-Ayudota con alumbrado al CBTIS 122
-De Parral y no Chihuahua, policía sorprendido
-Hace enojar Pablo Héctor a Corral

Unos supuestamente modernos y súper precisos medidores ultrasónicos fueron la gran adquisición de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), mediante una de las licitaciones amañadas por la dependencia estatal al final de la administración pasada.
Ayer dimos cuenta de la relación que acabó en tragedia entre el exjefe de Facturación y Cobranza de la JMAS, Luis René Villarreal, ejecutado en febrero de 2022; su esposa, hoy viuda y detenida el fin de semana por fraude, Alejandra M.O; y Marco Antonio M.M, representante de Amerka, una empresa proveedora de la gestora del agua en la capital, también detenido este año.
Asentamos, como dato importante y destacado, que Marco Antonio usó de fachada de la empresa proveedora de la JMAS una propiedad de la familia de Alejandra aquí en Chihuahua, para esa licitación que habría sido dirigida por el ahora difunto, quien lamentablemente ya no está aquí para contar su versión de la historia.
El caso, pues, transitó del ofrecimiento de grandes rendimientos, con licitaciones truqueadas, por parte de Villarreal Pérez a varios incautos que cayeron y le dieron dinero; a una cadena de fraudes y estafas que involucraron a la esposa y otros familiares del exfuncionario de la JMAS.
En medio de esa trama se perdieron, aunque los recuperaron, los ahorros de algunos diputados de la legislatura 2018-2021, producto de decisiones administrativas de funcionarios del Legislativo, nada (o muy bien informados) de los manejos que hacía el exjefe de Facturación de la JMAS.
Con el tema claro hasta aquí, en lo que nos llaman la atención los expertos en materia de agua es que el caso ha sido penalizado, hasta por la justicia divina, pero sólo por el fraude en millones que representó para una élite política acostumbrada a servirse del presupuesto.
Nadie ha reparado en que, además de toda la estafa financiera, sí se suministraron medidores a la JMAS entre finales de 2020 y el año 2021, de tan dudosa calidad que debieron retirarse.
Resulta que esos medidores eran especialmente para la industria y salieron tan malos que medían el aire y hasta las vibraciones de los camiones que circulaban, qué novedad.
Eso quedó tan demostrado que la junta terminó por desecharlos, o sea que el dinero acabó en la basura.
Nomás 41 millones de pesos. De ese daño al patrimonio de la dependencia, al patrimonio de la sociedad, ni quién se acuerde.

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Muchas generaciones caminaron por el pasillo que comunica la calle 20 donde se ubica el CBTIS 122 con el boulevard Fuentes Mares. Jamás se hubieran imaginado que ese lugar, que era catalogada por los mismos estudiantes y padres de familia como una zona peligrosa, hoy luciera iluminado como si fuera casi de día.
Tuvo que llegar un alcalde comprometido con la educación y la seguridad, para que las lámparas viejas, algunas hasta fundidas por años, fueran sustituidas por las nuevas LED, iguales a las que están instalando por toda la ciudad, para que esta zona cambiara por completo y la hora de salida del alumnado que camina hasta la estación del autobús, se sintiera segura.
Quienes estudiaron en el CBTIS, hoy aplauden al alcalde Marco Bonilla, al recordar como las mismas autoridades les prohibían a los alumnos del turno vespertino caminar por ahí y si lo hacían, pedían que fueran en grupos grandes, porque en varias ocasiones ocurrieron asaltos y uno que otro susto bajo el cobijo de la oscuridad.

