-Elección de seccionales y apoyo de Bonilla
-Conectada desde San Lucas con toma de tribuna
-Una herencia más del corralato

La madrugada de ayer en la vía corta Chihuahua-Parral, de nuevo los soldados con tenis montaron su retén, disfrazados de elementos de la Guardia Nacional, para robarle el vehículo a una pareja que viajaba de la capital a la ciudad del sur del estado.
Además de despojarlos de efectivo, los delincuentes se llevaron la camioneta que tripulaban, una Hyundai Creta de color blanco, modelo 2024, la cual fue recuperada gracias a una aplicación digital que desactivó los controles del vehículo a distancia. Si no, ahorita estaría en sierra o en alguna población alejada de Sinaloa o Durango.
No sabemos si hubo más casos de atracos, revisiones o agresiones, pero la cifra negra de delitos, esos que no se denuncian, siempre es mayor a las querellas formales.
El caso cobró notoriedad otra vez porque no pasa más de una semana ó 10 días entre caso y caso de atracos en la peligrosa carretera, atribuidos a una célula del Cártel de Sinaloa muy activa desde Satevó hasta la región serrana, con vinculaciones en todo el corredor que comienza en la capital.
Supuestamente, con la detención a principios del mes del jefe del Ministerio Público en Santa Isabel, Hugo Mauricio M.O y un cabecilla criminal de la región, Noriel Armando Z., ya había quedado desactivada la banda dedicada a los atracos carreteros; el caso de ayer desmiente esa versión.
Los atracos siguen, como sigue vivito el cártel operando a sus anchas, aprovechando el denunciado vacío de autoridad en una amplia región de la entidad, por la que continúa siendo un peligro transitar de noche y madrugada.
Pero si la autoridad investigadora no ha podido capturar y sancionar a un hamponcillo de Parral, Arturo Loya, conocido como el “Pin Pon”, menos va a poder meter en cintura al cártel que igual se burla de ciudadanos que de gobiernos en todos sus niveles.
Ese tal “Pin Pon” es un golpeador empleado por el dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Alfredo “Caballo” Lozoya, exalcalde de Parral; tiene ocho años de impunidad pese a varios expedientes abiertos en la Fiscalía del Estado, sospechosamente congelados, tal vez por sus vinculaciones políticas.
Pero si ni a eso se acercan las instancias investigadoras del delito, qué se puede esperar en crímenes de más alto riesgo.
La jurisdicción formal es lo de menos, pero corresponde tanto al fiscal de la Zona Sur, Juan Carlos Portillo, alias “Tatos” (o “Tratos”, le dicen otros); como al de la Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, más dedicado a litigar para su despacho que a cumplir con su encomienda oficial.

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No es el Hard Rock Hotel de Cabo San Lucas lo más lujoso o exclusivo que existe en la zona, pero es uno de los mejores de aquel paradisiaco lugar.
Antes que este hotel están por ejemplo el One&Only Palmilla, un complejo de alta gama con habitaciones y villas lujosas, con piscinas impresionantes y un spa de piedra; está también el Esperanza – Auberge Resorts Collection, un resort relajado con casitas y villas inspiradas en haciendas, piscina infinita y vistas al mar.
Hay varios más de alta gama, pero el Hard Rock sin duda es un buen hotel, donde por siete mil pesos la noche aproximadamente puede alguien quedarse cómodamente hospedado con todo incluido, claro sin vista al mar.
La vista al mar tiene un mayor costo, no mucho, pero si son varios miles de pesos diarios.
Pues a este hotel, el Hard Rock, fue donde llegó la diputada Brenda Ríos acompañada del marido, Alex LeBaron, pese a que estaba con anticipación programada una sesión del Congreso, la que por cierto se salió de control, porque fue tronada por la bancada de Morena.
A dicha sesión se conectó Brenda desde el bello hotel o algún lugar vecino; sólo se le alcanza a ver en una especie de sofá y una pared de tono café.
Una sola vez la vimos en la transmisión, ya después no la volvimos a ver, hasta que la sesión fue declarada suspendida de manera definitiva.
Hicieron mucho escandalo los diputados de Morena por un tema incluido en el orden del día, mientras una de sus diputadas andaba en Los Cabos, pasando lista seguramente con un coco bien helado a un lado.

