“Fuiste el peor gobernador que hayamos tenido en toda nuestra historia, y con tus estupideces solo demuestras que también eres un asco como persona”, así de contundente es la primera respuesta que aparece en la publicación en Facebook de Javier Corral sobre la exoneración de César Duarte en Estados Unidos.
El comentario de un usuario panista, identificado como Antonio Rosales Butcher, dibuja la patética caricatura en que se ha convertido el ahora senador de Morena, producto de sus propias mentiras y su soberbia llevada a un grado patológico, que lo hace creerse la perfección en persona.
Esa y muchas otras reacciones en la red social del exmandatario, creador de la farsa llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, pueden apreciarse en su post con el que respondió a lo que Duarte Jáquez, en una rueda de prensa, dio a conocer sobre el proceso judicial al que fue llevado en Estados Unidos por Corral.
Fuera de la verborrea tóxica que distingue al expanista, el juez Rubén Morales, de un tribunal del condado de El Paso, determinó inviable enjuiciar Duarte Jáquez el pasado 23 de junio, después de siete años, desde el 20 de julio de 2018, de un proceso que, en la plenitud de su poder, Corral ordenó iniciar fuera de la justicia mexicana, con el argumento de que el exgobernador se había robado hasta las cucharas del Palacio de Gobierno.
El hecho jurídico objetivo -fuera de los apasionamientos locos que guiaron al corralato en al menos un centenar de apariciones públicas del exgobernador para hablar de sus falsos logros en materia de combate a la corrupción- es que la justicia norteamericana no recibió prueba alguna de supuestas 50 propiedades de Duarte en aquel país.
Los agudos investigadores de Corral, denunciante además como ciudadano norteamericano, enlistaron casas de amigos, conocidos y hasta familiares lejanos del ballezano, con la idea de que todos esos activos eran producto de corrupción en Chihuahua, pero ni una evidencia aportaron para validar esa teoría.
Así fue derrumbado el caso ampliamente publicitado con un gran despliegue de marketing y mentiras, a tal grado que fue contratado un despacho extranjero, The Buzbee Law Firm, con sede en la torre JP Morgan de Houston, Texas, que no hizo otra cosa más que el ridículo ante la justicia estadounidense.
Desde luego, Corral fue el responsable de la contratación, aunque echó por delante a quienes fueran su secretario general de Gobierno, su fiscal general del Estado y su secretario de Hacienda, César Jáuregui Robles, César Augusto Peniche y Arturo Fuentes Vélez, respectivamente, como lo muestra el contrato con la firma legal texana, cuestionable de principio a fin.

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Desde esa contratación de un despacho extranjero para la supuesta repatriación de activos hasta la resolución judicial quedó evidenciada la incapacidad del corralato para trabajar y conducir proyectos exitosos.
Basta ver los resultados que dio cada uno de los integrantes de su gabinete y su destino. Salvo el exgobernador, que encontró refugio en Morena tras operar abiertamente contra el PAN siendo panista, Peniche y Jáuregui son hoy litigantes en bajada que tratan de quitarse el estigma que les dejó su patrón, mientras Fuentes Vélez huye de la justicia con la acusación firme a cuestas de peculado por casi 100 millones de pesos.
Ellos son los que firman con el abogado Anthony G. Buzbee el acuerdo para representar al Gobierno del Estado de Chihuahua, en un convenio que establece el ilusorio reparto del 65 por ciento para la hacienda estatal y del 35 por ciento para el despacho, de los bienes que lograran recuperarse.
La firma tenía, además, el derecho de gastarse en viajes, copias y trámites hasta el dos por ciento de una incierta cantidad de recursos supuestamente robados de Chihuahua, costos que finalmente debió absorber el despacho jurídico al final de una resolución judicial esperada.
No aportó prueba alguna de que los bienes señalados como “las 50 propiedades de Duarte” en Estados Unidos eran producto de la corrupción. Ni existían, pues, eran de hermanos, primos, tíos, parientes lejanos y algunos simples conocidos. De Duarte solo había una casa sencilla en El Paso, lo demás fue pirotecnia.
“El presente acuerdo estará vigente hasta que la administración actual del Gobierno de Chihuahua se encuentre en funciones. Las demandas o procesos iniciados o presentados con anterioridad seguirán su curso hasta su resolución y obtención de los bienes o activos”, así establecía una de las cláusulas del acuerdo, limitada, pues, al tiempo del corralato.
Desde la firma hasta la huida de Corral y Fuentes Vélez de Chihuahua en 2021, pasaron más de tres años, sin novedad alguna, más allá del anuncio publicitario de la demanda contra Duarte en Estados Unidos.