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Llamó la atención un suceso ocurrido en Hidalgo del Parral, donde en una tienda de conveniencia, un sujeto al parecer drogado arrebató el arma de cargo a un oficial y le disparó, sin que afortunadamente lograra herirlo.
El sujeto fue detenido y consignado ante la autoridad correspondiente; esperemos llegue ante un juez y responda por el intento de homicidio o al menos intento de lesiones con arma de fuego, y los delitos que puedan agregarse.
Fue mucho el alcance del individuo, pero también la ausencia de precaución del elemento policial, que devela, como lo manifestaron muchos internautas, la falta de capacitación de los cuerpos policiacos en municipios pequeños y medianos, como Parral.
Algunos malintencionados quisieron adjudicar los hechos a la ciudad de Chihuahua, pero muy lejos de ello es la realidad, del suceso acontecido en el cruce de las calles Fresno y Encino de la colonia Juárez, en la capital del Mundo.
Aquí es donde quedan claro las distancias en la capacitación policial a la cual acceden los agentes municipales, en casos como el de Chihuahua, donde es continúa la formación y todos ellos son producto de academia.
Pero además están sujetos a acreditaciones y revisiones constantes, por ejemplo, el Sistema de Gestión de Calidad 9001:2015; el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 27001:2022; y el Sistema de Gestión Antisoborno 37001:2017.
Pero además está vigente el reconocimiento de Calea que se otorga a las agencias policiales que cumplen con un conjunto de normas profesionales para mejorar la prestación de servicios de seguridad pública.
Lejos de estas certificaciones, la condición de las policías municipales en municipios pequeños es precaria, ya que carecen de los recursos económicos suficientes para acceder a mejores niveles de capacitación, muchos de ellos afectados por recortes en gasto federal.
A dicho problema de formación se agrega que cuando menos una decena de municipios permanece desde hace años sin cuerpo de seguridad propio, en tareas que son prestadas por la Secretaría de Seguridad Estatal con apoyo de la Guardia Nacional en algunos casos.
Dicha Guardia Nacional acapara recursos millonarios que deberían estar llegando a los cuerpos policiacos preventivos, para dotar a sus elementos de mejor capacitación y condiciones laborales, para hacer atractivo servir en dicha función con sueldos cuando menos decorosos.

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Hay diferencias de fondo entre las visiones que el magistrado Pablo Héctor González, expresidente del TSJ en tiempos del corralismo, y la jueza Alejandra Ramos, plantearon en una especie de panel organizado por el Consejo de la Judicatura Federal.
Mientras la jueza ve en la reforma judicial la oportunidad de que en las leyes secundarias pueda medirse la regresión o el avance en beneficio de los justiciables, de dicha reforma, propiciando realmente una cercanía con el pueblo, para el magistrado hay un auténtico golpe de estado técnico.
Ejemplificó Pablo Héctor con la hipótesis de que un Congreso con mayoría calificada opositora al presidente de la República en turno, cambie los requisitos para ser titular del Ejecutivo, y en el transitorio, ordene que cese en sus funciones, precisamente por no cumplir con dichos requisitos.
Eso es lo que en estos momentos está ocurriendo con la reforma, que, de manera inédita a nivel mundial, destituye a todos los jueces y magistrados de un país, mediante un transitorio, que resulta mucho más grave que la reforma sustantiva, la cual pudo ordenar la elección de jueces y magistrados de manera gradual, una vez que cumplan con el periodo para el cual fueron electos. Fue lo que dijo, en síntesis.
A ver qué le dice su antiguo y mitómano jefe Javier Corral, hoy morenista de hueso guinda, por adoptar esa postura contraria a los postulados de la 4T y de defensa del ejercicio jurisdiccional independiente.
La jueza Alejandra Ramos casi trae su currículum bajo el brazo, con esa duda razonable sobre una reforma judicial sobre la cual pocos, muy pocos togados comparten su visión positiva con respecto a la misma.
Obvio, no dejó pasar la oportunidad Alejandra de golpetear al Tribunal Superior de Justicia y su proceso de selección de magistrados, haciendo alarde de los litigios por ella emprendidos, contrastándola con la carrera judicial del estado de México.

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Resulta interesante la nueva dinámica que tendrán algunas comisiones en el Congreso, entre ellas la de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales, que preside Roberto Carreón, sobre todo por la incidencia que tienen las organizaciones sociales y observatorios, muchas de ellas impulsadas por las agendas de partidos y figuras escabrosas.
En Chihuahua, por ejemplo, hay grupos como los corralistas de Wikipolítica, además de los morenistas de Retén Ciudadano que tendrán una plétora de iniciativas o reclamos que ayuden a las causas de sus mandamases.
También hay diversas colectivas de mujeres y observatorios LGBT que trabajan constantemente para lograr más apertura e inclusión en las decisiones políticas del estado.
Por algo Francisco Sánchez, de MC, salió corriendo de la Comisión en la pasada legislatura.
Al de MC le cuestionaron decisiones y determinaciones en temas que empujaba Morena, que ahora mandó ni más ni menos que al coordinador Cuauhtémoc Estrada como vocal, con todo el interés de chamaquear al panista Carreón.