-Uno más en trama de robo y asesinato de la JMAS

-Lo que le duele a Edin es disculparse

-Los partidos echaron llave a sus locales

Presentamos hoy en versión digital un video tomado durante estos días que exhibe a Javier Corral Jurado algo o mucho cambiado en su físico, particularmente en la zona ventral, abultada, posiblemente alejado de aquellos famosos 10 kilómetros “de la liberación” que presumía correr con entrenador pagado por el gobierno del estado.

No podríamos decir que las imágenes presentan a un exgobernador gordo parejo pero sí de panza evidentemente hinchada por alguna razón desconocida. Hace tiempo que no se dejaba de ver en público, puras redes sociales.

Ese video fue tomado el martes pasado y por ello lo traemos a colación, no tanto por la metamorfosis abdominal sufrida. Puede observarse también a un Corral de mirada retadora, fría, aunque evidentemente despreocupado. Manos en la bolsa de un saco o chamarra larga oscura; camisa clara de pequeños cuadritos.

La imagen fue captada el martes 23 de julio  al ingresar a un restaurante de medio pelo de la Ciudad de México, El Libertario, ubicado frente al parque Luis Cabrera, en la popular colonia Roma.

Puede decirse que en los mismos momentos que Corral gozaba del menú en ese merendero, su abogado en la ciudad de Chihuahua, Francisco Arreola López, casi pedía piernas prestadas para salir huyendo de los periodistas que lo aguardaban en el exterior de la Secretaría de la Función Pública.

El exgobernador fue citado obligatoriamente por la Función Pública para atender la audiencia de un proceso legal iniciado en su contra por defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.

En lugar de acudir personalmente al encuentro, el exgobernador prefirió pasar las horas en El Libertario (qué ironía de nombre) y atender a control remoto los mensajes con su  abogado que, evidentemente nervioso, asistió a la audiencia y salió con premura sin emitir un solo dato de su participación, ya fuera propia o en favor de su defendido.

La valentía no es el fuerte de Corral. Le importó menos que nada abandonar a su suerte a su procesado excoordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo, como ejemplo.

Es candidato a senador no porque lo amen los electores; todo lo contrario, la ciudadanía chihuahuense lo rechazó, lo reprobó y hoy lo abomina comprobadamente.

Es candidato y posible senador porque traicionó a su partido, el PAN, y se vendió a las siglas de Morena porque en dicho partido le fue asegurada una posición de representación popular sin necesidad de hacer campaña.

Prefirió Corral el confort de un restaurante para monitorear la audiencia del proceso en su contra antes que asistir de manera personal a enfrentar su situación. Ya conocemos las razones de su evasión.

Después de la comparecencia de su abogado, sin embargo, Javier Corral, volvió a lo suyo para la defensa, a las redes sociales. Desde la Ciudad de México calificó la audiencia como “circo mediático”, olvidando cuando cargaba un diablito con expedientes en la Fiscalía General de la República con los supuestos expedientes X. Luego dirigió la mentada “caravana por la dignidad” también por los mismos motivos.

En aquel tiempo fue el director del “circo mediático” pero hoy rechaza comer las que guisó, con el mismo aceite.

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El sábado por la tarde fue anunciada la captura de Marco Antonio M. M., representante legal de la empresa Amerka, que le vendió, en el año 2020, 41 millones de pesos a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de la capital, en medidores “patito” que resultaron un fiasco.

La detención tuvo su origen en una denuncia

penal presentada por la Auditoría Superior del Estado el primero de septiembre de 2023; posteriormente, la instancia fiscalizadora promovió un proceso de sanción por faltas graves ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (expediente 041/2024-JRA, admitido el 30 de mayo de este año).

Específicamente, la persecución penal fue por falsificar un documento, la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales con fecha 10 de enero de 2020, a nombre del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para ganar la licitación orientada a adquirir e instalar miles de medidores ultrasónicos para la JMAS, instrumentos que prácticamente fueron de desecho.

Es lógico suponer que la licitación estaba arregladísima en la dependencia estatal, no fue el particular por su cuenta el único que quiso pasarse de vivo. Eran los tiempos del descontrol y la corrupción corralista oculta en discursos de falsa honestidad. Pero hay más de fondo, mucho más.