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El domingo en los cinco seccionales rurales del municipio de Chihuahua, se celebrará la elección para elegir a los comisarios y presidentes seccionales de El Charco, El Sauz, Guadalupe, Colonia Soto y Ciénega de Ortiz, donde por cierto el alcalde, Marco Bonilla, llamó a todos sus habitantes a salir a votar por los mejores y por aquellos que trabajen diariamente para cambiar la vida de sus pobladores.
Recordemos que en la administración pasada, los presidentes realizaron varias gestiones con el alcalde, que en atención a las peticiones de sus habitantes, llevó alimento para el ganado, fertilizantes, azúcar para alimentar a las abejas, pavimentación de calles principales, rehabilitación de los salones de usos múltiples y modernización de alumbrado con lámparas LED.
Quien quede como titular, va a tener que correr al paso del Bonilla, porque desde que inició su segundo periodo como edil capitalino no ha parado y hasta le alcanza para ir a motivar los fines de semana a los amigos de otros municipios.

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Apareció una suspensión que no sabemos si realmente surte sus efectos o está en el limbo, para una empresa que vende insumos y medicamentos al sector salud y que tiene algún antecedente en Chihuahua.
La Secretaría de la Función Pública a través del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, una suspensión provisional de 24 meses en contra de la empresa Interbiol SA de CV.
Pero, resulta que en la misma publicación ordena una medida precautoria para que las sanciones no sean publicadas en el mismo Diario Oficial de la Federación y el Sistema Compranet, e incluso, si ya se hicieron, estas sean suprimidas, hasta que se dicte sentencia interlocutoria en el incidente respectivo.
Luego entonces, se publica la suspensión, pero no puede hacérsele difusión, menos en Compranet, que es el mecanismo electrónico para realizar las compras por todo el sector público, ¿entonces?
Esta empresa participó en algunas licitaciones en el pasado lejano, a través de su representante legal Aldo Agustín Melo Huesca.
Encontramos en particular una de Servicios de Salud de Chihuahua, allá por el 2010, donde la empresa de inconformó por unos resultados y acudió ante la Secretaría de la Función Pública, la cual se declaró incompetente porque los recursos provenían del extinto Seguro Popular, y por tanto se convertían en estatales.
Así de ese tamaño las resoluciones de la SFP y su órgano de control en el Imss-Bienestar.
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Hay un problema heredado por la administración de Javier Corral que acaba de tronar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un monto cercano a los cinco millones de pesos.
Resulta que, durante aquel régimen, el Instituto Chihuahuense de Salud recibió servicios de insumos osteosíntesis para el Hospital Central que no pagó durante los cinco años de duración del mismo.
El proveedor acudió al TFJA por la negativa de pago, y al recibir palo, acudió al amparo y finalmente, casi a seis años de prestado el servicio, finalmente el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito bajo el expediente número 376/2022, le concedió la razón hace unos meses.
Deberá el organismo descentralizado estatal pagarle la cantidad de cinco millones de pesos y fracción jineteados durante un quinquenio por puro capricho.
El adeudo empezó en tres millones de pesos, pero con los intereses desde el 2018 a la fecha ya va en cinco millones, sin tomar en cuenta tres millones adicionales reclamados vía una ampliación de demanda, consistente en más de 70 facturas no pagadas por el Ichisal, igual que se hizo con las 100 facturas cuyo pago fue inicialmente demandado.
Si al asunto se suma la totalidad del adeudo, andaríamos cerca de los 10 millones de pesos con los intereses respectivos; la cuestión es que ya el tribunal federal solamente concedió la razón por los cinco millones.
Seguramente veremos al proveedor interponiendo una nueva demanda de amparo en contra de ese recorte de tres millones de pesos cuyo pago legítimamente está exigiendo y que la administración corralista dejó para después de manera irresponsable.