-Otro ridículo de Miguel Riggs Baeza
-La mecha de Uruapan hasta Guachochi
-Revocación de Mandato, polémica en ciernes

Marvin Noé Payán Moreno, un joven apreciado, trabajador, conocido por su gente de Guachochi, cayó sin saber por qué, de repente surgió el fuego de agentes de la Policía Estatal contra presuntos delincuentes, cerca del crucero de la avenida Sierra Tarahumara y calle 16 de Septiembre.
La camioneta en la que murió estaba al lado de otra supuestamente blindada en la que presuntos criminales viajaban, la cual también presumiblemente pretendían detener los agentes estatales, quienes dispararon a las dos sin motivo justificado.
No había delito, no había persecución. Sólo el error de quienes, con el poder de las armas, confundieron la justicia con el impulso, porque supuestamente se dirigían a revisar un vehículo sospechoso que ni siquiera era el que tripulaban la víctima mortal y un amigo.
La confusión de Marvin con el enemigo es el colmo. Las extorsiones, los atracos, las balaceras y ejecuciones atribuidas al crimen organizado tienen meses que alcanzan a perjudicar a la población civil, pero ahora no fueron las balas de la delincuencia las responsables de otra muerte en la ensangrentada comunidad serrana, sino las disparadas por un grupo de la Policía Estatal, muy cuestionado por sus incursiones en despoblado.
“No somos Uruapan, somos Guachochi”, escribió alguien en redes sociales. Es una frase que retumba más allá del coraje inmediato; es el grito de una comunidad que se niega a ser reducida a cifra o estereotipo.
Que no acepta que la violencia institucional se normalice en los rincones donde la autoridad suele llegar tarde o, como ahora, llega a tiempo, pero para mal.
Los testimonios y hasta un video captado a lo lejos dan cuenta que no hubo enfrentamiento, no hubo resistencia; sólo una ráfaga sin sentido que arrancó la vida de un inocente. Y de nuevo, como tantas veces en los municipios serranos, queda la sensación amarga de que la ley puede matar impunemente y que la palabra “seguridad” se ha vuelto una promesa hueca.
El reclamo de los habitantes ahora va más allá de la indignación. Los pobladores piden cuentas: ¿quién da la orden de disparar sin preguntar? ¿Quién asume la culpa cuando el uniforme se equivoca? ¿Qué tan comunes son o pueden ser estas ejecuciones extrajudiciales?
Las corporaciones de seguridad, incluido el Ejército, no pueden actuar sin la obligada supervisión, facultad que parece declinar la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Evidentemente, no basta con lamentar ni prometer investigaciones, tampoco con ofrecer disculpas con el cadáver de un inocente ya enterrado. Guachochi y toda la entidad exige algo más profundo, como es la revisión del modelo de seguridad, un freno al gatillo fácil y una rendición de cuentas que llegue hasta arriba.
Un completo cero a la izquierda es el alcalde de la localidad, el priista José Yáñez, más concentrado en sus negocios que en la comunidad a la que prometió servir y proteger.

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Un ridículo absoluto fue el que hizo el regidor del “copy-paste”, Miguel Riggs, ante las Comisiones Unidas de Gobernación, Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte del Ayuntamiento, al quedar en evidencia que su iniciativa de movilidad es un plagio absoluto del Reglamento de Movilidad de Guadalajara; y lo peor, que ni siquiera fue adaptado a las necesidades de Chihuahua.
El plagio fue tan burdo que incluso menciona programas de aquella ciudad como “Aquí hay lugar” y otros de infraestructura como el tren ligero, ciclo puertos, peribus y hasta las calandrias, como si aquí tuviéramos estos carruajes jalados por caballos para pasear a los turistas.
Es evidente que la honestidad intelectual en Riggs Baeza no es una cualidad, por el contrario, se atrevió a criticar a sus homólogos diciendo que lo que les duele es que él se puso a trabajar en el tema.
Valdría la pena saber cuánto cuesta a las y a los chihuahuenses este regidor violentador y ahora plagiario.
No cabe duda que entre los morenos el plagio es una costumbre, ahí esta el ejemplo de la ministra "lopezobradorista", Yazmín Esquivel; y ahora este frustrado político camaleónico, que bajo el manto morenista pretende justificar su ineptitud.
Sólo falta que ahora diga que era un ejercicio de derecho comparado, ni duda cabe que Riggs al verse sorprendido buscó mil pretextos y justificaciones.

