Apolo -era su nombre en clave, como testigo protegido de la Fiscalía General de la República- quería testificar junto con su madre en un caso de asesinato de alto perfil; ahora quería hacerlo a favor, como antes lo había hecho en contra de uno de los implicados en el crimen.
Así de inverosímil era la audiencia judicial conducida por la jueza federal María Luisa López, como increíble había sido la petición realizada por Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde panista de Chínipas, uno de apenas dos sentenciados por el homicidio de la periodista Miroslava Breach.
El también exfuncionario educativo durante el gobierno de Javier Corral, condenado a ocho años de prisión y otras sanciones por participar en el crimen, quería obtener su libertad anticipada, a pesar de la beneficiosa sentencia negociada con la Fiscalía cuatro años antes.
Aferrado, el abogado defensor de Schultz, Manuel Norberto Cortez, pretendía, a mediados de la semana pasada, presentar ante la jueza a Apolo y a su madre, hijo y pareja (o expareja) de quien es considerado autor intelectual de la agresión contra Breach Velducea, Crispín Salazar Zamorano, alías “Tío Pin”, líder del grupo delictivo conocido como “Los Salazar”.
Su intención era ofrecer la deposición del testigo clave de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), para favorecer a su representado, hundido otra vez en el banquillo de los acusados, ahora para alegar su derecho de salir con media pena compurgada, buen comportamiento y cumplimiento de las obligaciones impuestas por la justicia federal.
Si bien Apolo aportó pistas que llevaron a la detención de dos implicados en el asesinato de la periodista, sus declaraciones prácticamente terminaron invalidándose en cuanto a la credibilidad. Formalmente dijo una cosa en 2019, otra en 2021 y otra en 2023; ahora pretendía decir otra, convencido, seguramente, por los buenos oficios del defensor de Schultz.
Apolo declaró contra el sentenciado, aunque no sólo en eso se basó la condena; luego alegó tortura de la Feadle y después tortura de su propia familia para contradecirse, de forma tal que sus aportaciones acabaron en la nada, salvo datos aislados que fortalecieron las investigaciones y llevaron a la verdad jurídica hoy conocida.

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Al comienzo de la audiencia para revisar si era factible el beneficio de la preliberación del expresidente municipal de la tierra de Miroslava, el abogado introdujo a la sala a quienes pretendía le fueran aceptados como testigos en este proceso, que ya no era para controvertir una culpabilidad sentenciada.
La jueza debió reprender al representante de Schultz por el atrevimiento, si advertido estaba de que Apolo y su madre no serían admitidos como elementos de prueba por el simple hecho de que no era la fase procesal para alegar la inocencia del sentenciado, obviamente.
Tal vez fue un error jurídico del defensor, o quién sabe si atendía alguna petición o insistencia extralegal para llevar al estrado a ese testigo del que -por norma- no podemos revelar su identidad, aunque es fácil llegar a la conclusión de quien es, por su parentesco consanguíneo con el líder de “Los Salazar”, uno de los que forman parte de la extendida estructura horizontal del Cártel de Sinaloa.
Aunque hubo ciertas versiones -tal vez impulsadas desde las sombras del crimen- de que era factible la liberación anticipada de Schultz por supuesta nueva evidencia superveniente, en realidad habría sido un tremendo contrasentido de la justicia federal otorgar ese beneficio.
Más allá de la argumentación jurídica, hay que poner las cosas en perspectiva: el exalcalde fue beneficiario de una pena mínima negociada con la autoridad federal, en un procedimiento abreviado aceptado ante un juez, aunque tramposamente, después, pretendió alegar tortura.
Una acusación por la complicidad en un homicidio de esta naturaleza, sostenida en juicio oral, implicaría una pena que rondaría entre los 15 y 20 años de cárcel en caso de ser encontrado culpable. A Schultz le dieron ocho años gracias a ese acuerdo que, ya preso en el Cereso de Aquiles Serdán, quiso desconocer y atacar, en una táctica no propia del adecuado ejercicio de una defensa penal.
Después de ese beneficio de la reducción negociada de la sentencia, ¿con qué cara pedía la liberación anticipada? Por elemental sentido común, era un despropósito; significaría que la complicidad en el asesinato de la periodista terminaría siendo penada con una sanción menor o apenas igual a la que se aplica por el robo de un par de vacas en Chihuahua.

