Ciudad de México.- Por enésima ocasión los hechos desmienten la narrativa del gobierno al calificarse como respetuoso de la Libertad de Expresión; ya en varias ocasiones quedó demostrado que mientras desde la tribuna presidencial se habla de un respecto irrestricto a la Libertad de Expresión, en los hechos concretos existe una andanada de acciones gubernamentales e iniciativas legislativas que la restringen.
Los casos de la Ley propuesta por Ignacio Mier, gobernador de Puebla, por castigar a quienes en redes sociales se mofen de los gobernantes es un paso; las acciones de persecución judicial emprendida por Layda Sansores contra periodistas en Campeche es otro argumento que va en contra del discurso oficial.
A las denuncias judiciales y el acotamiento legal que afecta a periodistas y medios de comunicación, ahora se suma la llamada “Ley Antimeme”.
El diputado de Morena --¿de dónde más podría salir?-- Armando Córdova Arvizu presentó una iniciativa de ley que se popularizó como “Ley antimemes” y que intenta castigar con 9 años de cárcel la elaboración y distribución de “memes” o stickers creados con inteligencia artificial y sin el consentimiento de la persona afectada.
Esto es tanto como pretender castigar a un caricaturista por utilizar el humor para exponer con sorna, ironía o mofa a un personaje público.
El diputado Armando Córdova, en su iniciativa original castigaba a los ciudadanos, pero excluía a los políticos; es decir, solamente se perseguiría a un ciudadano que utilizara la tecnología para mofarse de algún político o funcionario, pero los políticos estarían a salvaguarda de esta ley.
Más clasista no se puede.
Las iniciativas que atentan contra la Libertad de Expresión siempre van escudadas en una aparente buena intención.
La Ley de violencia política de género habla de defender a las mujeres de los ataques misóginos o machistas de las que pueden ser objeto las féminas, pero esta premisa es falsa, porque dicha ley no tiene un alcance generalizado con todas las mujeres, en realidad solamente protege a aquellas damas que participan en actividades políticas.
En términos más claros es una ley para proteger a funcionarias públicas y en no pocas ocasiones dicha norma jurídica se ha alzado en contra de mujeres que son simples ciudadanos, como sucedió con Karla Estrella Murrieta, el ama de casa que fue demandada por la diputada federal del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras Samaniego, o “Dato Protegido”, a esta mujer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a que se disculpara durante 30 días en sus redes sociales, la hizo pagar una sanción económica, la obligó a tomar un curso para evitar la violencia de género y la sentenció a leer libros acordes a evitar actos que violenten a las mujeres en políticas.
En el caso de la “Ley Antimemes”, la “buena intención” dice que se trata de proteger a mujeres, adultos mayores, niños y personas con discapacidad; pero en su contenido y alcances lo único de lo que deja constancia es del intento por castigar a los ciudadanos que se burlen de los políticos, pero no a los políticos que se burlen de sus adláteres.
Según la “Ley Antimemes”, propuesta por Córdova Arvizu, las sanciones se elevan al doble si “los memes” se diseñaron con el afán de burlarle de un servidor público en funciones; lo anterior no solamente intenta evitar ridiculizar decisiones o acciones que son motivo de burla o crítica ciudadana, también es una medida que intrínsicamente limita la Libertad de Expresión.
En México la crítica a políticos se ha judicializado; con una ley por aquí, otra por allá, todas bajo el argumento que protegen a personas vulnerables, en el fondo esconden un intento evidente por ir limitando la libertad de Expresión, no solamente a los periodistas y medios de comunicación, también a la ciudadanía en general.
Por eso es que más allá del discurso gubernamental, en los hechos y acciones de los mismos integrantes del gobierno se esconde la idea central de acallar voces, de no permitir críticas, penalizar la burla o la mofa, sancionar a quien se atreva a ridiculizar al político estulto o someter a procesos judiciales para encarcelar o sancionar “con la ley en la mano” a los ciudadanos que osadamente se atrevan a burlarse de cualquier idea o propuesta que provenga de un político.
Son los pasos que se dan en la construcción de los estados totalitarios, son los caminos que sigue la construcción de las dictaduras y es la ruta que se traza para acotar libertades y convertir en delito lo que durante siempre fue un derecho inalienable.
A estos que elegimos para legislar y construir un México de bienestar y paz, ahora se vuelven en contra de sus electores y les recetan iniciativas legales que no contribuyen con un ambiente democrático, no les importa mantener esa sociedad donde se toleran todas las voces y todas las opiniones tienen espacio para expresarse; lo que quieren es el silencio social y una prensa sometida, si no es por voluntad, entonces por leyes oprobiosas que aprueban mayorías parlamentarias que dicen defender al pueblo, pero en realidad lo agreden en sus libertades fundamentales.
Es cuando los patos le tiran a las escopetas.