(Primera parte)

Precisamente el lunes 5 de mayo, a medio día, escuche en una radiodifusora de la ciudad capital, a uno de los locutores decir, con su acostumbrado tono jocoso, que “la batalla del cinco de mayo en Puebla, se debió a que México no le quiso pagar a un pastelero francés los daños que le habían causado a…” Como ese episodio de nuestra Historia Patria, tuvo lugar entre 1838 y 1839, conocido como la “Guerra de los Pasteles”, sucedido más de cuatro lustros antes de la Batalla de Puebla, del 5 de mayo de 1862, se me prendió la idea de escribir algunas breves notas sobre la segunda intervención francesa auspiciada por el Emperador de Francia, Napoleón III; y retrotraer la patriótica participación del ilustre periodista Francisco Zarco.
El año 1861, es considerado como crucial para muchos países, México entre ellos. Por ejemplo: En los Estados Unidos once estados se retiraban de la Unión e iniciaban la terrible guerra de Secesión (1861-1865) en la que estuvo a punto de fracasar la incipiente nación anglosajona. Guillermo I era declarado rey de Prusia, y esta se convertía en un poderoso estado militar y político, que amenazaba el llamado “equilibrio continental”, en perjuicio de la Francia de Napoleón III. Éste se disponía a invadir México; y en Londres, se decidía la intervención tripartita (Francia-Inglaterra-España) contra nuestra patria.
En México, Juárez y el ejército liberal, victoriosos en la guerra concluida el 22 de diciembre de 1860, se enfrentaban: el primero, a una grave situación financiera; y el segundo, a la acción de bandas y gavillas conservadoras; las cuales asolaban poblaciones y comarcas, provocando con su oposición pertinaz, una situación de inestabilidad política que agravaba cada vez más la crítica situación económica.
Así pues, en 1861, culminaban las gestiones de monarquistas y reaccionarios en las cortes de Europa, logrando la intervención europea y el establecimiento de un imperio en México, única solución –pensaban equivocadamente, entre otros: José Manuel Hidalgo-, a los males que desde hacía cuatro décadas agobiaban al país.
Napoleón III pensaba entonces en un príncipe francés. Hidalgo (¡¿mexicano?!), jubiloso y satisfecho, expresó con elocuencia y entusiasmo el peligro en que se hallaba México por la política de los Estados Unidos que pretendía terminar con toda la influencia latina en México y amenazaba con EL DOMINIO DEL COMERCIO MUNDIAL CON SU PODERÍO NAVAL en los dos grandes océanos.
No fue un príncipe español o francés el escogido para gobernar México. Fue nombrado Maximiliano de Habsburgo, miembro de la casa real de Austria, quien habría de ser el príncipe en que el emperador francés se fijara para monarca de la Patria Mexicana.
Generándose la intervención. Primero, de tres potencias: Francia, España e Inglaterra (1861-1862). Después, solamente de Francia y fuerzas militares austriacas, belgas, de la legión extranjera y hasta polacas, desde 1862 hasta febrero de 1867, lapso dentro del que se ubica el Imperio de Maximiliano (1864-1867), destruido por el gobierno de Juárez, por los liberales y grandes masas populares, a mediados de 1867.
Los tres Estados europeos pretextaron como razón común de su intervención militar en México, la suspensión del pago de las deudas, acordadas por el Presidente Juárez y el Congreso mexicano unos meses antes. En ese tenor, Inglaterra reclamaba además, la violación de la Legación británica realizada en 1859 por el jefe conservador Miguel Miramón, sustrayendo de aquella la cantidad de 600,000 pesos, asignada como abono de la deuda inglesa nacida con los primeros empréstitos con Goldschmidt y Barclay, en 1823.
Francia reclamaba de nuestra nación los pretendidos ataques a su embajador Dubois de Saligny, uno de los promotores de la intervención. Además, por la negativa del gobierno de Juárez a reconocer la deuda contraída por el mismo Miramón con el banquero judío-suizo Jecker, socio del duque de Morny, pariente de Napoleón III.
España, por su parte, demandaba por la expulsión de su ministro Pacheco, ordenada por Juárez a principios de 1861, por su apoyo decidido al gobierno conservador durante la guerra de los Tres Años o de Reforma (1857-1860). También por la negativa del gobierno liberal juarista a reconocer el tratado Mon-Almonte, celebrado con el gobierno español por la administración ilegítima del conservador Miguel Miramón, en septiembre de 1859.
Así, en la Convención de Londres del 31 de octubre de 1861, los tres Estados pactaron la intervención militar, comprometiéndose –“en un gesto de justicia”- a no procurar por sí mismos ninguna adquisición de territorio y a respetar el derecho de la nación mexicana para escoger y constituir libremente la forma de su gobierno.
En referencia a la Convención de Londres y con el propósito de separar a Inglaterra de la intervención tripartita, Juárez expidió el decreto de 23 de noviembre de 1861, que acordaba la continuación del pago de la deuda; a la vez que se disponía a organizar la defensa del territorio nacional.
Ante el ultimátum enviado por los comisionados de las naciones intervencionistas, el presidente Juárez, no se limitó nada más a medidas diplomáticas y militares para conjurar la intervención o, dividirla o, en el peor de los casos combatirla. Como medida preventiva ante la invasión del territorio nacional, que implicaba el peligro real e inmediato de la pérdida de nuestra SOBERANÍA e INDEPENDENCIA, su gobierno dictó una ley “terrible pero justa y necesaria”. Tratando también, de debilitar la invasión, argumentando en contra de sus agentes materiales –europeos e imperialistas “mexicanos”-, un arma legítima y enérgica.
Tal fue la Ley de 25 de enero de 1862, aprobada por el Congreso Mexicano y expedida apenas desembarcadas en Veracruz las tropas invasoras. El decreto estableció la pena de muerte a los que participaran en/o apoyaran la intervención, porque uno y otro acto, realizado por extranjeros o “mexicanos” constituía un delito CONTRA LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y, POR TANTO, GRAVE ATENTADO A LA SOBERANÍA NACIONAL y, en el caso de “mexicanos” partidarios de la invasión e intervención, UN ACTO DE TRAICIÓN A LA PATRIA.
Este decreto no evito la intervención, pero tuvo como efecto, la ruptura de la triple alianza que se redujo a la intervención únicamente de Francia.
Motivo por el cual, el delegado único de las potencias invasoras, don Juan Prim, el representante español, celebró el 19 de febrero de 1862 con don Manuel Doblado, los llamados preliminares de Soledad (población veracruzana) en que la histórica conferencia tuvo lugar. Consistiendo el contenido fundamental del importante documento en: (continuará…).