-Desisten de amparo por Aras... pero sigue atascado
-Otra licitación desierta ahora Capufe
-Hace ruido Cruz en el Sheraton

“No habemus nuevo fiscal, puro humo negro”, dijo uno de los varios asistentes ayer al cónclave de fiscales de zona que suponían habría señas ahí sobre la salida del fiscal general, César Jáuregui, para dedicarse de lleno a su campaña por la alcaldía, y de quien sería el relevo: ¿Arturo Velasco? Muy posiblemente. ¿Carlos Manuel Salas? Muy posiblemente. ¿Wendy Chávez? Muy posiblemente. (Nótese el muy en los tres). Fuera de ahí los momios muy abajo entre los otros asistentes, incluido “el noroeste”, Alejandro Vargas, que no da una con tantísimo desaparecido ni aclaración de narco fosas.
No hubo pues ni señas que se vaya Jáuregui ni de su eventual relevo. Mucho análisis delictivo y detalles sobre múltiples necesidades de las fiscalías, y hasta ahí.
Primero habrá nuevo Papa que nuevo fiscal; a menos que la jefa gobernadora le gane el tirón a los cardenales.

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En el extraño caso de la financiera Aras, el abogado Mariano Cordero, quien tiene la representación de algunas decenas de víctimas, presentó ante la justicia federal el desistimiento en el juicio de amparo que había demandado ante la resolución judicial que sentenció a la persona moral.
Tenemos en nuestro poder un extracto del acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, referente al juicio de amparo 137/2024, promovido por algunos de los afectados de la financiera fraudulenta.
Esto, nos dicen, básicamente facilitaría a la Fiscalía a proceder al remate de los devaluados bienes asegurados a Aras, de no ser porque sigue vigente otro amparo promovido por otra parte del juicio, la representación de la empresa, que durante el proceso penal contra Aras estuvo envuelta en conflictos entre la abogada Ericka Jasso y Luis Benavides.
Total, el desistimiento de Cordero, fechado el 24 de abril, debe concretarse con la firma una por una de todos sus representados, pero ni así resuelve el atasco del caso sui géneris en la historia jurídica de Chihuahua, que resultó en la primera sentencia penal contra una persona moral.
El caso está en un pantano, casi como desde sus inicios: el creador de la estafa Ponzi, Armando Gutiérrez, sigue prófugo y al parecer no hay esfuerzos reales de la Fiscalía para encontrarlo, por alguna extraña razón; los bienes dejaron de ser activos de Aras para ser pasivos en deterioro asegurados por la autoridad y las cinco mil víctimas solo han sido favorecidas en papel con la sentencia que obliga a la reparación de daños.
En medio de todo esto, hay procedimientos por demás flojos para aplicar la extinción de dominio contra exempleados menores de Aras, intentos alocados por quitarles propiedades por demás sencillas hasta las que trabajaron de secretarias, sin posibilidad alguna de que acaben en victorias jurídicas.
Ni esperanzas de avances reales, a pesar de este desistimiento que al menos abona a que siga desenmarañándose el mayor caso de fraude en la entidad.

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Por fin llegó el día del concierto de Orquestándola Sinfónico que organiza el Gobierno Municipal y el Instituto Municipal de Cultura, donde los talentos locales que participarán en esta cuarta edición han dejado su alma y corazón en cada ensayo para que el concierto sea de nivel profesional, ya que se esperan visita de diferentes puntos del estado, donde el mismo alcalde Marco Bonilla le hizo promoción.
Desde el primer concierto, el edil capitalino dejó claro que los protagonistas serían los talentos locales, desde grupos musicales; y no podía faltar la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que ha unido esfuerzo en tres años consecutivos para deleitar a las familias que acuden a la concha acústica de El Palomar, para escuchar su música favorita.
Lo interesante de este concierto es que cada año cambian de género; empezaron con cumbia, rock en inglés, homenaje a Juan Gabriel y en las tres ediciones han tenido lleno total, justo por esta combinación de grandes éxitos de la música con el sonido de los instrumentos que componen la orquesta sinfónica.

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Como siempre que anda en la capital, hizo ruido el alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar, quien asumió como coordinador estatal de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C., en una ceremonia que reunió en el Sheraton a presidentes municipales afines a la 4T de varias partes del país.
Moderado y prudente, el presidente de Juárez dejó en claro que buscará reforzar la coordinación municipal institucional, no en aras de un proyecto político, aunque es obvia y conocida su aspiración, sino para buscar alianzas que los fortalezcan a todos.
En ese nivel institucional, sumó a algunos otros alcaldes de Movimiento Ciudadano y el PRI, no más porque está muy claro que el dueño del territorio en el centro-sur del estado es el panista de la capital, Marco Bonilla.

