El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, la secretaria particular y el asesor de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, volvió a exhibir la vulnerabilidad de quienes laboran en el entorno político mexicano. El crimen ocurrió ayer a las 7:30 de la mañana cuando un sicario se acercó caminando a la camioneta donde ambos viajaban y disparó varias veces. Las cámaras de seguridad muestran solo a un atacante; no se observan cómplices en el lugar, aunque después se reportó el hallazgo de una motocicleta y una camioneta abandonadas, presuntamente utilizadas en la huida. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad, pero hasta ayer no había un solo detenido. ¿Qué amenaza representaban para que alguien decidiera silenciarlos con balas? ¿Qué tan podrido está el sistema cuando ni los asesores están a salvo?
El caso no es aislado. La violencia política ha dejado de ser un fenómeno vinculado únicamente a campañas electorales o regiones rurales. Ahora alcanza a funcionarios y colaboradores en el corazón de la capital del país. De acuerdo con reportes de medios, los homicidios en Ciudad de México aumentaron ligeramente en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.
En 2024, las elecciones más violentas en la historia reciente del país dejaron entre 22 y 38 candidatos asesinados, según distintas fuentes. Data Cívica documentó 1,777 casos de violencia política entre 2018 y abril de 2024, que incluyen asesinatos, amenazas, secuestros y atentados contra políticos y servidores públicos.
Más allá de las cifras, el problema es estructural. La tasa nacional de esclarecimiento de homicidios en México ronda en el 17%, según Human Rights Watch. Eso significa que cada año se procesan judicialmente entre 5,000 y 5,500 asesinatos de un total aproximado de 30,000. Pero procesar no es lo mismo que sentenciar: muchos de esos casos no terminan en condena. Por eso, organizaciones como Impunidad Cero estiman que la impunidad real —es decir, los casos sin sentencia firme— supera el 90%. En los crímenes políticos, probablemente es aún mayor.
En este contexto, el caso de Guzmán y Muñoz se suma a una larga lista de víctimas sin justicia. Como en otros casos recientes —el asesinato de Yesenia Lara, candidata morenista a la presidencia municipal de Texistepec en Veracruz el 11 de mayo, o el asesinato de un contralmirante en Manzanillo en noviembre pasado—, el patrón se repite: crimen organizado, autoridades rebasadas, discursos oficiales sin consecuencias.
La narrativa de "abrazos, no balazos", tan reiterada durante el sexenio anterior, se topa con la realidad de zonas del país donde lo que impera es la gobernanza criminal. Los cárteles no solo disputan rutas o mercados; también definen candidaturas, imponen condiciones, ejecutan a quien les estorba y financian campañas.
Frente a esta situación, prometer justicia ya no basta. Se requieren reformas profundas: fortalecer las fiscalías, profesionalizar a las policías, blindar a los candidatos y funcionarios, y sobre todo, romper los nexos entre crimen y política. Mientras eso no ocurra, la promesa de "no impunidad" quedará como una fórmula vacía repetida por gobiernos de todos los colores, sin traducirse en justicia para las víctimas.
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