-Le tumbaron su jueza a “Paquito el torturador”
-Magistrados electos apenas “panzaron” derecho
-Los hilos que mueven a Morena en Chihuahua

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sumó a una inmobiliaria más a su lista de sancionadas en Chihuahua, con la suspensión de operaciones del llamado Grupo R10, una promotora que vende promesas de torres y rascacielos en la ciudad, con tácticas que levantan sospechas de fraude.
A principios de este mes, Profeco puso tachas sobre Desarrollos Campestres de Chihuahua o Midas R Desarrollos; Durán y Asociados o Urbanización y Desarrollo de Proyectos; El Encantado o Jesús Gerardo Murga Parada; Las Mesas o Quinven Desarrollos Inmobiliarios; y a Corporativo C2 o Desarrollos Campestres C2.
Luego, esta semana le puso foco rojo encima al Grupo R10, que tiene ya varios meses en la promoción de torres habitacionales de gama media y exclusivas, con campañas publicitarias muy limitadas y burdas en redes sociales, la Disneylandia de los estafadores.
Sobre el grupo inmobiliario ya habíamos dado cuenta en GPS en otras ocasiones. En octubre del año pasado recogimos el sentir de algunos empresarios que, resentidos por el megafraude de Aras, veían extraño el anuncio sobre la construcción de un rascacielos en la zona de mayor desarrollo de la capital, el periférico de la Juventud.
Con 200 departamentos y una altura de 150 metros, supuestamente sería la torre Zahara el edificio más grande de la ciudad. Sus promotores casi lo anuncian como inmerecido para la pequeña Chihuahua.
El grupo, con escasas referencias en el mercado, era el encargado del imaginario proyecto; imaginario porque no ha pasado de reels en redes y muy básicos renders arquitectónicos que no alcanzan a presentarse como una posibilidad real.
Ello recordaba, por ejemplo, otra estafa financiera, Vitas, copia genéticamente exacta de Aras, cuando anunciaba de la misma manera especulativa e informal la Vitas Tower, falso desarrollo proyectado en la presa El Rejón, del que muy a tiempo advirtió el propio alcalde, Marco Bonilla.
Más recientemente, dejamos constancia de que Froylán Rojero -una de las piezas de Javier Corral Jurado en materia de investigaciones y espionaje operados para su exfiscal general, César Augusto Peniche Espejel; y en particular, muy en particular para Oscar Alberto Aparicio- fue presentado como director general de ese grupo.
“Supo combinar eficientemente el trabajo policiaco-espionaje con el redituable negocio inmobiliario, pues apenas ayer fue presentado como director general de la Inmobiliaria R10, que levantará un edificio de condominios en el antiguo San Felipe (la llamada torre Sophia)...”, advertimos en estas páginas.
Ahora con la acción de la Profeco contra inmobiliarias que venden proyectos sin registro formal de sus contratos, hay más razones para dudar de la solidez de esas empresas y sus verdaderas intenciones.

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No fue menor la sacudida que le dio el Tribunal Estatal Electoral al resultado de la elección judicial en el Distrito Abraham González, que corresponde a Delicias, al anular los resultados de tres casillas por inconsistencias en la votación, lo que derivó en un cambio importante con repercusiones hasta políticas.
La sentencia que debió acatar el Instituto Estatal Electoral, recurrida en la Sala Guadalajara, donde deberá revisarse para ver si es ratificada o revertida, ordenó retirar el triunfo a Laura Cristina Acosta Reaza, dándoselo a Hortencia Villalobos Martínez.
Con la anulación de casillas, los resultados se modificaron en todos los casos de los contendientes por un juzgado penal en Delicias, pero no de forma significativa salvo para la candidatura de Acosta Reaza.
Lo más interesante en este asunto, nos reportan los abogados expertos en la materia electoral, es que la perjudicada con la decisión del tribunal es considerada parte del equipo del Francisco “Paquito” González Arredondo, conocido como “el torturador” del gobierno de Javier Corral, para sacarles los talentos de cantantes a los exfuncionarios del duartismo.
Acosta Reaza, quien impugnó la resolución estatal, como era previsible, está identificada como pieza del exagente del Ministerio Público que estuvo preso por tortura, hasta que la Fiscalía General de la República tomó el caso para liberarlo, con la obvia presión del exgobernador, ahora convertido al morenismo gracias al fuero.
La jueza que tuvo su constancia de mayoría en las manos y ahora se la han invalidado, es funcionaria de la Fiscalía del Estado desde los tiempos de Corral. Desde 2019 coordina la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada.
Ahora le debe rezar a varios santos de color guinda para que la Sala Guadalajara le haga el milagro.

