-Lo que sigue es descabezadero de secretarios

-Olvidados proyectos II y III del Bowí

-Pide plazo Yanko para resolver

Por denunciar un abuso sexual cometido por un compañero, una agente de la Policía Estatal terminó castigada. La mandaron al rincón de una bodega en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras el presunto agresor sigue tan campante como si nada, hasta con días de descanso como sanción, pero quizá hasta remunerados.

El caso no es de lo más reciente, ocurrió en mayo. La víctima y el presunto agresor, de quienes omitimos sus nombres porque el asunto sigue en proceso, se encontraban de turno junto con otros compañeros en una de las interminables noches que deben permanecer a bordo de la patrulla en labores de vigilancia, en una zona alejada del municipio de Ocampo.

En uno de los inevitables pestañeos, la afectada padeció la agresión sexual de quien menos se lo esperaba. Lamentable, pues los policías tienen como uno de sus principales valores protegerse entre ellos mismos de los riesgos que enfrentan a diario.

Tras defenderse, reclamarle y escuchar los pretextos del agresor para justificarse, decidió denunciar el 21 de mayo, de acuerdo con uno de los documentos que mostramos en la edición digital de GPS, junto con las imágenes de la “ratonera” a donde terminó siendo enviada.

Para el 25 de junio, poco más de un mes después de los hechos y la denuncia, la agente agredida fue mandada a presentarse, ese mismo día, con el subsecretario de Despliegue Policial, Simeón Esparza, con sus armas de cargo para ser cambiada a otra tarea.

El oficio con la instrucción girada, que también mostramos en versión digital, está signado por Carlos Alejandro Cruz Rangel, el jefe policiaco estatal de la Zona Occidente.

Durante las últimas semanas han trascendido quejas, reclamos de los agentes y detalles del avance de las investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Mujer (FEM) de la FGE, por la injusticia que representó la posible protección del agente agresor y el castigo a la víctima.

Eso pudo haber cambiado un poco la situación a favor de la víctima, la presión que hicieron, pero las agentes mujeres insisten en que en este caso es emblemático de lo que deben padecer a diario en una corporación que si a nivel interno tiene deficiencias en aspectos tan básicos, hacia el exterior no garantiza resultados en las tareas que tiene asignadas.

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Encontramos en transparencia presupuestaria federal el famoso proyecto de la troncal Dos del entonces Vivebús, después Metrobús y finalmente Bowí.

El total del proyecto era por dos mil 916 millones de pesos, dentro del programa presupuestario 09K041 denominado Proyectos de transporte masivos de pasajeros.

El proyecto fue encomendado a nivel federal a la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, en donde supuestamente está vigente.

La última modificación al proyecto es del 2022, aún y cuando las inversiones de que tenemos memoria fueron realizadas a inicios de la administración duartista.

Llama la atención que no vemos por ningún lado inversión federal en dicho proyecto. Hay recursos estatales por más de 500 millones, casi dos mil millones del ámbito privado y más de 300 millones de un fideicomiso.

Pero sabemos que hubo registro en Fonadin, el Fondo Nacional de Infraestructura, y que el proyecto ejecutivo costó cerca de 18 millones de pesos.

Tenemos en imagen el proyecto original donde estaban contempladas las tres rutas troncales, que conectarían a la terminal sur, con la terminal poniente, y norte, generando un circuito total en la ciudad.

Pues de esta obra -las troncales Dos de 18.9 km y Tres de 4.5 km- no hay nada en la actualidad, ha quedado en el olvido, pese a los beneficios que tendría para la movilidad masiva de pasajeros, en busca de descongestionar no sólo esa importante vialidad del periférico de la Juventud, sino el resto de vialidades secundarias e inclusive el centro de la ciudad.

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Es muy probable que sean llamados a sesionar los integrantes de varias asambleas municipales electorales, de las 25 que realizaron su sesión de clausura porque hasta ese momento no había inconformidades con los cómputos.

Por lo pronto, el pasado viernes, el Instituto Estatal Electoral publicó un acuerdo para reintegrar a sus labores a los órganos municipales electorales de Cusihuriachi, San Francisco del Oro, Janos, Coronado, y Matamoros.

Estas asambleas, igual que muchas más, apenas asignaron regidores, y realizaron formalmente la clausura. La instrucción fue así con el fin de no seguir generando gasto para el órgano electoral, en inmuebles, salarios y dietas para los consejeros.

