-Casi le dan el 10 al auditor Acosta
-Las excusas de Roxana
-La alerta de la OMS con datos desfasados
En la elección de juzgadores del Poder Judicial del Estado, de forma similar a como será a nivel federal, serán los votos los que determinan quién será el magistrado o magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Ahí en esa carrera, de los 30 que habrán de resultar ganadores por una de las magistraturas en juego, penales, civiles y familiares, son tres los que, dicen en los tribunales, despuntan para encabezar el Poder Judicial a partir del mes de septiembre.
Entre los punteros, aseguran, va Gerardo Javier Acosta, titular de la Cuarta Sala Penal en funciones; también está enlistada Nyria Janette Trevizo, encargada del despacho de la Tercera Sala Civil; y Gloria Angélica Mendoza, titular provisional de la Primera Sala Civil Regional, con asiento en Ciudad Juárez.
Por los nombres y apellidos, sus orígenes, encargos pasados y actuales, no es difícil identificar sus afinidades, ascendencias y pertenencias grupales.
El jimenense Acosta Barrera es considerado parte del establo de los oxigenadores designados durante la última parte del sexenio del exgobernador César Duarte; primero fue magistrado en una sala regional de Parral, de 2013 a 2018, y luego dio el brinco a su posición actual, en la que pretende mantenerse.
Trevizo Rivera, por su parte, tiene más de 20 años en el Poder Judicial, pero la clave de su carrera puede encontrarse en 2021, cuando la magistrada presidenta, Myriam Hernández, la hizo coordinadora de su oficina y luego le encargó la Tercera Sala Civil.
En la carrera, la otra que despunta, Mendoza Beltrán, lleva el sello del alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar, pero no sólo por ser la esposa de su secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, sino por su compromiso con la causa del equipo juarense; el presidente municipal, además, lleva otras tantas cartas en el juego, pero la más destacada es la que ya tiene largo tramo recorrido en la judicatura estatal.
Hay que apuntar esos nombres, pues, como los que hasta ahora parecen punteros de una carrera que termina dentro de un mes, sin contar el plazo en que habrán de contarse los votos en los sótanos de los organismos electorales.
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En el San Quintín armado en el Congreso por Morena, con gritones y todo en tribuna, para importunar con adjetivos variados, el coordinador del PAN, Alfredo Chávez, cumplió con su parte al sacar adelante la alianza de 21 votos.
No fue suficiente para derribar la disciplina guinda, que anuló sus doce sufragios.
Cuauhtémoc Estrada casi obligó a todos sus diputados a mostrar la boleta al votar, para evitar que alguien saliera con el voto esperado por el PRIAN, con larguísimo discurso somnífero -20 minutos duró en tribuna-, alegando supuestas calificaciones arbitrarias de lo cual no dijo nada en la Junta de Coordinación Política.
Indudable que alguien, en alguna parte del entramado prianista, le quiso dar oxígeno a Georgina Bujanda, no obstante su tormentoso pasado como diputada y después la plena insubordinada como secretaria general de la UACH.
Sospechan quienes le saben a la tenebra que fue su padrino político César Jáuregui –próximo a pedir licencia como fiscal general, junto con el director de la AEI, Arturo Zuany, abiertamente encampañados por el 2027-, quien le habría dado ese empujoncito para llevarla a una posición envidiada como titular del órgano constitucional autónomo responsable de los derechos humanos.
Ahora deberá la Junta de Coordinación Política sacar de nuevo una terna, donde sólo puede repetir uno de los candidatos propuestos. Veremos quién de los tres sobrevive a la vapuleada de ayer.
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Con la revisión a detalle del trabajo de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso casi le dio un 10 a su titular, Héctor Acosta Félix, quien fue calificado con un cumplimiento total de 99.3. Y con mención especial, pudiera decirse.
Resulta que además del resultado global de la evaluación, le fue reconocida a la ASE la eficiencia en el manejo del presupuesto otorgado para su desempeño, pues en dicho apartado fue reportado un superávit 2.3 millones de pesos entre recursos recuperados y el gasto generado, relación que incluso es mayor a la del año anterior.
La Comisión de Fiscalización, presidida por la morenista Leticia Ortega, desarrolló un sistema de evaluación con parámetros que determinan el nivel de cumplimiento de las atribuciones y obligaciones de la ASE y su titular.
