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¿Hasta dónde y qué debe permitírsele a los legisladores y funcionarios del Ejecutivo para promover su imagen?

En meses pasados los titulares de la prensa escrita, radio, TV, redes sociales y en el programa oficialista de Las Mañaneras, dieron cuenta de la caravana de salud a través de la cual la senadora Andrea Chávez de Morena promueve su persona.

El tamaño del escándalo se dio en razón de los servicios de salud que ofrece por medio de tres camiones super equipados con equipos sofisticados de imagen, médicos, enfermeras, medicinas y otros servicios que, por su especialidad, sólo se encuentran en hospitales privados de alta gama, y los que ofrece el Dr. Vagón, del Grupo México.

El escándalo obligó la intervención de la mandataria federal para que ordenara a la dirigencia de su partido especificar en estatutos la no promoción anticipada de campañas.

Lo más reciente de esta trama es que la inquieta senadora presumió que ha ordenado retirar su nombre e imagen de los camiones de la Caravana de Salud, para “tranquilidad de los panistas”, pero que seguirá ofreciendo los servicios a través de las unidades de salud.

Chávez Treviño aseguró en el programa de Azucena Uresti, donde debate con otras dos legisladoras, del PAN y MC, que el dispensario y los médicos que lleva a comunidades de Chihuahua sustituyen la desatención de MediChihuahua, el servicio médico que ofrece el Gobierno del Estado, al que tachó de “negocio millonario de 7 mil millones de pesos”, recursos que por cierto provienen del Gobierno federal, destacó.

Claro que los dichos de la senadora por Morena discrepan absolutamente de la realidad que prevalece en todo México por el colapso del sistema de salud público (IMSS, ISSSTE).

Este servidor, 21 años atrás, con la venia de 8 compañeros legisladores federales, se creó la AC “Tan sólo por ayudar”. A través de ésta y con 12 mil pesos de apoyo mensual que la Cámara de Diputados me entregaba por concepto de atención ciudadana (oficina de enlace), ofrecíamos servicio médico, jurídico y gestiones gratuitas a los ciudadanos del octavo distrito electoral federal de entonces.

Por un lapso de nueve años realizaron 54 jornadas comunitarias en la ciudad capital, sus seccionales y en otro par de municipios que las solicitaron, y atendimos a más de 27 mil personas (documentado).

Gracias a la generosidad de seis médicos que obsequiaron su tiempo, las consultas eran gratuitas. Si no hubiese sido por el enorme corazón de un empresario y un ejidatario, no se hubiesen entregado mil 350 becas a estudiantes de primaria, secundaria y deportistas destacados.

Igualmente, algunas farmacéuticas apoyaron con medicamento para diversos tratamientos, cuyo valor, además del humanitario, alcanzó los 10 millones de pesos actuales. Se compartía medicamento con otras instituciones como Cáritas, y se auxiliaba a usuarios enviados del sector salud público. Documentado.

Muy presente tengo la ocasión que llevamos la primera jornada comunitaria a la colonia Crucero, al sur de la ciudad, como parte del Proyecto “El Sur También es Chihuahua”.

Para colmo de la inmadurez, el gobierno de Martínez empalmó una caravana de salud en la colonia vecina, la Veteranos. Nunca competimos contra ellos, de hecho, fueron contadas ocasiones que la llevaron a las colonias populares, porque el afán era joder.

En casi seis años como legislador, nunca, jamás pedí un quinto partido por la mitad al ejecutivo federal, estatal o municipal para sostener la asociación civil.

Tampoco -como sí lo hace la casi totalidad de legisladores federales y locales desde hace muchos años- solicitamos ni aceptamos despensas ni otros apoyos para pregonar con sombrero ajeno.

El dinero era poco, la generosidad infinita y la gestión efectiva. A diferencia del presupuesto del que disponen funcionarios públicos que, sin hacer más allá de la entrega de dinero público y apoyos a los grupos vulnerables; gastan millones de pesos en carteleras para promocionarse como si fueran agentes reales de cambio.

Es imperativo rescatar el decoro y del servicio público.

Debe quedar muy claro el alcance de la responsabilidad de cada representante popular y de los funcionarios públicos.

Es insostenible e inequitativo que, por un lado, los legisladores se vean acotados en la gestión de servicios gratuitos de salud para la ciudadanía, ante la negligencia e incompetencia del poder Ejecutivo de cumplir con el mandato del artículo 4º constitucional que garantiza la salud a todos los mexicanos; y además se aprovechen del cargo para promocionarse a algún cargo de elección popular.

A la política y a los políticos sólo les importa el poder, los privilegios que les representa, así como la paga inmoral que reciben para comprar más poder y estatus.

Como ayer, hoy casi todos se van con las carteras llenas y se olvidan de quien paga sus estancias en el poder Legislativo, en el Ejecutivo y ahora en el Judicial.

Ya es tiempo de acabar con est@s felon@s de la política.

Hagamos acopio de dignidad y dejemos un legado de bien nacidos a hijos y nietos.

Es cuanto.