Los paquetes electorales fueron trasladados a la bodega de Chihuahua, y con ello, había que esperar lo que finalmente ocurrió esta semana, que hubo inconformidad de partidos con la forma en que fueron asignados los regidores.

Los magistrados ponentes, en los juicios correspondientes a Matamoros (JIN-413/2024), San Francisco del Oro (JIN-416/2024), Cusihuiriachi (JIN-420/2024), Janos (JIN-423/2024), y Coronado (JIN-429/2024), todos interpuestos el diez de julio pasado.

Pues el magistrado les dio tres días a los organismos desconcentrados municipales para reponer el procedimiento y volver a realizar la distribución de regidurías, con base en los criterios establecidos en cada sentencia.

Como el tiempo es muy violento, el IEE pidió una prorroga al Tribunal, que aún no sabemos en qué quedó. Por lo pronto, deberán sesionar a la brevedad las asambleas municipales, sino es que ya lo hicieron este sábado o domingo, para evitar quedar en la violación del plazo originalmente señalado por el Tribunal.

Hay voces encontradas que critican a Yanko Durán, la presidenta del IEE por el cierre prematuro de las asambleas, antes de que finalizaran los recursos, pero la verdad, es que son órganos costosos, que deberían ser presupuestados para funcionar hasta agosto, cuando finalmente llegan las resoluciones incluso de Sala Guadalajara en muchos de los casos.

Pero, hay decisiones que tienen que ver con pesos y centavos, ahorrando como dijimos en varios rubros, y tentando a los plazos jurisdiccionales, para rescatar de donde anden a los funcionarios municipales, propietarios o suplentes, para atender los requerimientos.


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Ha tardado en salir la Suprema Corte de Justicia con datos concretos que defiendan su labor jurisdiccional, lo cual resulta inexplicable, cuando cuenta con la estadística judicial para hacerlo.

Está por ejemplo la encuesta de servicio 2024, que la da una buena calificación en indicadores, como el trato recibido por el público y litigantes un 89 por ciento de aceptación; conocimientos del servidor público, 87 por ciento; tiempo de realización del trámite, 82 por ciento; información 85 por ciento; calificación general, 87 por ciento.

A nivel, los mejores promedios generales de satisfacción y atención, están en Baja California Sur, con un 95 por ciento y los peores en Tlaxcala con un 77 por ciento. Chihuahua presenta un 89 por ciento de satisfacción.

En el tema de la corrupción, a la pregunta ha recibido alguna insinuación de pagos o favores por parte del personal, el 93 por ciento de los encuestados manifestó que no, y solo el 2.76 por ciento afirmó que sí.

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Lo que sigue con el descabezadero de jueces a nivel nacional, sería la sustitución de secretarios en los juzgados, específicamente aquellos que decidan continuar impartiendo justicia con base en criterios objetivos que no estén acordes con el nuevo pensamiento ideológico.

Esa es la gran preocupación de los trabajadores, los de base y los de contrato -que son muchos-, que, una vez capturados los juzgados, tribunales y Suprema Corte, vendrá una revolución en materia de criterios de valoración de pruebas, argumentos, etc., como quedó de manifiesto en el último foro efectuado en Veracruz el viernes pasado, donde hasta el doctrinario Luigi Ferrajoli salió a relucir.

Hubo ahí una reacción airada de Leonel Godoy y Gerardo Fernández Noroña, junto con el resto de legisladores morenistas, que sin argumentos de fondo -apabullados por la calidad del debate de funcionarios judiciales y especialistas en derecho- se fueron a la yugular de los criterios que imponen por ejemplo el principio de convencionalidad. Fueron cuatro horas de debate subido de tono en momentos.

Este criterio de convencionalidad implica proteger con base en el principio pro-persona, aplicando el derecho más protector, es decir, una jerarquía mayor a los derechos humanos cuando estén en tratados internacionales y no sean garantizados por la Constitución Mexicana.

Quedó en el aire que inclusive podrían reformar de una vez por todas el artículo primero constitucional, para que la carta magna prevalezca por encima de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, retrotrayendo décadas este criterio de interpretación.

Por ello habrá un gran conflicto interno en el Poder Judicial, después de los desastrosos comicios donde sean electos casi mil 700 juzgadores el año que entra, porque muchos de los operadores de justicia que preparan los proyectos para los togados querrán ética y profesionalmente, e inclusive, por apego a la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, apegarse a esos criterios pro-persona.