La detención y apertura de un nuevo proceso penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, sigue siendo un tema que divide opiniones y revela las tensiones entre justicia y política en el estado. La defensa ha insistido en que se le pretende juzgar por un delito respecto del cual ya obtuvo una absolución, lo que abre el debate sobre la legalidad del procedimiento y el respeto al principio de cosa juzgada.
Más allá de lo estrictamente jurídico, el contexto político no puede ignorarse. La reapertura de este caso coincide con el arranque de la carrera por la gubernatura y, en ese escenario, aparece la figura de Javier Corral, considerado por muchos como el peor gobernador que ha tenido Chihuahua. Hoy, desde las filas de Morena, pareciera ser el operador principal de esta causa penal federal contra su más acérrimo adversario político.
El enfrentamiento entre Duarte y Corral refleja la pugna de dos personalidades con rasgos similares: egocentrismo y narcisismo. Corral no admite que una parte importante de la sociedad chihuahuense considere que Duarte fue mejor gobernador que él, lo que alimenta un clima de odios y revanchas.
El hecho es que el factor común de ambos son las irregularidades financieras en sus administraciones. El desvío de recursos pareciera haber sido mayor con Duarte que con Javier, porque —como lo dicen sus seguidores— aunque robó más, construyó mucha más obra que el ex panista Javier Corral.
Para la actual gobernadora, Maru Campos, este escenario es ambivalente. Por un lado, se elimina de la arena política a un personaje que le generaba constantes conflictos. Por otro, se mantiene viva la narrativa de “ni perdón ni olvido”, que la obliga a navegar entre las presiones de quienes exigen justicia y los riesgos de que el proceso se perciba como una vendetta política.
Tras dos años de prisión preventiva, Duarte logró que se modificara la medida cautelar y enfrentará su proceso en semilibertad. En ese periodo, se mostró públicamente con sus seguidores, bailando y cantando, en una aparente recuperación milagrosa después de supuestamente haber estado al borde de la muerte por problemas cardíacos. Los privilegios que disfrutó en prisión no sorprenden: el dinero, como siempre, fue su principal recurso para acceder a beneficios que otros internos jamás podrían alcanzar.
El tratado de extradición que permitió su entrega desde Estados Unidos se ha visto superado por la política. En este caso, la narrativa oficial de combate a la corrupción ha justificado la vulneración de principios básicos del debido proceso, bajo el argumento de que “el fin justifica los medios”.
Finalmente, el control que el gobierno federal ejerce sobre el Poder Judicial deja poco margen para que Duarte encuentre una salida legal. La paradoja es evidente: cuando Corral denuncia, asegura que se trata de la correcta aplicación de la ley y del debido proceso; cuando se le acusa, lo descalifica como politiquería y acusaciones fabricadas.
El señalamiento de Javier Corral en contra del fiscal general, César Jáuregui Moreno, a quien acusa de corrupto por recibir dinero de Duarte, así como del fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes —a quien señala de haber sido impuesto por Duarte ante Maru Campos—, son temas recurrentes del ahora senador por Morena. En el caso de Jáuregui se entiende, porque es quien ha descubierto los desvíos de Javier; pero en el caso de Heliodoro, pareciera tener razón, pues ha convertido a la Fiscalía Zona Centro en la peor que ha tenido Chihuahua en su historia.
El caso Duarte no solo exhibe las debilidades del sistema judicial, sino también la manera en que la política se impone sobre la justicia. En Chihuahua, la lucha contra la corrupción se ha convertido en un campo de batalla personal entre dos exgobernadores, mientras la ciudadanía sigue esperando que la ley se aplique con imparcialidad y sin revanchas… Ojalá.

Presunción de inocencia
De manera extraña, poco comprensible para quien espera una reacción institucional adecuada, el titular de la Fiscalía Zona Centro, al sentirse aludido por comentarios vertidos en un artículo publicado en este medio el pasado domingo 07, relacionados con el interés legítimo y legal de conocer la explicación a la omisión reiterada de una subalterna —funcionaria de la misma fiscalía—, quien dejó de contestar dos oficios entregados en distintas fechas por diversos juzgadores penales de primera instancia, con un mismo objetivo: conocer el destino de un teléfono asegurado con cadena de custodia.