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El mapa de México volverá a llenarse de puntos rojos este 15 de noviembre. No son focos de desarrollo ni destinos turísticos, sino lugares públicos, parques y plazas a los que acudirá a marchar la gente para gritar y a exigir algo tan básico como la vida.
En Chihuahua, la convocatoria es para el domingo a las 10 de la mañana en la Plaza del Ángel; en Juárez y Parral será hasta las cuatro de la tarde, en la Plaza de la Mexicanidad y la Plaza Central, respectivamente. En otro medio centenar de ciudades del país también habrá de realizarse.
La indignación por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, empieza a tomar forma de protesta. Ese crimen encendió la mecha, pero lo que se desbordó no es sólo la rabia por el asesinato de un político, sino el hartazgo acumulado ante la violencia que se disfraza de rutina y la autoridad que se esconde tras comunicados vacíos.
Manzo no cayó en Uruapan en una guerra ajena; cayó en un país donde ser autoridad también es una condena, y ser ciudadano, un riesgo, como en Guachochi.
Así, esta no una marcha por ideología, sino por supervivencia. Y ese es el límite al que ha llegado México. Estas marchas, desperdigadas en 50 ciudades, no son el inicio de una revolución, pero sí el síntoma de un país que ya no cree en la narrativa oficial de control.
Si el poder político no escucha este clamor, se arriesga a perder algo más que elecciones. Va a seguir en la pérdida de la poca autoridad moral que aún queda.

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Podría abrirse una polémica de antología si Claudia Sheinbaum y las mayorías morenistas en el Congreso de la Unión imponen la consulta para la Revocación de Mandato en las elecciones intermedias de 2027, lo que por cierto incidiría directamente en Chihuahua con su renovación de gubernatura, alcaldías y diputaciones.
La oposición en la Cámara de Diputados logró que por lo pronto se aplace la discusión porque, si se realiza la consulta, aparecería la propia presidenta en la boleta. Significaría esto una campaña desigual y una intervención directa del régimen para afianzar su hegemonía.
El proyecto, presentado por el vicecoordinador guinda, Alfonso Ramírez Cuéllar, cercano a la mandataria, propone modificar el artículo 35 constitucional para que la consulta ciudadana se realice el primer domingo de junio de 2027, la misma fecha en que se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.
Tres entidades encabezadas por gobernadores de oposición, Maru Campos, en Chihuahua; Samuel García, en Nuevo León; y Mauricio Curí, en Querétaro, son el fruto más codiciado para la 4T.
En su momento, Andrés Manuel López Obrador presionó para que su consulta de revocación se realizara durante las elecciones intermedias. No lo logró, y fue hasta 2022, en que votó el 17.7 por ciento del padrón electoral, con un respaldo de 15 millones 159 mil personas a su mandato, casi el 92 por ciento de los que sufragaron.
Su sucesora quiere seguir el mismo libreto, solamente que tiene apenas un año y tres meses en el mandato presidencial. No se le ve mayor lógica a la propuesta que la de pintar todo el país de guinda, un atentado claro contra el pluralismo; solo por jorobar, dirían los españoles.
Debieran pensarlo mejor en Palacio Nacional, si no quieren que la concentración en el Parque Lerdo de Chihuahua, el pasado domingo, lo tengan ahora en el mero corazón del Zócalo Capitalino.