte de Chávez, no trajo consigo el desarrollo político y económico del país, sino que profundizó las heridas abiertas. La violación del orden constitucional, la represión de manifestaciones, el control de los medios y una convulsión social que ya dejó centenas de muertos en 2017, son algunos de los indicios claros de una crisis humanitaria, política y económica sin precedentes. El informe de la Corte Penal Internacional y las acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro son un reflejo de la gravedad de la situación, que hoy pone sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar internacional para proteger a su población.
El panorama internacional es complejo. La OEA, la ONU y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación y en algunos casos han cuestionado la legitimidad del régimen. La decisión de Venezuela de abandonar la OEA en 2017, en respuesta a las presiones, fue una maniobra para escapar del escrutinio internacional; en aquel entonces la OEA reconoció a Juan Guaidó como presidente, pues según esta organización internacional, había ganado las elecciones.
La OEA ha descrito la situación de Venezuela durante el régimen de Maduro: uno de los índices más altos de delincuencia en el mundo; el enfrentamiento entre poderes del Estado; corrupción, violencia y pobreza; jueces y magistrados nombrados con base en méritos partidistas; y, uso los órganos electorales para favorecer a un partido de Estado.
En materia de derechos humanos la OEA también señala: ejecuciones sumarias de opositores por parte de fuerzas armadas; persecución de ciudadanos por ejercer su libertad de expresión; procesos penales y administrativos a directivos de medios de comunicación; y, control, opacidad y discrecionalidad de licencias de difusión. Otras acciones del régimen son el desconocimiento de la Asamblea Nacional, represión y control absoluto sobre las instituciones. Todo ello nos indica que se cumplen con las características de una dictadura.
Además, la Unión de Países Latinoamericanos refiere la eliminación del fuero constitucional de los parlamentarios, lo que hace las veces de una ley mordaza; pero ahora, en vez de los medios de comunicación, son los legisladores los que no podían expresar sus ideas en el ejercicio de su cargo, lo que hace más evidente la concentración de poder y la desaparición de pesos y contrapesos en el país, detonando posteriormente las persecuciones con motivos políticos.
El papel de Estados Unidos es controversial: ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro por narcotráfico, e impone sanciones económicas. Estas acciones abren el debate sobre la legitimidad y los riesgos de una intervención militar que podría agravar la crisis humanitaria y causar un impacto mucho mayor en la población civil.
Esta posible intervención militar refleja la gravedad del momento que se vive. Es claro que Venezuela necesita la recuperación del estado de derecho que permita a Venezuela regresar a su vida democrática. Pero surge la siguiente pregunta: ¿es legítimo que un gobierno extranjero, o una coalición de ellos, intervenga para salvar a un pueblo que ha sido víctima de un sistema que atenta contra sus derechos humanos?