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Aún y cuando en todo el territorio chihuahuense solo hay un tramo carretero controlado por Caminos y Puentes Federales (Capufe), el del libramiento Oriente, de ahí en más, pasando Jiménez, casi toda la carretera 45 es administrada por la federación, con algunas excepciones.
A las condiciones materiales pésimas de la carretera atendida por la federación en relación con la chihuahuense, debe agregarse un nuevo problema, que la licitación pública para contratar personal de seguridad en las casetas Capufe fue declarada desierta.
Así, sin ninguna explicación, las casetas están funcionando con una prolongación del contrato que se tenía con la empresa anteriormente adjudicada, al parecer con casi la mitad del personal, distribuido en las 42 casetas administradas por la federación.
Para colmo, la cancelación ocurrió en el momento preciso en que estaba desarrollándose el operativo con motivo de las vacaciones.
La afectación de la licitación cancelada estaría abarcando no solo la seguridad en plazas de cobro, sino también en áreas de descanso, servicios públicos y médicos, y oficinas administrativas de Capufe.
El rumor es que la cancelación llegó porque la licitación habría sido firmada por un funcionario sin las facultades, lo que podría implicar una irregularidad.
No debe extrañar entonces para quienes van rumbo a la frontera o se dirigen al centro del país, encontrar falta de personal en los tramos controlados administrativamente por el gobierno federal.

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Ha estado revolviéndose como gato patas para arriba el regidor corralista Miguel Riggs, en busca de zafarse de la responsabilidad que viene con los famosos improperios lanzados en sesión zoom del Cabildo, en contra de la síndica Olivia Franco.
Nada le ha valido en su defensa tramposona, ni ahora con una magistrada amiga en el Tribunal Estatal Electoral, pues el bateo del miércoles al Juicio Electoral presentado contó con el voto unánime de quienes conforman el órgano jurisdiccional, Adela Jiménez, Roxana García y Hugo Molina.
Riggs tuvo aquella desafortunada intervención frente a colegas regidores e integrantes del ayuntamiento, en la sesión de la Comisión de Hacienda, en que se dirigió ofensivamente a la síndica, en el momento en que iba a intervenir.
La grosería quedó documentada en un video ya muy difundido en redes; ni modo de decir que no existió tal desaguisado.
Pues Riggs acudió al Tribunal Estatal Electoral, para decir que se estaba excediendo el Instituto Estatal Electoral al valorar el mencionado video de la sesión, donde es claramente audible el vocabulario florido.
El asunto JE-185/2025 fue el último de los catorce resueltos el pasado miércoles, en una sesión que apenas duró 23 minutos, porque los restantes trece expedientes, fueron acumulados en dos y sintetizados.
El Tribunal decidió darle la razón al Instituto Estatal Electoral, porque en ningún momento hay valoración del video como prueba, fase procesal que le tocará atender al órgano jurisdiccional y no al administrativo.
Ni en eso son asertivos los abogados que trae Riggs; ya venían de un gazapo al no responder a los señalamientos de Olivia y ahora con este fracaso jurídico.
Va directo el regidor a una sanción ejemplar y al registro de personas que cometen violencia política de género.

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Fue declarada desierta la Convocatoria Pública para elegir a los consejeros propietarios y suplentes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.
De acuerdo con lo que ha trascendido hasta el momento, sólo se inscribieron en dicha convocatoria seis personas, de las ocho que cuando menos deben ocupar las posiciones vacantes.
Aún más, de los inscritos, solamente hay dos mujeres, por lo cual, no podría garantizarse la paridad de género exigida por la norma.
Adujó entonces el Comité de Participación Ciudadana que hay consideraciones de “legalidad y operatividad”, para tomar tal determinación.
Vendrá ahora una nueva convocatoria para publicar en el Periódico Oficial del Estado, y un nuevo procedimiento, donde quienes se inscribieron, podrán de nuevo participar.
La noticia causó extrañeza en el Congreso mismo, donde acaba de tomarse la decisión de designar al Comité de Selección, que evaluaría la idoneidad de los participantes, Comité que nunca habría recibido las propuestas ya postuladas.