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En torno a las resoluciones pendientes en el Tribunal Estatal Electoral, los casos de los magistrados electos Rubén Aguilar, José Luis Chacón Rodríguez y Gerardo Javier Acosta Barrera, todos del acordeón oficial de Palacio, deberán ser resueltos en una sesión programada para hoy viernes.
Los ojos de los expertos están en cómo justifican la ausencia de su relación de estudios con las calificaciones correspondientes en la carrera de derecho, pues aseguran que los tres no pasaron muy bien sus materias. Apenas “panzaron”, nos aseguran.
Entonces, algunos creen que tratarán de probar buenas calificaciones en la materia para la que fueron electos como magistrados, con relaciones de estudios de posgrado, porque si se toman en cuenta las de la licenciatura, el TEE debería mandarlos a empezar desde primer semestre de nuevo sus carreras.
Habrá que seguir muy pendientes de la resolución, no vaya a ser que ya les hayan aplicado la del narcocorrido del ficticio Heinsenberg, “este compa ya está muerto, nomás no le han avisado”.

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En política nada es fortuito. Los recientes ataques mediáticos contra tres de los principales aspirantes a la gubernatura de Chihuahua por Morena no son casualidad, sino una evidente estrategia orquestada desde las sombras.
Detrás de estos movimientos, los propios morenistas más avezados ven la mano de la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel quien, desde el centro del país, sigue dedicando mucho del tiempo que debería concentrar en su encargo a la grilla chihuahuense hacia el 2027.
El primer golpe fue dirigido para Andrea Chávez, la inquieta senadora guinda.
El escándalo en torno al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena —acusado de liderar el grupo criminal "La Barredora"— no solo mancha su reputación, sino que busca dañar políticamente a don Adán Augusto López, quien lo nombró durante su mandato como gobernador.
El impacto es claro: un efecto colateral que perjudica a Andrea Chávez, cercana al tabasqueño y una de las favoritas en la carrera por Chihuahua.
El segundo ataque fue dirigido contra Cruz Pérez Cuéllar. Apenas surgió el caso tabasqueño cuando, desde las tinieblas, apareció el señalamiento contra el alcalde juarense en páginas digitales piratas.
Y por último, el tercer movimiento fue contra Juan Carlos Loera.
Para cerrar la semana, el ciudadano Hugo Díaz, convocó a un rueda de prensa para anunciar que desde el Comité Nacional de Morena, se autorizó una auditoría a la delegación del Bienestar durante la gestión del ahora senador Juan Carlos Loera por irregularidades en el manejo de pensiones.
¿Coincidencia? Difícilmente.

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El alcalde, Marco Bonilla, no le afloja al tema de la seguridad; fundamentalmente al reforzamiento de acciones para mejorar las condiciones en que las y los policías de la ciudad desempeñan su trabajo.
Nada menor fue la inversión anunciada ayer por el mismo alcalde en materia de equipamiento por cerca de seis millones de pesos en chalecos y armamento, los cuales vienen a reforzar el equipamiento y medidas de seguridad con las que trabajan los guardianes del orden.
El edil ha dicho tener bien claro que, por ninguna razón, puede colocar de por medio la seguridad de los agentes municipales aunque algunos se pasan con el uso excesivo de la fuerza.
Ha pedido ser altamente escrupulosos y cuidar hasta el último detalle en licencias colectivas y durabilidad de los equipos con los que se busca proteger a elementos.
Con la nueva inversión, han sido dotados los polis de nuevas patrullas, chalecos balísticos, y armamento, entre otros implementos a la corporación.
El alcalde fue muy claro ayer en reconocer que, desde la llegada de su antecesora, la hoy gobernadora Maru Campos, la inversión en tecnología y equipamiento ha sido de gran importancia para dar a las y los policías el lugar que se merecen en el ejercicio del presupuesto y que, si se les exigen resultados, se les entregan las mejores herramientas para hacer su trabajo.
Igual están obligados a responder los policías.