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Según Javier Corral, en su reacción tras la resolución judicial, esto era institucional, quien sabe con qué facultades para contratar despachos si lo que le sobra al gobierno estatal son departamentos jurídicos; y, además, era sin costo para los chihuahuenses, como si empeñar el 35 por ciento de recursos supuestamente robados del erario no representara daño patrimonial.
Pero su aventura como estadounidense, de ser institucional y a Duarte se le ocurre presentar cargos, puede salir cara al estado, como caro salió el corralato con sus propios excesos, tantos que paralizaron al estado en materia de seguridad, obra pública y proyectos para el desarrollo social.
Cegado y autocomplaciente, dos características que lo distinguen, ahora sale con que no es su culpa el fracaso ante la justicia de EU. Claro, nada nunca es su culpa, porque él no comete errores, su perfección lo impide.
“Que las autoridades americanas hayan desestimado la denuncia por las 50 propiedades con un valor de 25 millones de dólares, no es porque las propiedades del vulgar ladrón de César Duarte no existan, sino porque el Gobierno del Estado, hoy encabezado por Maru Campos Galván , nunca atendió, ni respondió los requerimientos que la firma de abogados Buzbee...”, dice el mentiroso. Otra vez sin prueba alguna.
¿Fue Maru quien contrató al despacho norteamericano prometiéndole un 35 por ciento de un botín que sabrá Dios de dónde sacó? ¿Y de dónde saca 50 propiedades de Duarte, sin aportar una sola prueba de que son bienes de su antecesor, compradas con dinero robado?
Debería el morenista mejor dar a conocer los informes que, de acuerdo con el convenio con Buzbee, le debieron entregar trimestralmente a partir de junio de 2018.
“La Firma deberá pasar un informe completo a El Cliente (Jáuregui, Peniche, Fuentes Vélez, enviados por Corral como supuestos representantes del Gobierno de Chihuahua), de manera trimestral de los avances que se vayan obteniendo en los procedimientos judiciales o administrativos, así como de los bienes o recursos que se vayan asegurando o estén listos para ser entregados al Estado de Chihuahua”, establece el contrato.
¿Dónde están esos informes? ¿Dónde los bienes recuperados? ¿Existió siquiera algún tipo de investigación o avance?¿O todo fue una fantasía en la cabecita del eterno plurinominal?

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Seguramente Maru y Duarte y los demás acusados de la Operación Justicia también tienen sometidos a los tribunales de El Paso, como tienen a los jueces de Chihuahua y a los federales. Esa podría ser una explicación en la psicótica cabeza del expanista, a la luz de sus endebles argumentos para exculparse de otro de sus fracasos.
Como el estado se le desmoronó en sus manos -de lo más básico como rehabilitar la Ciudad Deportiva hasta los casi 15 mil ejecutados durante su gestión- así cayó la farsa de los cerca de 30 acusados duartistas con Duarte como cereza del pastel en los tribunales estatales y federales de Chihuahua.
Unas cuantas sentencias con juicios abreviados contra los que se doblaron ante las torturas y presiones, fueron el magro resultado de todos los esfuerzos, pasiones y emociones de un gobernador perfectamente definido en el primer comentario de la publicación referida al inicio de esta entrega.
Es el saldo de años perdidos en costosos procesos espectaculares ampliamente publicitados también a gran costo, porque siempre le gustaba a Corral pagar para figurar como el gran justiciero, esperanzado en catapultarse, con su ficticia e insustancial lucha contra la corrupción, a una posible candidatura presidencial.
En esas pasiones arrastró a la tragedia el exgobernador a unos seguramente corruptos y a otros completamente inocentes, todos acusados del delito de duartismo, que si hubiera podido lo incluiría en el Código Penal.
La peor tragedia, sin embargo, no son los años que han pasado Duarte y sus duartistas envueltos en líos judiciales. Lo trágico tampoco es el papel de payaso y traidor que ha jugado Corral, sino cómo llevó el estado a perder su dinamismo y las oportunidades de desarrollo durante cinco años. Todavía sufre Chihuahua las consecuencias de ese quinquenio del desastre.
Además, después del fracaso de la operación justiciera o vengativa de Corral Jurado, ahora no sabemos hasta dónde alcanzó la indudable corrupción del duartismo, lastre fundamental de la administración que en 2016 fue sepultada por la esperanzadora candidatura panista de entonces.
Ese candidato es hoy un desecho político que, por las ansias del fuero, se entregó completito a la 4T. Ahora no da más que lástima, por tantas burlas a su alrededor de quienes lo ven como un asco en el PAN, y quienes de arribista, oportunista y traidor no lo bajan.