-Llegar confiadas a una cirugía y salir sin vida
-Exhortos inútiles por mejores carreteras 
-ASF candil en la calle y  oscuridad de la casa 

Dentro de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) sigue gestándose una revuelta a causa del abandonado Departamento de Educación Indígena, encargado de cumplir con los objetivos para el desarrollo académico pleno de la niñez de las etnias que existen en la entidad.
Una denuncia de acoso contra el encargado del área en Tomochi, (Guerrero), Fidel López García, es emblemático de la desatención en el departamento, dado que consta de señalamientos muy concretos de hostigamiento y presiones sexuales contra maestras, que incluso eran citadas en el Hotel SNTEnario de la capital del estado, manejado por el sindicato magisterial del subsistema federal, es decir la Sección Octava.
Data el caso desde finales de mayo, justo en la transición que hubo en la Secretaría de Educación, cuando fue enviada a su casa la deliciense Sandra Elena Gutiérrez Fierro y fue nombrado en su lugar al ahora exdirector de Pensiones Civiles del Estado, Hugo Gutiérrez Dávila.
Tal vez en ese cambio se soltaron aún más los controles sobre el sistema federalizado que maneja SEECH y el asunto creció a tal grado que ahora se habla de denuncias penales y por violaciones a los derechos humanos, que ha dejado crecer el jefe de Educación Indígena, Marco Antonio Parra.
Parra González es señalado de fingir que es tarahumara y no hablar la lengua indígena, aunque le gusta vestirse como tal por la mera apropiación cultural (nos mandan sus fotos con la vestimenta para la versión digital de GPS), en especial entre quienes no entienden la diferencia entre mostrar una supuesta admiración por las etnias y la impostura.
Pero, además, pesan sobre el funcionario reclamos de prepotencia en el despacho de los asuntos, negligencia, conflicto de intereses personales para beneficio de sus allegados, acoso laboral, discriminación racial, violencia laboral, abuso de autoridad y exceso en sus facultades en la toma de decisiones unilaterales sin fundamentos, al realizar cambios arbitrario a maestras indígenas de la comisión de la mesa técnica.
Ello, además del encubrimiento del caso más grave a las acciones inmorales del jefe de sector en Tomochi, entre otras arbitrariedades y nepotismo, que han llevado a que crezca la ola de molestia hasta el grado de exigir su remoción, demanda que podría llevar incluso a acciones fuertes de protesta.

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Es llamada de atención lo ocurrido en el Centro Médico Colón, donde una paciente joven falleció por un tratamiento estético invasivo.
Fue la intervención en un quirófano e instalaciones hospitalarias que dejaron mucho qué desear, al grado que debió ser trasladada con urgencia para ser atendida en una verdadera unidad hospitalaria, en intento por salvar su vida.
La operación quirúrgica, para colmo, fue practicada por un profesionista médico-cirujano, pero que carece de la experiencia y el título de la subespecialidad en cirugía estética, y que inclusive –de acuerdo a las mismas redes sociales- está precisamente cursando internado respectivo, por lo que aún sería estudiante.
Se ve que hay poca supervisión oficial, porque ambas fallas son cruciales, cuando se trata de realizar intervenciones quirúrgicas, es decir, la vigilancia en el cumplimiento de estándares normativos para el quirófano, extensivos para el profesional que realiza las intervenciones.
Poca información ha fluido en relación con el caso concreto, con el argumento de que se encuentra bajo investigación, pero es cuando más debería socializarse –cuidando el debido proceso, victimización, presunción de inocencia- en función de que estas cirugías efectuadas bajo procedimientos ya muy explorados, en apariencia, con mínimo riesgo, son precisamente todo lo contrario, un altísimo riesgo para los pacientes que llegan confiados y no salen con vida.

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Tenemos una revisión puntual de la actual legislatura en donde se han realizado múltiples exhortos al gobierno federal para atender las descuidadas carreteras que están bajo su competencia y lucen literalmente destruidas. 
Son no menos de 40 los exhortos, que se refieren no solamente a la solicitud de recursos económicos para el mantenimiento y reparación de esos tramos carreteros, sino que tienen que ver también con la exigencia de garantizar la seguridad por parte de la Guardia Nacional ante los robos, asaltos e incluso homicidios, con decenas de ejecutados dejados a un lado de las vías federales, así como otras acciones preventivas.
Nada menos acaba de enviar la legislatura un nuevo exhorto correspondiente al año 2024, apenas hace 15 días, sobre el cual no se espera gran cosa, a lo más, una respuesta con eufemismos y pateadas de bote, echando el problema hacia delante sin resolver. 
“Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, de forma urgente, realice el mantenimiento adecuado y necesario a los tramos carreteros federales del Estado de Chihuahua”, reza el último exhorto, del 21 de junio pasado.
Este tema –al no ser atendido- ya escaló porque de los mil 500 millones que en algún momento se pensó eran suficientes para realizar la reparación, subimos a cinco mil millones y ahorita andamos en no menos de diez mil millones de pesos los que son necesarios para dar mantenimiento mayor a estos tramos carreteros, porque los hoyos han generado afectación estructural.
Esperemos que este último exhorto realmente caiga en blandito y no sea ignorado como todos los que anteriormente han sido enviados a la Federación.

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Está realizando la Auditoría Superior de la Federación capacitación en materia de compras y obra pública, tratando de involucrar a los servidores públicos de todos los niveles en el más adecuado ejercicio del recurso público federal y así evitar sanciones.
Éstos celos de la Auditoría no se ven reflejados en su actividad de revisión al cumplimiento de todas las normas jurídicas involucradas en los diversos procedimientos que son sujetos de vigilancia por parte de dicho órgano, porque resulta que es candil de la calle oscuridad de la casa. 
Tenemos que la Auditoría federal revisa con lupa a los estados y municipios, particularmente aquellos gobernados por la oposición, contrario a lo que está haciendo en el ámbito centralizado y descentralizado del gobierno federal.
Lo menos que debería esperarse es una tabla rasa en la verificación y ejercicio de la facultad de combate a la corrupción, y no diferentes varas para medir lo que hacen unos y otros niveles de gobierno.
No podría ese órgano tener estas omisiones en la revisión y sanción de actos irregulares cometidos en el ámbito federal si no fuera porque goza de la complicidad de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, donde deberían empezar por poner el ejemplo para que hubiera una real vigilancia.
De las cerca de 70 auditorías que informó la ASF a la Cámara de Diputados, la inmensa mayoría tuvo que ver con gasto federalizado de las entidades y municipios; y el resto, al ejercicio presupuestal realizado por los organismos centralizados y descentralizados de la federación, aún y cuando no exista ningún punto de comparación en montos.
Por eso aquello de candil de la calle.