Luego de meses de zozobra, lágrimas, quejas, críticas y rechazo por parte de la cúpula que controla el Poder Judicial, de la oposición, de entes económicos y del desdibujado PRIAN, esta semana finalmente se logró implementar el “Plan C”, propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando de manera arbitraria se desechó la aprobación mayoritaria del Poder Legislativo para la reforma energética. Ese fue el momento en que se vislumbró lo que vivimos los mexicanos el domingo pasado.
Se trata de un momento histórico, no solo para México, sino para el mundo, porque estamos sembrando un precedente de vida democrática y de apertura ante un poder históricamente controlado por intereses conservadores. El Poder Judicial era el último reducto de la oposición a la Cuarta Transformación; sin embargo, gracias al pueblo de México, este poder cambiará y, con él, la vida pública del país para continuar el avance de la transformación.
Los mexicanos vivimos una jornada también histórica, en la que elegimos a los próximos juzgadores e impartidores de justicia, tanto en nuestro estado como en el país. A diferencia del viejo régimen —donde se simulaba que diputados y senadores elegían, cuando en realidad eran "dedazos" directos de presidentes o gobernadores según cada estado—, esta vez ejercimos nuestro sufragio con múltiples boletas para ministros, magistrados y jueces de distrito. Si bien no fue una elección típica ni sencilla, sirvió para abrir el panorama de lo que está en juego en este ejercicio democrático: los espacios que habían sido controlados por unos pocos y que, durante muchos años —si no es que siempre—, se utilizaron para favorecer a familiares y amigos. La impartición de justicia en México ha sido una tarea pendiente, pero ahora, con el Plan C, se inicia una nueva etapa: el segundo piso de la transformación.
Aunque hay muchos ejemplos por destacar, es importante resaltar el origen mixteco de Hugo Aguilar Ortiz, quien será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibió más de 6 millones de votos y fue reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum por su amplio conocimiento, su modestia y sencillez, así como por su enorme inteligencia y sensibilidad social. Ni hablar del contraste con Norma Piña, que ya pasará a la historia.
Ahora, estos próximos impartidores de justicia, que iniciarán funciones en el mes de septiembre, deberán dar ejemplo a México y al mundo de que puede existir un sistema de justicia distinto: uno que no esté basado en grupos de interés, ni en dinero de por medio. Este proceso electoral, que por supuesto es perfectible y será mejorado dentro de ocho años, ha demostrado ser funcional.
Mientras tanto, la oposición derrotada intenta deslegitimar y desdeñar el proceso, e incluso cuestiona el derecho de los mexicanos al voto. Se dicen demócratas, y sin embargo, expresan con furia su malestar ante el hecho de que el pueblo pueda elegir a quienes imparten justicia. Esto, aun cuando en los últimos meses de vida del viejo Poder Judicial se otorgaron vergonzosos amparos para proteger intereses mafiosos y corruptos. Tan solo un botón de muestra: el amparo que obtuvo el exgobernador César Duarte para detener el desmantelamiento de los presones que retienen ilegalmente agua en una de sus propiedades. La presidenta lo dijo claramente: “el amparo no tiene sustento”.
Y así podríamos continuar con muchos ejemplos de la falta de justicia y de las acciones arbitrarias que emanan del viejo Poder Judicial: la liberación de delincuentes, la protección a mafiosos de cuello blanco, amparos para que millonarios no paguen impuestos, y qué decir de la materia de derechos humanos. La verdad es que lo que viene para México es muy interesante. El cambio lo hemos hecho entre todos y seremos testigos de la transformación de raíz de nuestra nación.
Debemos sentirnos orgullosos de ser parte de la historia, de ser parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.