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En la parte estrictamente jurídica, la determinación de la jueza federal fue muy clara: no podía salir de prisión de forma anticipada, porque si bien cumplía con seis de siete requisitos para este beneficio -buena conducta, cumplimiento del pago de una suma en supuesta reparación del daño, disculpa pública, entre otros- no alcanzaba el de garantizar que no afectaría una investigación todavía abierta.
Ese detalle revelaba el riesgo que corrían los agraviados y también víctimas del crimen, familiares y amigos de la víctima mortal. Cómo no, si Schultz y su abogado Cortez probaron, con su insistencia de presentar a su par de testigos cuestionados, que tenían las posibilidades de contactar, incidir y convencer a implicados en la investigación del asesinato.
Tal vez sin darse cuenta, llevar a Apolo y su mamá sirvió más para fortalecer las reservas de la juzgadora a conceder la liberación anticipada, que para ayudarle a obtener ese beneficio al que tenía derecho.
Sí, tenía derecho, y fue reclamado hasta el absurdo, porque pretendía demostrar una inocencia jurídicamente falsa, dado que la culpabilidad había sido demostrada sin lugar a dudas y aceptada no ante el Ministerio Público nada más, sino ante un juez que llevó el procedimiento abreviado.
Así, la jueza resolvió apegada a derecho una petición con el argumento real de que Schultz, a través de su defensor Cortez, había evidenciado que tenía capacidad para contactar a personas involucradas con una investigación en curso de la Feadle, todavía no cerrada, pues no han sido detenidos ni imputados todos los participantes en el crimen.
El doloroso caso Breach sigue abierto, a ocho años de aquel fatídico 23 de marzo de 2017. La organización criminal no ha sido afectada en sus niveles más altos, dado que quienes siguen libres son su líder y uno de sus sobrinos, el “Tío Pin” Salazar y Wilbert Jaciel Vega, respectivamente.
Además del exalcalde de Chínipas, ha sido sentenciado, a 50 años como autor material y orquestador del crimen, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”; y ya está muerto, ejecutado en Álamos, Sonora, el 17 de diciembre de 2017, Ramón Andrés Zavala Corral, quien habría sido el tirador.

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Fuera de “El Larry” y Schultz, siguen libres el “Tío Pin” y su sobrino-ahijado, dos potenciales riesgos para los deudos de la periodista. Pero también están en la impunidad los que de alguna forma fueron parte de la red de la narcopolítica donde se gestó el asesinato. También son parte del riesgo latente en el que deben vivir los que hasta la fecha lloran la ausencia de Miroslava.
Schultz, quien apoyó la campaña electoral de su compañero Javier Corral para gobernador (algunas versiones sugieren que era encargado de pasarle charola a los grupos criminales serranos, algo no difícil de creer) fue declarado en condiciones privilegiadas, en el Palacio de Gobierno, en el despacho del gobernador.
Así fue en la primera etapa de la investigación. Luego, dejado a la deriva por Corral Jurado en el último tramo de su turbio quinquenio, fue capturado por la Feadle en diciembre de 2020 y sentenciado en junio de 2021.
El exmandatario, hoy protegido con el fuero de Morena, y otros dos panistas, entonces directivos del PAN Estatal, Alfredo Piñera y José Luévano (quienes grabaron a Miroslava indebidamente y compartieron la grabación a Schultz, quien a su vez la pasó a “Los Salazar”) formaron parte de esa red que dio impulso, cobijo y prácticamente luz verde para que ocurriera la agresión.
Esa red está vigente, actuante, con quienes libraron las investigaciones o ahora son considerados prófugos de la justicia, separados jurídicamente en niveles de participación, pero vistos como iguales por la sentencia que hace mucho dictó la opinión pública.
Todos, ese conjunto de la narcopolítica local, son los asesinos. Y no por aquello de que "tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata", sino porque fueron parte del perverso engranaje que posibilita la infiltración del crimen en todo nivel de autoridad, del que hasta la fecha Chihuahua padece sus consecuencias.
Esa es la realidad más allá de la serie de discursos e imposturas de Corral Jurado en torno al caso, cuando al mismo tiempo manipulaba las investigaciones que por meses se negó a entregar a la FGR, hasta que las derivó a la instancia federal y terminaron por llevar a prisión al hoy sentenciado, quien pretendía valerse de Apolo y su mamá para salir de prisión.
Esa red sigue también actuante en el mundo abiertamente criminal, tan fuerte como cuando Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”, hoy extraditado, fue convertido en punta de lanza del Cártel de Sinaloa para controlar a sangre y plomo tanto Chínipas como otras localidades serranas de Chihuahua y Sonora. Fue el iniciador del Cártel inclusive aquí en la capital antes que la plaza fuera entregada a Gente Nueva de “El Flaco” Noel Salgueiro.
“Los Salazar” están vivos. Hoy están metidos en la guerra interna de su cártel, pero con esos resortes políticos seguramente a su disposición, si no de forma directa, sí a través de esos abogados que se mueven en los límites de la legalidad, tan arriesgados que son capaces de intentos como el recién truncado por la justicia federal.