Heliodoro Araiza Reyes, exrector de la UACH, doctor en Derecho, catedrático destacado de la FADER, así como de la División de Estudios de Posgrado, maestro en diversas universidades en todo el país y además invitado a formar parte del claustro de maestros de la Universidad de Texas, por conducto de su también subalterno Francisco Ruvalcaba Durazo —quien fue nombrado titular de la causa—, solicitó a una jueza de juicio oral de este Distrito Judicial Morelos que se ordenara al asesor jurídico, responsable del artículo y quien suscribe este otro, que dejara de publicar las irregularidades del proceso, bajo el argumento de que se afecta la presunción de inocencia de los imputados, mismos que ni siquiera fueron mencionados en el artículo.
La congruencia no es una de las virtudes del fiscal, quien sí violenta la presunción de inocencia diariamente cuando publica fotos de personas que no han sido ni siquiera vinculadas a proceso, y que aparecen en gráficas con sus nombres completos y una franja negra que les cubre parcialmente los ojos, como si eso fuera suficiente para mantener en el anonimato su identidad.
Resulta extraño que, conociendo esta situación de omisión, Heliodoro Araiza no haya actuado como era su responsabilidad. No quiso molestar a su coordinadora, ni siquiera con una hoja de papel, para conocer el porqué de su negativa a responder.
Recientemente, el mismo Heliodoro informaba en conferencia de prensa que, tan solo en lo que va del año, se han recuperado más de 13 millones de pesos en la Unidad de Daños, cantidad muy importante si se toma en cuenta que, en fechas anteriores, el numerario se entregaba en efectivo, con el respectivo recibo firmado por el MP responsable.
No hace mucho también se conoció de un faltante de ese efectivo, que fue sustraído de la unidad, sin que se tuviera noticia de la apertura de una investigación, la imposición de una sanción o la integración de una carpeta de investigación. Lo que sí se conoció fue la exigencia de cientos de personas que reclamaban la devolución de su dinero, pues ya había de por medio el perdón o el pago de la reparación del daño.
Este ingreso cuantioso que diariamente se recibe en la Unidad de Daños puede ser considerado, en opinión de personal de la propia fiscalía, como la caja chica de la Fiscalía Zona Centro, o incluso la más grande.
Existen también, en el área de homicidios, diversas irregularidades relacionadas con el desvío de recursos. Cuando se presenta el fallecimiento de una persona por delito imprudencial, algunos ministerios públicos solicitan cantidades de entre 50 y 100 mil pesos para solventar gastos de defunción y otros de las víctimas, a quienes después les exigen comprobar gastos que siempre resultan menores a lo solicitado a los imputados; ese dinero, simplemente, cambia de dueño.
La reingeniería implementada por el fiscal Heliodoro Araiza en la organización de la agenda de los ministerios públicos ha sido un total fracaso. Las solicitudes de entrevista con los MP tardan alrededor de 20 días y, cuando finalmente se programan, en muchos casos deben reagendarse por otros 20 días porque el MP responsable tuvo que acudir a una audiencia; posteriormente, se reprograma nuevamente por otros 20 días más.
En opinión de muchos litigantes, esta es la peor Fiscalía Zona Centro de la que se tenga memoria: no hay control de expedientes, los MP actúan bajo su más leal entender y los coordinadores con los que cuenta Heliodoro —que, dicho sea de paso, entienden perfectamente el funcionamiento— no se dan abasto.
Heliodoro ha ordenado que no recibirá a ningún Ministerio Público y que todo se atienda por conducto de su coordinador; sin embargo, el problema radica en su permanente ausencia de la oficina. Siempre despacha por teléfono, desde algún aula de la universidad o directamente desde su despacho particular.
La incomodidad que le genera la oficina de la fiscalía es manifiesta. Pareciera que no le agrada el trato que recibe de sus superiores, pues con su perfil no debería estar en la Zona Centro, sino en la Fiscalía General. Pero hay que soportar y permanecer para merecer. Tiempo al tiempo.