El día de ayer, la Presidenta electa de México dio a conocer los nombres de otro grupo de personalidades que encabezarán cuatro posiciones de primer orden en su gabinete.
Por su trascendencia y la relevancia que en nuestro estado tiene el desarrollo de los procesos educativos, es importante comentar algunas de las expectativas que los chihuahuenses tienen en este frente desde hace algunos años y, que los futuros senadores por nuestro estado, Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, en distintos foros han presentado como temas a los que habrán de dedicar buena parte de su atención y capacidad de gestión.
A nivel básico destaca el compromiso, ya declarado por Claudia Sheinbaum, de impulsar las escuelas de tiempo completo, el programa “La Escuela es Nuestra”, la beca universal, que ya pronto se extenderá a todas las escuelas secundarias del país, y, especialmente, el fortalecimiento del nuevo modelo educativo, que hemos conocido bajo el nombre la “Nueva Escuela Mexicana” y que tanto impulso recibió de parte del magisterio chihuahuense, durante el proceso de implantación de los nuevos libros de texto gratuito.
A lo que debemos de sumar los pasos que en la construcción del segundo piso la 4T habrá de dar, para culminar con la demolición de la Reforma Educativo de Peña Nieto, que tanto perjuicio causó a profesores y profesoras de todo México.
En este ámbito es muy importante destacar algunos pendientes inaplazables, relacionados con el progreso de la educación superior y que están sujetos a decisiones que las autoridades y las comunidades de las instituciones de educación superior habrán de tomar en los próximos días.
El primer tema, por lo avanzado en que se encuentra, tiene que ver con el deseo que tienen la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua (UPNECH) de reintegrarse institucionalmente a la Universidad Pedagógica Nacional, la cual está a punto de alcanzar su plena autonomía, como resultado de una consulta nacional que comprendió a todas las unidades del país y a las decenas de miles de estudiantes, trabajadores y maestros que conforman sus comunidades académicas en todas las entidades de la República. 
Al respecto, ya existe un dictamen favorable de la Comisión de Educación del Senado de la República, que define la naturaleza de la nueva estructura autónoma de la UPN, y que se someterá al pleno, antes de que la actual legislatura concluya a fines del mes de agosto; y, ante ello, la comunidad de la UPNECH está demandando su desincorporación del Gobierno del estado de Chihuahua, para reintegrarse a lo que sería la UPN federal.
Los argumentos son válidos: desde que la UPENECH está a cargo del gobierno del estado, éste no ha realizado aportaciones financieras que redunden en una mejora de su infraestructura académica. La nómina completa se subsidia con fondos federales, sin que el gobierno del estado ofrezca aportación alguna; a lo que se suma un descuido de los órganos directivos, a cargo del gobierno del estado, que obstaculiza cualquier mejora sustantiva de la calidad de los servicios académicos que la UPENECH ofrece al magisterio y a la sociedad chihuahuense. No hay duda, nuestros representantes populares tienen que sumarse a este reclamo de la comunidad de la UPNECH pues el tiempo apremia.
También estamos a días del relevo rectoral en la UACJ y, como egresado observador de la vida pública, sé que hay mucho que mejorar en su proceso interno de sucesión, regulado por una añeja y obsoleta ley orgánica que sin duda hay que reformar. Su comunidad universitaria y chihuahuense demanda cambios profundos; tanto en la organización como en la gestión académica y administrativa, de esta institución que recién alcanzó el medio siglo y merece una organización, más moderna, incluyente y democrática.
Entre esos cambios urge otorgar representación ante el Consejo Universitario y consejos técnicos a las comunidades de las tres divisiones multidisciplinarias, radicadas en Ciudad Universitaria, Nuevo Casa Grandes y Cuauhtémoc, que a pesar de atender a cerca de nueve mil alumnos no tienen representante con voto efectivo en estos órganos de gobierno.
Debe desaparecer la facultad que tiene la rectoría para administrar el proceso de elección del rector, mediante el diseño a modo de las convocatorias para elegir, tanto a consejeros universitarios como a su máxima autoridad, proceso que no debe fraguarse en el escritorio del rector y sus principales funcionarios. 
Cuanto antes debe promoverse el ajuste de los salarios del rector y sus principales colaboradores, para que en ningún caso tengan ingresos superiores a los de la próxima Presidenta del país. Debe pensarse acorde a los nuevos tiempos y no podemos exigir un mejor financiamiento para esta noble casa de aprendizajes superiores, si buena parte de los recursos se malbaratan en salarios y prestaciones onerosas, que en el caso del rector promedian más de 300 mil pesos mensual
A su vez, un manejo austero y justo de los recursos también deberá alcanzar para mejorar los decaídos salarios del personal administrativo, técnico y de intendencia, cuyo crecimiento durante la administración del actual rector no superaron el 50%, mientras los salarios mínimos se cuadruplicaron. 
Hay mucho que hacer y está el compromiso de la nueva generación de legisladores para influir en la pronta realización de estas expectativas. Ojalá sucedan.