Resulta que la irregularidad fue detectada por la ASE durante la fiscalización a la Cuenta Pública 2021, cuando  fue practicada una auditoría forense a la JMAS, en el marco de las acusaciones públicas contra un exfuncionario de la dependencia, involucrado en el direccionamiento de las licitaciones a cambio de prebendas y en el famoso desvío del fondo de ahorro de los diputados de la última legislatura del desastroso quinquenio de Javier  Corral.

La trama del círculo corralista derivó incluso en el asesinato de Luis René Villarreal, exjefe de Facturación de la JMAS, quien pagó con sangre los pecadillos de desvíos desde el Legislativo hasta cuentas particulares que permitieron connotados becarios albiazules de la administración de Corral Jurado, ahora ilustre morenista.

El 13 de febrero de 2022, El Diario dio cuenta del crimen y la historia del eslabón que terminó siendo eliminado en esa cadena de corrupción que jamás ha sido aclarada en su totalidad.

Traemos a la memoria, y a la versión digital de GPS, la imagen de la portada de dicha fecha, porque describe perfectamente esa realidad en una cabeza: Envuelve asesinato a círculo de corralistas.
Aunque ha prevalecido la impunidad, dado que sólo hay dos autores materiales del asesinato presos, pero ningún autor intelectual o algún otro involucrado, con el caso de Amerka y Marco Antonio M.M vemos que las consecuencias de añejos delitos siguen trayendo consecuencias.

Falta en la trama, desde luego, el expresidente de la JMAS, Roberto “El Pony” Lara; y otro connotado panista de corte nacional.

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Esta clavadísimo Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, con la nueva resolución del Tribunal Estatal Electoral, que reconfirma -por enésima ocasión- que es responsable de violencia política de género, en contra de su compañera de partido -y presidenta del Congreso- Adriana Terrazas.

Con manzanas debió resolver el magistrado Gabriel Sepúlveda Junior el nuevo proyecto de sentencia avalado por los magistrados Roxana García y Hugo Molina, con algún dejo de molestia y fastidio, que deja ver la redacción, en ciertos puntos, donde el Tribunal Electoral Federal -se ve muy evidente- le hace el juego a Cuauhtémoc Estrada, dilatando el asunto.

Pues ahora, con la decisión de los magistrados de Chihuahua, Edin debería ser de inmediato inscrito en los listados de violencia política de género, tomar los cursos de nuevas masculinidades y además grabar en video una disculpa pública a Adriana Terrazas, que le dictó con puntos y comas el Tribunal Estatal Electoral.

Obviamente, como lo ha venido haciendo durante los últimos meses, el legislador morenista no se quedará cruzado de brazos, acudirá al Trife de nuevo en busca de protección, alegando cualquier cosa, pero dudamos que encuentre respaldo.

La sentencia está pulidísima, casi 200 hojas llenas de argumentos, tablas, imágenes, 20 agravios sustentados debidamente como lo ha pedido el tribunal federal.

A cualquier otro hijo de vecino ya lo hubieran colgado de un poste, porque en el caso de Edin hay violencia política de género en sus modalidades psicológicas y económicas, esto último, inclusive con aroma a peculado, porque son 75 mil pesos mensuales los que le están quitando de sus prestaciones para gestión a la diputada Adriana Terrazas, una lana casi un millón de pesos y acumulándose.

¿Y las colectivas?. Bien gracias.

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Para no dejar temas electorales, resulta que los partidos políticos, al menos tres de ellos para no generalizar, echaron llave a sus oficinas.
No hay siquiera un vigilante recibiendo promociones por parte de los tribunales, pese a que tienen mil asuntos pendientes de resolución, como hemos visto.

Pues fue un actuario del Tribunal Estatal Electoral el pasado sábado a notificar una resolución, con relación al expediente JIN-379/2024 y acumulados.

Dicho expediente es importante, porque tiene que ver con la elección de Guadalupe y Calvo, que sabemos, está impugnada para anularse por la intromisión del crimen organizado en las elecciones, ya que delincuentes se apoderaron de varios paquetes electorales.

Pues está ordenado un requerimiento a los partidos México Republicano, Pueblo y Morena, y en ninguno de ellos hubo alguien que siquiera abriera la puerta.

Se quedó sin nudillos el notificador de tanto tocar.

Es cierto que era sábado y antes de las once de la mañana -muy temprano para los señores dirigentes y funcionarios de partido-, pero todas las horas y días son hábiles en proceso electoral, y el correspondiente al 2024 aún no termina, hasta que sean resueltos en definitiva todos los medios de impugnación.