Además, contempla las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública y las acciones emitidas, así como la presentación y contenido de los informes General, Individuales, Específicos y Anual de Avances, así como los indicadores financieros del órgano.
Los resultados de la profesionalización del trabajo que realiza la ASE están a la vista, tanto que el desempeño pasado de dicha institución no resiste el mínimo análisis comparativo.
Seguramente eso explica la unanimidad en la opinión de las fuerzas políticas en el Congreso del Estado, al validar la actuación del órgano fiscalizador.
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Batearon sin mucho problema los magistrados electorales, Hugo Molina y Adela Jiménez, un par de excusas planteadas por su colega Roxana García, que pretendió separarse de conocer dos juicios para la protección de derechos políticos presentados por un abogado que fue parte de su ponencia y que ahora es candidato en la elección judicial.
Son los asuntos 161 y 176 del 2025, tratados en la sesión efectuada el pasado viernes por parte del pleno del Tribunal Estatal Electoral, y que fueron resueltos casi como de mero trámite.
Hay suficientes criterios para respaldar que la simple relación laboral no entraña elementos suficientes para que un juzgador se excuse de conocer.
Más aún, en el caso de Luis Alejandro Carrillo Zúñiga, sólo laboró de febrero a julio del 2022, hace ya casi tres años.
Las razones de fondo son desconocidas para que la magistrada intentará este deslinde, inclusive pudiera pensarse como natural, tratando de protegerse de algún recurso posterior de responsabilidad.
Obviamente hay natural desconfianza y exceso de cuidado en las resoluciones próximas. Por cierto, la resolución de ambos asuntos corrió por cuenta de la nueva magistrada, Adela Jiménez.
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Hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud, con datos del 18 de abril pasado, en la cual exhorta a fortalecer la vacunación contra el sarampión, toda vez que el 92 por ciento de los casos existentes corresponden a personas que carecen de la misma.
Cuando ocurrió la alerta, apenas había poco más de dos mil casos en diversos países latinoamericanos, con 418 en Chihuahua.
Los datos de ayer en la Mañanera no dejan lugar a dudas de que hay un problema serio, porque en 15 días se ha duplicado la cifra, hasta llegar a 860.
Nada más en tres días, del 25 al 28 de abril, hay 156 nuevos casos de sarampión en la entidad, concentrados en Cuauhtémoc, Chihuahua, Riva Palacio, Ahumada, Namiquipa, Ojinaga, Ascensión y Juárez.
No sabemos en estos momentos qué diría la Organización Mundial de la Salud si tuviera los datos estadísticos que les llegarán quizá el mes que entra o quien sabe cuándo, porque la información en la secretaria de Salud, servicios de salud y epidemiología sale a cuenta gotas.
Ayer, mientras en la Mañanera difundían el dato de los 860 casos en la entidad, aquí repitieron el informe de ayer, como si no hubiera habido ningún caso nuevo, cuando diariamente han existido 48, 71 y 37 casos adicionales, lunes, domingo y sábado, en ese orden.
Con esos 860, tendríamos nada menos que 99 casos nuevos, de lunes a martes. El mayor crecimiento del brote en 24 horas.
Esconder la información no es una buena idea, cuando el momento exige socializar puntualmente los datos para que la sociedad haga conciencia y acuda a vacunarse o a aplicar algún refuerzo.
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En redes sociales circula un video de un supuesto abuso policial. Lo que no cuentan los denunciantes es que fueron ellos quienes abusaron del alcohol y las sustancias.
Varios vecinos de la calle solicitaron la intervención de la Policía Municipal porque la fiesta que empezó desde una noche antes, se extendió hasta las seis de la mañana.
Los oficiales acudieron al lugar para solicitar a los asistentes que bajaran la música y concluyeran la fiesta, la dueña de la vivienda permitió el acceso a los oficiales, pero al ver que la cosa iba en serio con la detención de uno de los invitados, agredió al oficial; esto desató la riña.
Así como los denunciantes tienen el video que compartieron en redes, la Policía Municipal cuenta con la evidencia de videograbación de las unidades y los respaldan todas las llamadas de los vecinos de este domicilio que solicitaron la intervención.
