El Congreso del Estado ratificó a Héctor Alberto Acosta Félix como Auditor Superior por un segundo periodo de siete años. Con ello, sumará 14 años ininterrumpidos al frente de la Auditoría Superior del Estado.
El Auditor Superior es el órgano técnico del Congreso encargado de revisar la cuenta pública, auditar el uso de recursos, evaluar programas y garantizar que no haya desvíos ni corrupción. Su labor debe regirse por principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
Desde su llegada en tiempos de Javier Corral, Acosta Félix integró un equipo alejado de cuotas políticas y se apoyó en perfiles académicos sobresalientes, reclutando a universitarios recién egresados para un proyecto entonces innovador. También invitó a chihuahuenses con experiencia en contraloría y combate a la corrupción que trabajaban en la Ciudad de México a regresar a su estado, siempre bajo criterios técnicos, no políticos. Ese enfoque le dio credibilidad y resultados que convencieron a legisladores y sectores ciudadanos.
Pero surge la pregunta: ¿14 años no son demasiados?
Nadie es perfecto, y tampoco necesita 14 años para demostrarlo. La permanencia prolongada puede generar vicios, zonas de confort y falta de renovación. ¿Realmente no hay en Chihuahua alguien más capaz? ¿O estamos ante el clásico “más vale malo conocido que bueno por conocer”?
Cada administración debe ser revisada con rigor, y ninguna institución es impecable. Ojalá quienes votaron por esta ratificación sepan exactamente lo que hacen, porque 14 años es demasiado tiempo para un solo hombre en un cargo tan sensible.

Caída del fiscal: una renuncia bajo presiones
Setenta asaltos diarios en rutas de transportistas sin una estrategia efectiva de la Fiscalía para detenerlos, las constantes filtraciones de investigaciones relacionadas con políticos morenistas y el papel de obstáculo que se había convertido Alejandro Gertz Manero para la política de seguridad de la presidenta Sheinbaum fueron, en conjunto, la gota que derramó el vaso. Por ello se le solicitó la renuncia, ofreciéndole una embajada para no poner en riesgo su vida.
El poder que ahora concentrará el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a través de la fiscal general Ernestina Godoy, permitirá operar herramientas como intervenciones telefónicas, avances de investigaciones y mecanismos de inteligencia civiles que marcarán diferencias importantes frente al enfoque militar.
El recelo de las Fuerzas Armadas para permitir que García Harfuch operara toda la estructura nacional de inteligencia chocaba con la postura inflexible del Ejército y la Marina. Sin embargo, con el control de la Fiscalía General de la República, se eliminan obstáculos políticos y se abre la puerta a una estrategia de pacificación basada en coordinación real con el vecino país: quienes conocen rutas, operadores, puntos críticos y la información que permite realizar operaciones quirúrgicas conjuntas.